El representante a la Cámara Juan Pablo Rojas Suárez, del Nuevo Liberalismo, radicó esta semana el proyecto de ley ‘Salud Sin Espera’, una iniciativa que obligaría a las entidades del sistema de salud a gestionar por cuenta propia las autorizaciones de tratamientos y medicamentos una vez el médico emita la orden correspondiente, sin que el paciente deba intervenir en ese proceso administrativo.
Más de 312.500 tutelas en salud se presentaron en 2025, un 17,92 % más que el año anterior
La propuesta llega en un contexto de creciente presión sobre el sistema. Según la Defensoría del Pueblo, en 2025 se radicaron más de 312.500 tutelas relacionadas con acceso a medicamentos, garantía de procedimientos y disponibilidad de tecnologías en salud, lo que representa un aumento del 17,92% frente a 2024.
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Para Rojas Suárez, esas cifras evidencian que la carga administrativa del sistema recae hoy sobre los usuarios.
“Una vez el paciente cuente con la orden de un profesional, no tenga que invertir tiempo en trámites administrativos para que sus tratamientos o medicamentos sean aprobados, sino que sean las entidades del sistema de salud las encargadas de las autorizaciones y los trámites necesarios”, señaló el congresista en la presentación de la iniciativa.
El proyecto establece plazos de 24 a 48 horas y silencio administrativo positivo
En el articulado se fijan plazos máximos de respuesta diferenciados según el riesgo clínico: entre 24 y 48 horas para los casos de mayor urgencia, y hasta cinco días hábiles para los de menor complejidad.
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Un punto central del texto es la figura del silencio administrativo positivo: si la entidad de salud no responde dentro del término establecido, la autorización se considerará aprobada de manera automática.
El proyecto también contempla la creación de una ventanilla única a través de la cual los usuarios podrían consultar en tiempo real el estado de su orden médica, con el fin de centralizar la información y reducir la dispersión de gestiones.
La propuesta inicia ahora su trámite legislativo en el Congreso de la República, donde deberá surtir los debates reglamentarios y podrá recibir aportes de distintos sectores, incluidos los gremios de la salud, las EPS y las organizaciones de pacientes.
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El plan de choque de la salud
El Gobierno nacional puso en marcha un plan de choque en salud para destrabar la entrega de medicamentos y procedimientos represados a más de un millón de colombianos. La ministra de Salud, Ana María Vesga, explicó el alcance de la medida en un mensaje publicado en sus redes sociales y en una entrevista con el diario El Tiempo.
Según la funcionaria, las autoridades identificaron a 1.069.196 personas con requerimientos médicos pendientes: más de 700.000 corresponden a medicamentos no entregados y cerca de 300.000 a procedimientos sin financiación, concentrados en su mayoría en afiliados a EPS intervenidas.
“El plan de choque no es la única solución, es una de varias medidas de estabilización para recuperar el cuidado de toda la población”, afirmó Vesga en X.
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Para la fase inicial, el Gobierno destinó un presupuesto de $500.000 millones a través de la Adres. La ministra detalló a El Tiempo: “La primera tarea fue identificar la población más crítica con atenciones pendientes (...) Todas las EPS reportaron sus pendientes en esas patologías y tienen el compromiso de cubrir esas atenciones en los próximos tres meses”.
El mecanismo contempla préstamos extraordinarios a las EPS con cargo a la subcuenta de garantías de la Adres, respaldados en la Ley 1753 de 2015 y el Decreto 780 de 2016. La entidad girará directamente a los prestadores por servicios facturados hasta el 20 de septiembre, y las aseguradoras tendrán un año para reembolsar con tasa IPC+0.
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“No son cheques en blanco, son recursos para oxigenar y dar liquidez, pero atados a resultados”, enfatizó la ministra, quien advirtió que si las EPS no pagan, se descontará del giro futuro de la UPC.
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