Abogado de Gustavo Petro y María José Pizarro calificó como “montaje” señalamientos de Deicy Jiménez sobre entrega de contratos a cambio de favores sexuales: “Todos tienen justificación”

La Corte Suprema de Justicia citó a Deicy Jiménez a declarar el jueves 29 de octubre de 2026 por las denuncias sobre una presunta entrega de contratos a mujeres a cambio de favores sexuales que involucran a Gustavo Petro y a la senadora María José Pizarro. La diligencia revisará, entre otros elementos, el vínculo laboral de la testigo con la Unidad de Trabajo Legislativo (UTL) de Pizarro.

La Fiscalía General de la Nación también abrió una investigación por denuncias sobre 48 mujeres que habrían recibido contratos sin requisitos definidos ni condiciones establecidas. El caso surgió de señalamientos de Carlos Ríos, director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre).

Las acusaciones cobraron relevancia tras una entrevista de Jiménez concedida a Semana. La publicación informó que los acuerdos habrían sido otorgados sin precisar los requisitos ni los términos de contratación.

Sobre la citación por parte del alto tribunal, Alejandro Carranza habló en rueda de prensa sobre las acusaciones. En primer lugar, confirmó que ejecutaría la representación legal tanto del expresidente Petro como la de María José Pizarro. En su criterio, las declaraciones se tratan de un montaje contra sus defendidos.

“Vengo en representación de ambos (...) No jamás eso es un montaje”, dijo el togado con relación a las denuncias de Jiménez.

A renglón seguido indicó : “Vamos a hacer el ejercicio defensivo aquí en la sala de instrucción, pero los invito a que me esperen a la salida porque necesito darles unos anuncios muy importantes para todo el país relacionados precisamente con este tema. Por ahora, voy ya sobre el tiempo a entrar. Vamos a defender la inocencia del expresidente Petro. Vamos a mostrar la equivocación profunda o el montaje, más bien, que se está orquestando. Y bueno, es lo que les puedo decir”.

Sobre la entrega de contratos, el litigante no negó la existencia de los vínculos de la denunciante con el Estado colombiano. Sin embargo, sostuvo que la contratación tiene justificación. “Todos tienen justificación, pero la justificación no es la que le están exigiendo”.

Abogado de Deicy Jiménez se refirió al testimonio de la ex trabajadora sexual contra Gustavo Petro

Andrés Felipe Caballero, abogado de la denunciante, sostuvo que el testimonio tendrá valor probatorio dentro de la actuación judicial y que su clienta aportará elementos adicionales.

La declaración será recibida por la Sala de Instrucción y, según el defensor, no dependerá de registros audiovisuales o documentos para ser considerada. Caballero afirmó en rueda de prensa que los hechos denunciados habrían ocurrido en espacios privados y sin testigos.

“El testimonio es una prueba que debe ser valorado como tal”, expresó el penalista, al referirse al régimen de libertad probatoria vigente en Colombia. Añadió que el análisis debe considerar la condición de mujer de Jiménez y aplicar un enfoque diferencial.

Caballero aseguró que su representada cuenta con otros elementos para respaldar sus denuncias, aunque evitó precisar cuáles serán antes de la diligencia. Consideró que corresponde a la Corte Suprema de Justicia conocerlos y definir su alcance dentro del proceso.

“¿Deicy Jiménez tiene cómo aportar otros elementos de prueba? Claro que sí”, afirmó el togado. También indicó que anticipar información sobre una posible relación entre contratos y los hechos expuestos podría interferir en la actuación judicial y vulnerar su deber de confidencialidad profesional.

El defensor señaló que el expediente se tramitaría bajo las normas de la Ley 600, circunstancia que, según explicó, da relevancia procesal a la primera declaración de Jiménez ante el alto tribunal. A diferencia de otros procedimientos, sostuvo, la prueba no tendría que esperar hasta la etapa de juicio para incorporarse al proceso.

“Por la permanencia de la prueba, lo que ella diga en la corte será tomado como tal y permanecerá así”, dijo Caballero. El letrado insistió en que las denuncias sobre situaciones ocurridas “a puerta cerrada” no pueden ser descartadas por la falta de pruebas que, por la naturaleza de los hechos, resultarían imposibles de obtener.