Salario mínimo de 2027: el cambio regional que Corficolombiana propone discutir para millones de trabajadores

A pocos días de que comience formalmente la concertación sobre el aumento del salario mínimo de 2027, Corficolombiana propuso un aumento del 8% y planteó abrir la discusión sobre un esquema diferenciado por regiones, basado en productividad, costo de vida y condiciones locales de empleo. La recomendación técnica busca aportar al debate, pero no constituye una decisión oficial ni una fórmula territorial aprobada.

La corporación financiera y holding de inversión del Grupo Aval, propiedad de la familia Sarmiento Angulo, propuso revisar si un salario mínimo diferenciado permitiría ajustar la remuneración a la actividad económica, la estructura productiva y las características del empleo de cada zona. El objetivo declarado es acercar la regla salarial a las realidades locales y favorecer la generación de empleo formal.

Por ahora, Corficolombiana no definió qué ciudades, departamentos o zonas rurales tendrían valores distintos ni presentó una tabla de salarios o una metodología para calcularlos. La propuesta tampoco supone una reducción aprobada de ingresos ni implica que Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla apliquen de inmediato montos diferentes.

Antecedentes y retos de un salario regional

El país mantiene un salario mínimo nacional unificado desde 1983, por lo que la discusión abre la posibilidad de revisar un modelo vigente desde hace más de cuatro décadas. Cualquier cambio tendría que pasar por la concertación entre el Gobierno nacional, los trabajadores y los gremios empresariales, además de las revisiones jurídicas y técnicas necesarias.

Colombia ya aplicó salarios mínimos diferenciados en décadas anteriores. En los años 60 existieron valores por departamentos y zonas rurales; en 1972 se establecieron distinciones por sectores económicos y tamaño de las empresas. La unificación nacional llegó en 1983. Una eventual vuelta a criterios territoriales requeriría definir con precisión las regiones incluidas, las condiciones para aplicar cada valor y los mecanismos para garantizar la protección de los derechos laborales.

También sería necesario evaluar cómo evitar que las diferencias entre territorios amplíen las brechas entre los trabajadores. Sin una fórmula de cálculo, delimitaciones regionales ni reglas de implementación, la propuesta permanece en la etapa de discusión económica.

El debate de 2027 no se limitará al porcentaje de aumento: también pondrá en cuestión si una regla nacional única sigue siendo la mejor respuesta para mercados laborales con realidades distintas. Corficolombiana plantea que esa revisión podría incorporar la formalización del empleo como uno de sus objetivos.

Costos laborales y presión en precios y tarifas

Corficolombiana considera que un incremento muy alejado de la inflación y la productividad elevaría los costos laborales y reforzaría presiones de indexación (mecanismo mediante el cual diversos precios, tarifas, deudas, arriendos o topes legales se ajustan de manera automática tomando como referencia el porcentaje en que aumenta el salario mínimo o la inflación). Según su análisis, ese escenario dificultaría que la inflación retome la meta fijada por el Banco de la República.

Insiste en que, ante mayores presiones inflacionarias, el banco central podría mantener altas las tasas de interés (12,25% actual) o aumentarlas. Esa respuesta, de acuerdo con la compañía, encarecería el crédito y limitaría la inversión y el consumo.

Para el mercado laboral, Corficolombiana relaciona los aumentos superiores a su regla técnica con mayores dificultades para la contratación formal, sobre todo entre trabajadores de menor productividad. También advierte que el Estado enfrentaría una presión adicional sobre el gasto asociado a pensiones y remuneraciones públicas, con efectos potenciales sobre el déficit fiscal.

La propuesta territorial se inscribe en esa preocupación por la relación entre los costos de contratación y las condiciones económicas de cada lugar. Para la entidad, un esquema que considere productividad, actividad económica y costo de vida podría permitir una discusión más ajustada a las diferencias del mercado laboral colombiano.

El aumento que propone Corficolombiana

El cálculo técnico de la entidad parte de una inflación proyectada de 6,8% para el cierre de 2026 y de un crecimiento de 1,2% en la Productividad Total de los Factores. Con esas variables, Corficolombiana estima que el incremento apropiado para el salario mínimo de 2027 sería del 8%. Al respecto, el director ejecutivo de Investigaciones Económicas de Corficolombiana, César Pabón, sostuvo que la fijación del salario debe evitar desajustes en la economía. “El ajuste debe responder a criterios técnicos que permitan proteger el poder adquisitivo de los trabajadores sin generar desequilibrios macroeconómicos”, afirmó.

Precisó la base de la proyección: “Con una inflación proyectada de 6,8% para el cierre de 2026 y un crecimiento de la productividad total de los factores de 1,2%, estimamos que el incremento técnicamente deseable para 2027 sería de 8%”.

Sin embargo, la negociación reúne puntos de partida muy distantes. Una referencia para el debate indica que el ajuste partiría de una inflación de 7% —expectativa de cierre del año en curso— más el resultado de la productividad laboral, mientras sectores de trabajadores reclaman un alza de 38,5%. Las diferencias entre las aspiraciones sindicales y los análisis empresariales anticipan una negociación compleja antes de la fecha límite, que vence el último día del año. El Gobierno pidió que la discusión se sostenga sobre bases técnicas, aunque el resultado final dependerá de la concertación o, si no hay acuerdo, de una decisión del Gobierno.

Si el incremento del 8% se aplicara al salario básico vigente de $1.750.905, el aumento mensual sería de cerca de $140.072 y el salario mínimo llegaría a unos $1.890.977, sin incluir el auxilio de transporte. Esas cifras son un ejercicio matemático condicionado a la aplicación de la recomendación de Corficolombiana y no anticipan el monto que finalmente regirá desde el 1 de enero de 2027.

Equilibrio del poder adquisitivo

El próximo ajuste del salario mínimo en Colombia deberá equilibrar la protección del poder adquisitivo con los efectos que un aumento puede tener sobre el empleo formal, los precios y las cuentas públicas, según Carolina Henao, docente investigadora de la Escuela de Negocios de la Fundación Universitaria Konrad Lorenz. La especialista sostuvo que la decisión debería considerar la inflación registrada durante el año anterior, la meta del Banco de la República, el crecimiento del producto interno bruto (PIB) y la productividad laboral.

Estos indicadores, afirmó, permiten determinar un incremento acorde con las condiciones de la economía.

Sobr la creación de un salario mínimo departamental, advirtió que podría ampliar las brechas salariales entre las regiones. “Eso debe ser con un diseño muy cuidadoso”, afirmó. Señaló que una medida de este tipo podría incentivar el traslado de trabajadores hacia los territorios con remuneraciones más altas. “Eso podría motivar la migración de una región a otra”, sostuvo, debido a que las personas tendrían más incentivos para residir en zonas donde el salario mínimo fuera superior.

Henao también cuestionó que el departamento sea la unidad adecuada para definir ese ingreso. Según explicó, un territorio con baja productividad y menores salarios no siempre tiene un costo de vida reducido, en especial cuando se trata de zonas aisladas.

“Podría ser que son zonas aisladas donde el costo del transporte, alimentos y servicios es mucho más alto”, indicó. Para la investigadora, esa situación puede generar una diferencia entre el nivel salarial fijado y los gastos reales que enfrentan los habitantes de cada región. Además, la docente alertó sobre los controles para aplicar la reglamentación en compañías con presencia en más de un departamento. “¿Cómo se haría para poder hacer una vigilancia estricta de eso?”, planteó. A su juicio, “tiene muchas complicaciones fijar un salario mínimo departamental”.