Esmeralda Hernández prende las alarmas por proyecto que, según denunció, buscaría favorecer a Santiago Uribe: “Esta ley tiene nombre propio”

La senadora Esmeralda Hernández, del Pacto Histórico, denunció en el Congreso que el proyecto de ley presentado bajo la figura del derecho a la doble conformidad judicial es en realidad una iniciativa hecha a la medida para buscar la impunidad de Santiago Uribe Vélez, hermano del expresidente Álvaro Uribe Vélez.

El procesado cumple una condena de 28 años y 3 meses de prisión por los delitos de homicidio agravado y concierto para delinquir agravado dentro del expediente penal conocido como Los 12 Apóstoles, red de paramilitares que operó en el norte del departamento de Antioquia.

La alerta de la bancada del Pacto Histórico se produjo en la Comisión Primera del Senado durante la discusión de la iniciativa, impulsada por la senadora María Clara Posada, del Centro Democrático, donde radicó una proposición formal para archivar el articulado por considerar que altera de manera indebida la estructura procesal penal del país.

Durante su intervención en el recinto legislativo, la senadora afirmó que la norma reproduce en forma idéntica el caso del familiar del exmandatario: “Compañeros, esta ley, así se quiera decir que no tiene partido las garantías, debemos hablar claro y ser honestos. Esta ley tiene nombre propio”.

La congresista continuó argumentando que “esta ley debería llamarse la ‘Ley Santiago Uribe’ o la ‘Ley de Los 12 Apóstoles’, porque lo que acabamos de escuchar es justamente, y qué casualidad, exactamente el mismo caso y el mismo trámite que surtió el proceso del señor Santiago Uribe”.

Hernández enfatizó en la comisión que el articulado representa un instrumento procesal injustificado, al señalar que “es una ley hecha para garantizarse impunidad y para reabrir ese caso que ya ha sido revisado en absolutamente todas sus instancias”.

¿Un proyecto de ley con efectos retroactivos y un beneficiario señalado?

La congresista agregó ante sus colegas que el propósito central de la medida es evidente para la opinión pública: “El primer benefactor de ese proyecto de ley es Santiago Uribe, y eso hay que decirlo absolutamente claro”.

Para respaldar sus señalamientos, la senadora reconstruyó los pasos del trámite penal, al recordar que en noviembre de 2024 un juez absolvió en primera instancia al procesado, tras lo cual el Tribunal Superior de Antioquia revocó esa sentencia y fijó la pena privativa de la libertad.

Ante ese fallo condenatorio, la legisladora explicó que la defensa radicó un recurso de impugnación especial que la Corte Suprema de Justicia desestimó al confirmar la condena, por lo que rechazó al mismo tiempo la admisión de la demanda de casación.

Con base en esos antecedentes, la congresista cuestionó la modificación técnica que plantea el proyecto, al advertir que “lo que busca justamente es permitir que se independice la impugnación especial del proceso de casación”.

Según advirtió Hernández en su intervención, esta separación procesal distorsiona el sistema judicial ordinario, manifestando que “prácticamente está legalizando una tercera e incluso una cuarta instancia”.

El reproche más fuerte de la congresista se concentró en la aplicación retroactiva de la ley, al señalar que las disposiciones no fueron redactadas para nuevos juicios, sino para modificar sentencias judiciales que ya hicieron tránsito a cosa juzgada.

Sobre este punto, la senadora explicó que “lo peor de todo, y lo que da más vergüenza, es que lo hacen con efectos retroactivos. Es decir, no es para procesos que vienen en adelante, sino que lo dejan claro en la ley, y es que esto tiene retroactividad”.

Esmeralda Hernández cuestionó en el Senado el alcance del proyecto

Esmeralda Hernández citó de forma textual el contenido del borrador sometido a consideración: “‘Las personas que han sido condenadas y a quienes se les haya negado el recurso de casación tendrán 60 días, 2 meses, para interponer la demanda de casación’. Es decir, es calcado, es copiado el proceso del señor Santiago Uribe”.

La legisladora planteó además que el Congreso debe exigir explicaciones directas sobre la conformación de grupos armados ilegales en el norte antioqueño durante los años 90: “Lo que deberíamos hacer es pedirle al señor Álvaro Uribe Vélez que le cuente al país si efectivamente él sabía que su hermano fue el fundador de Los 12 Apóstoles”.

La senadora cuestionó la falta de equilibrio en los derechos procesales, afirmando que “se reabren los términos procesales solamente para el acusado, pero no se reabren los términos procesales ni para la Defensoría Pública ni para las víctimas”.

En el aspecto formal, Hernández argumentó que el texto no puede discutirse como ley ordinaria, sino estatutaria, pues reforma competencias jurisprudenciales fijadas por la Corte Constitucional, concluyendo que “por eso el Pacto Histórico solicita el archivo de este proyecto”.

A través de sus redes sociales, la legisladora reiteró la alerta a la ciudadanía al señalar que “aquí lo que quieren es crearle una tercera instancia con retroactividad para abrir el proceso y ver si logran que lo absuelvan en esa instancia”, ratificando que votará en contra de la iniciativa en los siguientes debates.