Presupuesto General de la Nación del 2027 estaría a punto de caerse y tendría que ser implementado por decreto de Abelardo de la Espriella: estas son las razones

El Presupuesto General de la Nación (PGN) para 2027 enfrenta un riesgo jurídico después de que el Senado y la Cámara de Representantes aprobaron, al parecer, versiones distintas del artículo 65 sin que se surtiera una conciliación posterior; lo que a juicio de expertos dejaría sin piso jurídico la proposición discutida en los órganos legislativos.

La controversia no pone en discusión el monto global de $ 634,9 billones, que ya había sido aprobado en primer debate de las comisiones económicas del Congreso, sino la validez del procedimiento legislativo que permitió su aprobación en plenarias, pues habría, por lo visto, un error de procedimiento que tumbaría el articulado avalado.

El punto clave está centrado en una proposición incorporada en la Cámara que no figura entre las aprobadas por la plenaria del Senado. En consecuencia, cuando ambas corporaciones adoptan textos diferentes, el Congreso debe unificar el contenido a través de una comisión de conciliación para que sea enviado a sanción presidencial.

De no cumplirse ese paso, como habría sucedido, la norma queda expuesta a una demanda ante la Corte Constitucional por un posible vicio de procedimiento. El debate legal pasa por establecer si la irregularidad afecta toda la ley de presupuesto o únicamente el artículo en el que surgió la diferencia entre una corporación y otra.

¿Qué sucedió con el trámite en el Senado y la Cámara del Presupuesto General de la Nación?

El secretario general del Senado, Diego González, dejó constancia a través de un comunicado de que el artículo 65 fue aprobado sin modificaciones en esa corporación. En la misiva, emitida en la noche del martes 20 de octubre, afirmó que durante el trámite en plenaria “el artículo 65 fue aprobado sin proposiciones”.

A su vez, González señaló que ordenó a la Sección de Relatoría remitir el enlace con la totalidad de las proposiciones aprobadas en el Senado y sostuvo que allí no aparece ninguna relacionada con esa disposición. “En dicho enlace no figura proposición alguna aprobada respecto del artículo 65”, remarcó el secretario de la corporación.

Por su parte, el representante a la Cámara John Édgar Pérez, de Cambio Radical, indicó a Blu Radio cómo se llevó a cabo la discusión del referido artículo, que hoy genera discordia y podría hundir el Presupuesto General de la Nación. En primer lugar, explicó que el debate fue de forma simultánea, lo que dio poco margen a la discusión y aprobación.

Esto, como lo explicó el periodista Daniel Coronell, corresponde a una estrategia espejo en el Senado y la Cámara de Representantes para lograr la aprobación dentro del plazo legal. La Cámara respaldaría el texto proveniente del Senado, con una votación artículo por artículo que buscaba evitar eventuales demandas por vicios de trámite.

“La Cámara dio un receso y el Senado pudo adelantar de manera más rápida en la aprobación. Esto nos iba a permitir haciendo un paralelo con los artículos aprobados y las diferentes modificaciones que se hacen. Teníamos un listado de los artículos cambiados en Senado y ese (el 65) era uno de los que tenía proposición avalada”, dijo.

Según el congresista, se estableció un orden para analizar ajustes aprobados y negados en ambas corporaciones. No obstante, al recibir el paquete de proposiciones avaladas de manos del personal técnico del Ministerio de Hacienda, se habría advertido de una modificación que llevaba la firma del titular de la cartera, Miguel Gómez Martínez.

“Ahí estuvo todo el tiempo sentado el ministro con sus técnicos y de manera reiterada preguntamos cuáles eran las proposiciones avaladas y a mí me entregan un paquete que tiene la firma del ministro y dice: aval”, expresó. Es decir, fue una proposición hecha en Senado, que finalmente no se aprobó, la que sí se habría sido votado en la Cámara.

Coronell, en Caracol Radio, agregó que todo se dio tras una proposición del senador del Centro Democrático Juan Fernando Caicedo, que buscaba modificar el artículo 65 del proyecto. Aunque contaba con los votos necesarios, al final optó por retirarla y dejar constancia de su contenido; novedad que no se detectó en la Cámara en su trámite.

En ese orden de ideas, la diferencia activa la exigencia de conciliación prevista para los proyectos que salen de Senado y Cámara con redacciones distintas. Sin un texto común aprobado por ambas plenarias, el trámite puede ser objeto de cuestionamientos ante la Corte Constitucional, a menos de que se determine no sancionar el proyecto.

Cabe destacar que fueron la senadora Esmeralda Hernández, del Pacto Histórico, y la exdefensora del pueblo de Bogotá, Lina García, las que señalaron estas aparentes irregularidades que llevarían a que el presupuesto que había sido aprobado en el legislativo finalmente no entre en vigencia, si se demuestra el vicio en su discusión.

La discusión se concentra en si el error afecta toda la ley

Una de las interpretaciones sostiene que la falta de conciliación podría comprometer la ley de presupuesto en su conjunto. Bajo esa tesis, si el proyecto no concluyó de forma válida en el Congreso, el Gobierno tendría que expedir el presupuesto por decreto con base en el texto aprobado en primer debate por las comisiones económicas conjuntas.

Ese escenario dejaría por fuera las modificaciones introducidas durante las plenarias. Entre ellas figuran recursos adicionales que, según los cálculos expuestos durante el debate, incluían cerca de $3 billones para salud, $700.000 millones para el funcionamiento de universidades públicas y $3 billones para subsidios de energía y gas.

También quedarían sujetos a revisión los recursos previstos para infraestructura vial, justicia, trabajo y pago de pensiones. El impacto, por tanto, no recaería sobre la existencia misma de un presupuesto nacional, sino sobre la distribución final de varias partidas incorporadas después del primer debate en las comisiones económicas.

Senadora del Centro Democrático plantea que el vicio puede limitarse al artículo 65 y no tumbaría el presupuesto

Sobre este asunto, la senadora del Centro Democrático María Clara Posada cuestionó que la discrepancia implique automáticamente la caída total del Presupuesto General de la Nación. A su juicio, las decisiones A-705 de 2024 y C-448 de 2024 sobre el Plan Nacional de Desarrollo (PND) permite prever una salida limitada al punto en disputa.

“La diferencia en el art. 65 del Presupuesto no vicia todo el proyecto, sino solo la parte que tuvo diferencias y, en todo caso, puede ser subsanable”, expresó Posada, que agregó que, en el caso del Plan Nacional de Desarrollo, la Corte ordenó corregir el trámite y volver a votar los artículos que tuvieron discrepancias entre las cámaras, sin afectar el resto.

Así pues, la senadora afirmó que en esta oportunidad hubo una diferencia en uno de los 98 artículos. “La Corte tendrá la última palabra, pero con base en lo ocurrido con el PND de Petro seguramente declarará la constitucionalidad de los 97 artículos que no tuvieron discrepancias”, señaló la congresista, que hace parte del partido de Gobierno.

Ejecutivo tendría dos caminos ante una eventual demanda al Presupuesto General de la Nación

Con este escenario jurídico complejo, la primera alternativa que tendría el presidente Abelardo de la Espriella sería sancionar la ley sin el apartado añadido por la Cámara en el artículo 65 y dejar que la Corte Constitucional defina si esa decisión corrige el problema. Posada considera que esa fórmula permitiría preservar el resto del articulado.

Por su parte, la segunda opción consistiría en expedir un decreto presupuestal para iniciar la vigencia de 2027, con base en lo aprobado en primer debate, y convocar después a sesiones extraordinarias del Congreso. En ese escenario, el Ejecutivo podría presentar un proyecto de adición o traslado presupuestal para reincorporar las partidas excludas del texto base.

Con todo y ello, el alcance del vicio dependerá de la revisión judicial, si la ley es demandada. La decisión definirá si el problema se limita al artículo 65 o si compromete el trámite completo del Presupuesto de 2027, que tiene un ajuste de $60 billones en su monto en relación con la propuesta que, en su momento, presentó el Gobierno Petro.