La Unidad Nacional de Protección (UNP) deberá pagar más de $2.400 millones por los perjuicios derivados de la devolución tardía de vehículos que había arrendado para garantizar esquemas de seguridad. Así lo resolvió el Consejo de Estado, que declaró el incumplimiento contractual de la entidad.
El conflicto surgió tras la terminación de un contrato de arrendamiento de automotores. El contratista pidió la restitución de los bienes, pero la UNP solicitó mantenerlos de manera temporal para asegurar la continuidad de las medidas de protección asignadas a sus beneficiarios.
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Las partes acordaron entonces un cronograma de entrega progresiva y el reconocimiento económico correspondiente al tiempo adicional de uso. Pese a ese entendimiento, varios vehículos continuaron en poder de la entidad durante meses y no fueron devueltos dentro de los términos previstos.
El alto tribunal concluyó que el origen de los daños estaba en la falta de restitución de los automotores al concluir el vínculo contractual. La decisión citó el artículo 2005 del Código Civil, que establece la obligación de devolver el bien arrendado una vez finaliza el contrato.
La corporación descartó que el reclamo pudiera resolverse mediante una acción de reparación directa por enriquecimiento sin causa. En su lugar, consideró que el asunto debía examinarse bajo las reglas de las controversias contractuales, sin cambiar el fundamento de la demanda.
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El acuerdo de devolución gradual no se cumplió
El Consejo de Estado determinó que la UNP incumplió tanto el deber de devolver los vehículos como el cronograma escalonado que había sido pactado con el arrendador. Esa conducta generó la obligación de indemnizar los perjuicios demostrados dentro del proceso.
La sentencia no reconoció intereses moratorios. La decisión señaló que el dictamen pericial no aportó elementos específicos que permitieran acreditar esas afectaciones.
Además de la indemnización, la UNP deberá asumir las costas del proceso, debido a que resultó vencida en su totalidad.
Abelardo de la Espriella ordenó retirar esquemas de la UNP sin justificación técnica
El presidente Abelardo de la Espriella ordenó revisar los esquemas asignados por la Unidad Nacional de Protección (UNP) para retirar aquellos que carezcan de una justificación técnica. La directriz, anunciada el 15 de octubre de 2026, incluye seguimiento a las decisiones de la entidad y busca concentrar los recursos en personas con riesgos acreditados.
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El mandatario afirmó que mantiene contacto diario con el director de la UNP para verificar la aplicación de la medida. Durante un evento, cuestionó que se asignen protecciones a partir de denuncias divulgadas en redes sociales sin elementos que permitan confirmar una amenaza.
“Cualquier peludo monta un video y dice que lo amenazaron, y entonces el Estado tiene que salir corriendo a prestarle protección, pero esa payasada se acabó”, declaró el jefe de Estado.
De la Espriella sostuvo que la revisión no tendrá consideraciones partidistas. “Cuando se trata de proteger a los colombianos, no hay ideología ni partido. Es una obligación del Estado”, manifestó. También vinculó el ajuste con la situación fiscal y afirmó que el gasto debe responder a necesidades comprobadas.
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La UNP reportó dificultades en el relevo de vehículos
El director de la UNP, Didier Blanco, afirmó en un debate de la Cámara de Representantes que la entidad retiró los esquemas de los exministros Armando Benedetti y Antonio Sanguino, además de otros exfuncionarios y personas cercanas al gobierno del expresidente Gustavo Petro, tras una evaluación iniciada a finales de agosto.
Blanco señaló que algunos antiguos beneficiarios no devolvieron los vehículos asignados, lo que afectó la reorganización de la protección para nuevos solicitantes. “Algunos exministros y exfuncionarios se llevaron los vehículos, no los han entregado”, afirmó.
El funcionario explicó que los excongresistas que perdieron su curul pueden pedir medidas por circunstancias personales, aunque deben iniciar un trámite diferente ante la UNP. Mientras se analiza esa solicitud, dejan de pertenecer a la población protegida por su condición parlamentaria.
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“Mientras inician ese nuevo trámite, ellos se quedan sin su esquema”, indicó Blanco. Añadió que algunos solicitantes buscan evitar periodos sin protección, circunstancia que, según dijo, ha demorado el relevo de los recursos.
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