La Cancillería de Colombia puso bajo revisión 19 contratos por más de $100.000 millones suscritos desde enero de 2026, luego de que la Secretaría General identificara posibles irregularidades.
La verificación abarcó 809 contratos y mostró que 322 fueron firmados en apenas dos días, según la información divulgada por el Ministerio de Relaciones Exteriores.
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La Cancillería remitió los casos a la Contraloría General de la República, que deberá adelantar las comprobaciones que correspondan. La comunicación oficial no precisó cuáles son los contratos revisados ni detalló el tipo de anomalías advertidas.
“Siguen saliendo a la luz los contratos innecesarios y las corbatas del Gobierno Petro en la Cancillería. Se detectaron posibles irregularidades en contratos por más de $100.000 millones, mientras el país enfrenta un enorme hueco fiscal”, señaló.
La revisión se concentró en la contratación de enero
De acuerdo con los datos suministrados, la revisión se concentró en la contratación realizada durante enero de 2026. El volumen de firmas registrado en ese período y la concentración de 322 contratos en dos días llevaron a la Cancillería a examinar la justificación de los recursos comprometidos.
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En su publicación, la Cancillería afirmó: “Siguen saliendo a la luz los contratos innecesarios y las corbatas del Gobierno Petro en la Cancillería”. El mensaje vinculó esos señalamientos con el déficit fiscal del país.
La Cancillería pidió reducir los contratos de prestación de servicios
La Cancillería propuso una Ley de Rescate responsable para reducir en 50% el gasto en contratos de prestación de servicios. Según el texto oficial, la medida contribuiría a cerrar el “hueco fiscal” al que hizo referencia la entidad.
La declaración se conoció mientras el Gobierno plantea un plan de austeridad y cuestiona el gasto de funcionamiento estatal. La Cancillería sostuvo que el ajuste debe comenzar en el Estado y reclamó una reducción de recursos destinados a contrataciones que considera innecesarias.
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La actuación de la Contraloría definirá si las observaciones formuladas por la Cancillería derivan en hallazgos fiscales, disciplinarios u otras decisiones dentro de sus competencias. La Cancillería ha informado que trasladó los 19 contratos para su verificación.
Otras denuncias
La Cancillería de Colombia, dirigida por Omar Bula, revisó 811 contratos firmados durante la administración de Gustavo Petro. El análisis detectó coincidencias, diferencias de valor y otras situaciones atípicas en documentos suscritos antes de la entrada en vigor de la Ley de Garantías.
La entidad trasladó 19 expedientes a la Contraloría General de la República. Esos procesos sumaban cerca de $100.164.000.000, una cifra que correspondía al valor total de los contratos observados y que, según la Cancillería, no demostraba por sí sola un detrimento patrimonial.
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Las actuaciones permanecían en una fase preliminar. Los involucrados podían presentar explicaciones y ejercer su derecho de defensa durante las verificaciones de los organismos competentes.
De los 811 contratos examinados, 551 contenían actividades repetidas o muy parecidas. A su vez, 367 tenían objetos contractuales idénticos, aunque fueron pactados por montos diferentes.
El reporte del Ministerio de Relaciones Exteriores informó que las diferencias de precio llegaron a ser de hasta cuatro veces en contratos con el mismo objeto. Entre los casos que requerían verificación figuraban uno por $2.839.000.000, con plazo de ejecución de dos días, y otro por $0, cuya vigencia terminaba en 2028.
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El caso integró las auditorías ordenadas por el Gobierno de Abelardo de la Espriella sobre procesos e informes de la administración anterior. El presidente anunció el 29 de agosto de 2026 revisiones forenses para identificar inconsistencias, faltantes, riesgos y posibles hechos de corrupción.
La distribución de las firmas fue otro de los puntos revisados. La Cancillería estableció que 227 contratos se suscribieron el 30 de enero de 2026, por $21.137.000.000. Esa cifra equivalía al 28,1% de la contratación anual y correspondía al día previo a las restricciones electorales.
Además, 101 contratos fueron suscritos durante fines de semana. El informe indicó que el 53,4% de la contratación anual quedó concentrado en las semanas previas a la vigencia de la Ley de Garantías.
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La Cancillería indicó que continuaría con la revisión documental y remitiría los expedientes sustentados a la Procuraduría, la Contraloría o la Fiscalía.
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