El representante legal de Bull Ingeniería SAS., Carlos Alfonso Betancourth López, negó que la empresa hubiera participado en una supuesta triangulación irregular de $63.000 millones que una solicitud presentada ante la Oficina de Control de Activos Extranjeros de Estados Unidos (Ofac) relaciona con Ricardo Roa, ex presidente de Ecopetrol y exgerente de la campaña Petro Presidente 2022-2026.
“Por problemas financieros, desde hace muchos años no tengo mis productos financieros, están embargados”, afirmó Betancourth al rechazar los señalamientos. El empresario sostuvo que esa situación impide que las cuentas de la compañía hayan servido para movilizar dinero a favor de Roa.
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La petición fue presentada por el abogado Sergio Alzate, vinculado a la organización Misión Colombia Transparente, y plantea que autoridades estadounidenses evalúen movimientos financieros que, según el documento, podrían involucrar a Roa, a otras personas naturales y a tres compañías.
Betancourth aseguró que desconoce el contenido de la solicitud y negó que Bull Ingeniería hubiera participado en operaciones financieras destinadas a favorecer a Roa. “No conozco esa solicitud a la Ofac en la que se me menciona”, afirmó al ser consultado por El Tiempo.
El empresario también dijo que no tiene relación con el exdirectivo de Ecopetrol ni con las demás compañías incluidas en el documento. “Al señor Ricardo Roa no lo conozco y tampoco a esas otras empresas que se mencionan y tampoco aporté o participé en la campaña Petro”.
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La respuesta de Betancourth se conoció después de que volviera a circular el oficio enviado a la Ofac, fechado en junio, que pide verificar posibles operaciones a través de cuentas bancarias en Colombia y en el exterior. El documento adquirió nueva visibilidad luego de que distintos sectores lo asociaran con la decisión del gobierno de Donald Trump de retirar el visado a Roa y a personas de su entorno.
No obstante, las autoridades de Estados Unidos no se han pronunciado públicamente sobre la solicitud ni han informado si existe una investigación abierta a partir de ese requerimiento. Tampoco hay una decisión de la Ofac que relacione formalmente a Roa, a Betancourth o a Bull Ingeniería con sanciones financieras.
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La solicitud menciona a ocho personas y tres empresas
El escrito presentado por Misión Colombia Transparente ante la Oficina de Control de Activos Extranjeros (Ofac) menciona a ocho personas y tres empresas, entre ellas Ricardo Roa, su pareja Julián Caicedo Cano y Bull Ingeniería SAS. La solicitud pide revisar posibles operaciones internacionales vinculadas con intermediarios, beneficiarios finales, administradores o presuntos testaferros, así como eventuales maniobras de lavado de activos, ocultamiento patrimonial y uso de terceros.
Bull Ingeniería, constituida en Bogotá en 2001 y actualmente en liquidación, negó cualquier vínculo con Roa. Su representante, Betancourth, afirmó que las cuentas de la compañía están embargadas desde hace años y cuestionó que pudieran haberse utilizado para transferir recursos: “no tengo mis productos financieros, están embargados”.
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La defensa penal de Roa también puso en duda las cifras de un supuesto informe de la Unidad de Información y Análisis Financiero (Uiaf), que habría servido como base para la petición. El abogado Juan David León sostuvo que los montos estaban “totalmente desfasados” y señaló que solicitaron corregir la información.
El documento ante la Ofac constituye una solicitud de indagación y no una imputación judicial ni una sanción estadounidense. Roa continúa vinculado en Colombia a investigaciones por presunto tráfico de influencias y por posibles irregularidades en la financiación de la campaña presidencial de Gustavo Petro.
El caso permanece en una etapa preliminar, marcada por acusaciones que todavía no fueron corroboradas por autoridades competentes. Mientras la organización solicitante pide revisar posibles movimientos financieros, el representante de Bull Ingeniería y la defensa de Ricardo Roa cuestionan los señalamientos y la información utilizada como respaldo. Hasta el momento, no existe una decisión oficial de Estados Unidos que establezca responsabilidades o imponga sanciones relacionadas con los involucrados.
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