
En la madrugada del miércoles 28 de octubre de 2026, se realizó en Bogotá la Operación Bosur-Kratos, un operativo coordinado entre la Policía Metropolitana, la Fiscalía General de la Nación, la Décima Tercera Brigada del Ejército, la Secretaría Distrital de Seguridad y la Alcaldía, con acompañamiento del Gobierno nacional, en cabeza del presidente Abelardo de la Espriella.
De acuerdo con el balance oficial, las acciones dejaron un total de 172 capturados tras intervenciones simultáneas contra 10 organizaciones criminales que operaban en más de 10 localidades de la capital colombiana. Del total, 104 personas fueron detenidas por orden judicial y 68 en flagrancia.
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Así mismo, se registraron 114 allanamientos, en los que fueron incautados varios objetos que serán entregados a la Fiscalía, entre ellos armas y estupefacientes hallados en los procedimientos.

La operación afectó estructuras vinculadas con extorsión, homicidio, secuestro, tráfico de drogas y hurtos; entre ellas, Los Ingenieros, una facción de Los Satanás, Vipor y un brazo de El Mesa.
Tras el operativo se conocieron reacciones de distintos sectores. Una de ellas fue la del alcalde mayor de Bogotá, Carlos Fernando Galán, quien exaltó la labor de la fuerza pública y destacó la coordinación entre la Policía, la Fiscalía, el Ejército y las autoridades distritales para ejecutar las intervenciones simultáneas.
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“Esto surge por la intención del presidente (Abelardo de la Espriella) de hacer unos esfuerzos con los bloques operativos de seguridad urbana que él ha creado, y él nos pidió coordinar a la Alcaldía con la Policía Nacional para trabajar en identificar unas bandas que han operado en Bogotá y que debíamos priorizar para afectarles y lograr sacarlas eventualmente de esa actividad criminal”, declaró el mandatario local en diálogo con La FM.

Posteriormente, el alcalde indicó que la prioridad inmediata será la legalización de las capturas y el avance de las imputaciones. Consideró que el trabajo previo de la Fiscalía, con identificación de integrantes, roles y elementos probatorios, eleva las posibilidades de que las detenciones se sostengan ante los jueces.
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“Hay una identificación del rol que cumple cada uno de los miembros de la banda dentro de la operación criminal. Entonces, yo creo que eso nos permite decir que, seguramente, la mayoría de estas capturas será legalizada y podremos avanzar ya en siguiente proceso de judicialización”, agregó a la cadena radial.
Nuevos operativos
En ese sentido, el mandatario afirmó que el operativo no cerrará la ofensiva institucional. Galán, en declaraciones a Blu Radio, enfatizó la necesidad de que se repitan este tipo de operativos en otros sectores de la ciudad.
“Esta operación que se hizo no es la última, solamente es la primera de muchas (...) las operaciones vienen y el mes entrante el presidente anunció que haremos otro consejo de seguridad para revisar el impacto que tuvieron estas operaciones y la nueva que vamos a hacer”, señaló.
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Entre las operaciones que el alcalde destacó, se contemplan intervenciones contra redes dedicadas al fleteo, al hurto de viviendas y al robo de vehículos, cuya ejecución dependerá de que se completen los elementos requeridos para solicitar nuevas órdenes judiciales.

La estrategia incluye recuperar sectores del centro de Bogotá
Carlos Fernando Galán planteó en La FM una segunda línea de acción que, en sus palabras, será estudiada por el Gobierno nacional: intervenciones integrales en áreas con problemas de seguridad y convivencia.
Mencionó la recuperación del espacio público, el manejo de residuos y medidas para restablecer el orden en puntos estratégicos del centro de Bogotá, donde citó como antecedente las acciones en el parque Santander.
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“Eso lo hablamos con el presidente, nos pidió hacer un esfuerzo particular que ya estamos trabajando desde hace varias semanas en el centro (...) eso es gradual y lo vamos a seguir haciendo y es parte del esfuerzo de garantizar la seguridad, un orden en el espacio público”, comentó.
Del mismo modo, el alcalde bogotano añadió que la ciudad trabaja con el Gobierno nacional en herramientas para compensar el déficit de personal policial. Habló de adquirir drones para ampliar la capacidad de vigilancia de las estaciones y de una hoja de ruta para fortalecer la infraestructura.
“Cuando usted tiene drones y puede desplegarlos en localidades de Bogotá, o más drones de los que tenemos hoy, puede garantizar que el dron hace un trabajo previo, digámoslo así, que permite que despleguemos la fuerza policial necesaria y no perdamos muchas veces esfuerzo policial. Entonces, ese tema tecnológico lo estamos trabajando”, indicó a Blu Radio.
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El Ejército en Bogotá
En materia de orden público futuro, Galán descartó sustituir a la Policía con patrullajes militares urbanos, enfatizando que el rol del Ejército se concentrará en blindar corredores estratégicos como Sumapaz y Usme, con el objetivo de impedir que estructuras criminales ingresen a la capital. También aludió al Plan Ezequiel, mediante el cual las Fuerzas Militares participan en la protección de la ciudad.
“Lo que pedimos es apoyo, y se ha dado y se ha venido dando y se va a mantener, y seguramente fortalecer en varias zonas, pero en un rol de apoyo, repito, y no en un rol de reemplazo de la Policía Metropolitana”, sostuvo a La FM.
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Consultado por la posibilidad de que algunos detenidos recuperen la libertad, el alcalde capitalino señaló que las investigaciones extensas buscan justamente reducir ese riesgo. Propuso fortalecer las medidas de aseguramiento para capturados con antecedentes y elementos que acrediten peligrosidad, además de revisar los procedimientos de judicialización para que un policía que detiene a una persona en flagrancia no permanezca hasta seis horas en una Unidad de Reacción Inmediata.

“Tenemos que fortalecer, por ejemplo, todo lo relativo a los procedimientos cuando hay la captura, para garantizar que un policía que captura a un delincuente en flagrancia no pase seis horas en la URI esperando la judicialización y dejando solo el espacio que le corresponde”, aseguró.
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Por último, Carlos Fernando Galán espera que ninguno de los 104 detenidos por orden judicial quede libre, porque las autoridades ya habrían identificado su función dentro de las organizaciones y reunido pruebas sobre los hechos investigados.
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