La Organización Nacional de los Pueblos Indígenas de la Amazonía Colombiana (Opiac) cuestionó la decisión del Gobierno nacional de revocar la Resolución 0961 de 2026, que declaraba el bioma amazónico como reserva definitiva de los recursos naturales renovables y del ambiente. La organización aseguró que la medida desconoce los acuerdos alcanzados mediante consulta previa con los pueblos indígenas y advirtió sobre sus posibles consecuencias para la protección de los territorios ancestrales.
A través de un comunicado divulgado el 9 de noviembre, la organización manifestó su rechazo a la decisión adoptada por el Ministerio de Ambiente, encabezado por Fabio Arjona Hincapié. Según explicó, la resolución revocada establecía garantías para proteger más de 48 millones de hectáreas del bioma amazónico colombiano frente a la entrada de nuevas actividades de minería a gran escala y explotación de hidrocarburos.
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La Opiac sostuvo que la derogatoria representa un retroceso en las medidas administrativas destinadas a conservar la Amazonía y proteger a las comunidades indígenas que habitan este territorio. También señaló que la decisión afecta la integridad ecológica de la región y pone en discusión las garantías relacionadas con la permanencia física, cultural y espiritual de los pueblos originarios.
En el documento, la organización recordó que la Amazonía cumple funciones ambientales relacionadas con la regulación climática, la conservación de la biodiversidad y el mantenimiento del ciclo hídrico. Asimismo, mencionó su importancia en la producción de oxígeno y la absorción de gases de efecto invernadero.
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La organización advirtió que la eliminación de las restricciones establecidas en la Resolución 0961 de 2026 puede facilitar la entrada de nuevas actividades extractivas en territorios que considera fundamentales para la conservación ambiental y la supervivencia de los pueblos indígenas.
La consulta previa, uno de los principales argumentos de la Opiac
Uno de los puntos centrales del pronunciamiento está relacionado con el procedimiento de consulta previa que, según la organización indígena, se realizó para la expedición de la Resolución 0961 de 2026. La Opiac indicó que la norma fue resultado de un proceso de Consulta Previa, Libre e Informada (CPLI) con los pueblos indígenas del bioma amazónico, durante el cual se protocolizaron acuerdos y se adquirieron compromisos para su implementación.
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En ese sentido, cuestionó que el Ministerio de Ambiente hubiera revocado la disposición sin adelantar un nuevo proceso de consulta con las autoridades indígenas directamente afectadas por la decisión. “Su derogatoria transgrede un derecho fundamental y vulnera flagrantemente un proceso colectivo y participativo, cuyos acuerdos no son responsabilidad exclusiva del gobierno de turno, sino una obligación ineludible de toda la institucionalidad del Estado”, señalaron los púeblos indígenas.
El comunicado también cuestionó el argumento del Gobierno relacionado con la falta de culminación de la consulta previa con las comunidades negras y afrodescendientes. Para la Opiac, esa situación no puede convertirse en una justificación para desconocer los acuerdos alcanzados con los pueblos indígenas.
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La organización manifestó que los compromisos protocolizados no corresponden exclusivamente a una administración gubernamental, sino que constituyen obligaciones que deben ser atendidas por las diferentes instituciones del Estado. Además, sostuvo que la decisión ministerial habría desconocido principios como el debido proceso, la buena fe y las garantías constitucionales de participación de las autoridades indígenas.
“La ordenación del bioma amazónico no puede someterse a imposiciones unilaterales que desconozcan la autonomía territorial ni que pretendan omitir las garantías constitucionales irrenunciables de consulta previa y de consentimiento”, señaló la organización.
La resolución 0961 había sido firmada el 4 de agosto de 2026 y comprendía aproximadamente 483.283,55 kilómetros cuadrados, equivalentes al 42,3% del territorio continental colombiano. Su alcance incluía zonas de Amazonas, Caquetá, Putumayo, Guaviare, Guainía, Vaupés, Meta, Vichada, Cauca y Nariño.
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Las exigencias de los pueblos indígenas al Gobierno nacional
En el pronunciamiento, la Opiac presentó cuatro exigencias dirigidas al Gobierno nacional para restablecer las garantías de protección ambiental y asegurar la participación de las autoridades indígenas en las decisiones relacionadas con sus territorios.
La primera consiste en restaurar de manera inmediata la protección normativa e integral del bioma amazónico frente a nuevas actividades extractivas de minería a gran escala y explotación de petróleo y gas. Como segundo punto, solicitó cumplir los acuerdos protocolizados durante la sesión 008 de 2026 de la Mesa Regional Amazónica (MRA), realizada entre el 19 y el 20 de julio de ese año, en el marco de la consulta previa relacionada con la resolución.
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La tercera exigencia está dirigida a garantizar la aplicación del Decreto Ley 1275 de 2024, mediante el reconocimiento de las competencias ambientales de las autoridades indígenas y su articulación con el Sistema Nacional Ambiental (SINA). Finalmente, pidió al Gobierno mantener coherencia entre sus compromisos internacionales en materia de biodiversidad y cambio climático y las decisiones administrativas que adopte para la conservación de la Amazonía colombiana.
La organización también convocó a gobiernos aliados, organismos multilaterales, comunidad científica, instituciones académicas y organizaciones defensoras de derechos humanos a respaldar la gobernanza ambiental de los pueblos indígenas amazónicos.
La posición del Ministerio de Ambiente frente a la revocatoria
La decisión del Ministerio de Ambiente se produjo a finales de octubre de 2026. La cartera explicó que la resolución 0961 fue expedida sin culminar la consulta previa con las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras que podrían resultar directamente afectadas.
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El ministro Fabio Arjona sostuvo que la disposición anterior no garantizaba por sí sola la protección efectiva del bioma. “La Resolución 0961 no garantizaba, por sí sola, la protección efectiva del bioma amazónico. Por el contrario, generaba incertidumbre económica y territorial sin ofrecer alternativas concretas a quienes habitan la región y son, precisamente, los principales aliados de la conservación”, afirmó el funcionario.
El ministerio también precisó que la revocatoria no significa eliminar todas las medidas de protección ambiental existentes en la Amazonía. Según la entidad, continúan vigentes la Reserva Forestal establecida mediante la Ley 2.ª de 1959, las declaratorias de Parques Nacionales Naturales, la Ley de Delitos Ambientales y las decisiones de la Corte Suprema de Justicia que reconocen a la Amazonía como sujeto de derechos.
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Arjona agregó que la deforestación, la minería ilegal, el acaparamiento de tierras y las economías criminales requieren presencia institucional, control territorial, seguridad y alternativas productivas sostenibles para las comunidades. La cartera ambiental señaló que podrá adelantar nuevas actuaciones administrativas para proteger el bioma una vez se cumpla la consulta previa y se realicen las valoraciones técnicas, ambientales y jurídicas correspondientes.
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