Gustavo Petro señaló que el Presupuesto General de la Nación 2027 no puede ser expedido como ley por vicio en un artículo: “Tiene un inmenso mico”

La senadora del Pacto Histórico Esmeralda Hernández advirtió que el Presupuesto General de la Nación (PGN) 2027 quedó en riesgo por una diferencia entre las versiones aprobadas por el Senado y la Cámara de Representantes. La controversia se concentra en el artículo 65, que no fue sometido a la conciliación obligatoria antes del plazo legal.

El trámite debía completarse antes de la medianoche del 20 de octubre de 2026, fecha límite para expedir la Ley de Presupuesto. Hernández sostiene que, al no unificarse los textos, el proyecto no puede convertirse en ley porque quedó pendiente una etapa del procedimiento constitucional.

La discrepancia se originó en una modificación propuesta por el senador Juan Fernando Caicedo, del Centro Democrático, para permitir estructuras de cobertura de riesgos vinculadas con operaciones del Ministerio de Hacienda. Caicedo retiró la solicitud durante la plenaria del Senado, mientras que la Cámara aprobó después una versión que todavía incluía esos parágrafos.

Según el reglamento del Congreso y la Constitución Política de 1991, cuando ambas cámaras aprueban textos distintos deben conformarse comisiones de conciliación. El texto unificado debe regresar a las plenarias para su aprobación definitiva, pero la diferencia apareció después de la votación y no hubo tiempo para conciliarlo, someterlo a consideración de las cámaras y enviarlo a sanción presidencial.

Con una visión similar, el expresidente de la República Gustavo Petro dijo en sus redes sociales que el proyecto de ley tiene irregularidades en la distribución de recursos, en especial, en el apartado del sector salud.

“El presupuesto general no puede ser expedido como ley, no tiene el mismo texto lo aprobado por senado que en cámara. Tiene un inmenso mico: aprueba 5 billones para pagar cuantas de las EPS que son empresas privadas (sic)”, escribió en su cuenta de X.

El exjefe de Estado también cuestionó la manera en la que el Gobierno nacional quiere afrontar la crisis financiera de varias de las Entidades Prestadoras de Salud (EPS). Según Petro, el Ejecutivo solo debería responder por las aseguradoras que tengan inversión estatal.

“El gobierno solo puede pagar sus responsabilidades en deudas de EPS públicas nacionales o mixtas. Solo existe una: la Nueva EPS cuya mitad accionaria pertenece al gobierno nacional (sic)”.

Y agregó: “Congresistas del Pacto Histórico encontraron el gran error de forma del presupuesto que se hunde. El congreso nunca debió aprobar un presupuesto que mientras recorta transferencias a las regiones para salud y educacion, gasta 5 billones en pagars las deudas privadas a las EPS (sic)”.

Secretario del Senado confirmó que artículo 65 del PGN de 2027 se aprobó con diferencias entre Senado y Cámara

Frente a las denuncias de Gustavo Petro y varios congresistas del Pacto Histórico, Diego González, secretario general del Senado, en una carta dejó constancia de que el artículo 65 del proyecto de presupuesto para 2027 fue aprobado en la plenaria sin proposiciones, mientras que una modificación habría sido incorporada después en la Cámara de Representantes. La discrepancia entre los textos aprobados por ambas corporaciones desató la controversia sobre el trámite legislativo.

González informó que dio la orden a la Sección de Relatoría de publicar el enlace oficial con todas las proposiciones aprobadas por el Senado. Según precisó, ese registro no incluye ninguna modificación relacionada con el artículo 65, aunque recibió información de que la Cámara habría aprobado una durante el trámite.

“Durante la discusión y aprobación del proyecto en la Plenaria del Senado de la República, el artículo 65 fue aprobado sin proposiciones”, puntualiza el documento.

En su defensa, la Secretaría General sostuvo que en el enlace oficial con todas las proposiciones aprobadas por la plenaria no aparece ninguna relacionada con ese artículo. La entidad indicó que el registro continúa disponible para consulta pública, pese a que desde la bancada del Pacto Histórico insiste en la nulidad del proyecto aprobado.