El Gobierno derogó oficialmente todas las APPA: la decisión cobija a un millón de hectáreas en seis departamentos

El Gobierno del presidente Abelardo de la Espriella concluyó la derogatoria de las Áreas de Protección para la Producción de Alimentos (APPA), una medida que, según un comunicado emitido por el Ministerio de Agricultura, libera cerca de un millón de hectáreas en 59 municipios de seis departamentos y devuelve a las autoridades locales la definición sobre el uso rural del suelo.

“Con las decisiones adoptadas, y los procesos que avanzan en los territorios, el Gobierno restablece la autonomía de las autoridades municipales para orientar el ordenamiento rural, definir sus apuestas productivas y tomar decisiones sobre el uso del suelo, en articulación con sus comunidades y de acuerdo con sus realidades económicas, sociales y agropecuarias”, se lee en la comunicación de la cartera.

La culminación del proceso de derogatoria de las APPA fue anunciada poco después de que la Corte Constitucional indicara, a través de la Sentencia C-364 de 2026, que el Ministerio de Agricultura puede declarar, modificar o eliminar las APPA, pero no sin antes adelantar un proceso efectivo de información, coordinación y concertación con las autoridades territoriales (concejos municipales y distritales, por ejemplo).

“Los municipios deben tener una oportunidad real de influir en las decisiones, sus observaciones deben valorarse de manera efectiva y motivada, y deben considerarse sus planes de ordenamiento territorial (POT) y particularidades locales”, explicó la Fundación para el Estado de Derecho (FEDe. Colombia), en un comunicado en el que hizo aclaraciones sobre la decisión de la Corte.

Autonomía sobre el suelo rural: la base de la decisión del Gobierno

Pese a la sentencia emitida por la Corte Constitucional, el Ministerio de Agricultura anunció la culminación de la derogatoria de las APPA y aseguró que las medidas adoptadas restituyen a las alcaldías y los concejos municipales la capacidad de orientar el ordenamiento rural y decidir sobre el uso del suelo.

El viceministro de Desarrollo Rural, José Leónidas Tobón, informó que el 11 de noviembre terminaron las derogatorias en Tolima (48.000 hectáreas distribuidas en ocho municipios) y Santander (84.000 hectáreas en San Vicente de Chucurí y El Carmen de Chucurí), mientras que el proceso ya había avanzado en La Guajira, la Sabana Centro de Cundinamarca, el suroeste antioqueño y Córdoba.

Los resultados de la revisión técnica de las APPA

De acuerdo con la cartera, se hizo una revisión técnica y jurídica (la cual estuvo a cargo del ministerio y de la Unidad de Planificación Rural Agropecuaria) en la que se detectaron deficiencias en la delimitación de las áreas de protección. Según detalló, entre los hallazgos hay imprecisiones cartográficas y problemas de coordinación con los instrumentos municipales de ordenamiento territorial.

También surgieron cuestionamientos sobre la participación de las comunidades en decisiones que incidían en sus actividades económicas y en el desarrollo regional.

“El Gobierno nacional considera que la protección de la producción de alimentos no puede convertirse en una herramienta de imposición desde el nivel central, ni desconocer las competencias constitucionales de alcaldes y concejos municipales. La planeación del territorio requiere coordinación entre la Nación y las entidades territoriales, reconocimiento de las particularidades locales y decisiones sustentadas en información técnica rigurosa para avanzar en un desarrollo productivo dentro de suelos sin restricciones”, detalló la cartera en la comunicación oficial.

Según el ministerio, la eliminación de las APPA no modifica las disposiciones ambientales vigentes, las categorías de protección del suelo rural ni los instrumentos de ordenamiento territorial que correspondan. El Estado mantiene su responsabilidad constitucional de garantizar el derecho humano a la alimentación.

El ministro de Agricultura, Indalecio Dangond, cuestionó la creación de las APPA y afirmó: “Esta es una medida absurda que había implementado el anterior Gobierno de querer quitarle las funciones a los alcaldes y las entidades locales. Los dejamos nuevamente para que sean ellos los que decidan cómo hacer los Planes de Ordenamiento Territorial, POT, y orienten la producción agrícola y pecuaria de sus municipios”.

El titular del ministerio explicó que la política de desarrollo rural debe evitar enfrentar a la agricultura y la ganadería con otras actividades económicas. El objetivo es, según precisó, identificar las oportunidades de cada región y promover la transformación agroindustrial. De igual manera, aseguró que el Gobierno pretende mejorar las condiciones de rentabilidad para los productores en el país.