El Ministerio de Educación Nacional, encabezado por la ministra Myriam Hoyos Castañeda, solicitó una auditoría forense al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (Fomag), luego de identificar 59 hallazgos relacionados con el modelo de atención en salud de los docentes.
La funcionaria abordó el tema durante un debate de control político en la Comisión Séptima del Senado. Allí afirmó que el esquema de salud del magisterio presenta fallas que, de acuerdo con el Gobierno, han afectado los derechos de los maestros.
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“A más recursos, menos servicios”, sostuvo la alta funcionaria, en cuanto a las sumas destinadas al sistema y la atención que reciben los afiliados. Incluso, puntualizó un patrimonio negativo de $3,1 billones.

Durante su intervención, la ministra indicó que existen 43 otrosíes en los contratos, asociados a prórrogas y modificaciones. Además, señaló que el Ministerio prepara un informe sobre la situación del Fomag.
La jefa de la cartera educatuva cuestionó el modelo administrado a través de un contrato de fiducia. Según explicó, “esa figura está encargada de gestionar recursos, pero la fiducia no está encargada de prestar ni el servicio de salud, ni tampoco hacerse cargo de las prestaciones relativas a pensiones y cesantías”.
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“Y tal se ha desnaturalizado que el modelo anterior al adoptado en el año 2024 ya tenía sus falencias, pero de alguna forma, digamos que funcionaba con las limitaciones que se dan en Colombia en relación con el servicio de salud”, dijo.
La ministra aseguró que el esquema anterior al modelo implementado en 2024 tenía deficiencias, aunque funcionaba dentro de las limitaciones del sistema de salud en Colombia. “Estamos ante una vulneración de los derechos de los maestros”, afirmó.

Hoyos Castañeda anunció un nuevo Consejo Directivo del Fomag para el 30 de octubre de 2026, en aras de “responder a la situación recibida con decisiones que permitan sacar adelante el Fondo y proteger efectivamente la salud y los derechos de los maestros”.
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Desde el Ministerio de Educación también se informó que, además de la auditoría forense, la institución acudió a la Fiscalía General de la Nación y eventualmente adelantará gestiones con los ministerios de Hacienda y Salud, así como con la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación (Fecode).

La cartera señaló que busca una salida concertada que permita garantizar una atención “digna y oportuna” para los docentes afiliados al fondo.
La ministra Hoyos Castañeda y los viceministros Álvaro Cifuentes y Octavio Ibarra se reunieron también con funcionarios de la Secretaría de Educación de Bogotá. En ese encuentro trataron asuntos relacionados con proyectos universitarios, el estado del sector educativo y la infraestructura escolar en el Distrito.
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Las cifras del déficit
La senadora Claudia Margarita Zuleta también estuvo en el debate de control político, luego de indagar y percatarse del déficit presupuestal de $3 billones, tras el giro de $ 1,1 billones de los recursos pensionales para cubrir necesidades del sistema de salud que se realizaron en la administración anterior.
La congresista señaló que sus conclusiones provienen del análisis de más de 100 derechos de petición respondidos por los ministerios de Educación, Hacienda, Salud y Trabajo, además de la Fiduprevisora, la Superintendencia Nacional de Salud y la Vicepresidencia del Fomag.
Según Zuleta, el modelo de salud que entró en vigencia en mayo de 2024 no resolvió los problemas de atención y elevó los costos administrativos y asistenciales del sistema.
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De acuerdo con los datos expuestos por la senadora, el costo mensual por afiliado pasó de $32.033 en 2024 a $43.878 en 2025, un aumento nominal cercano al 37%. Para los primeros meses de 2026, la cifra reportada se ubicó en $36.089.
La congresista también indicó que la Unidad de Pago por Capitación del Magisterio es 62% superior a la de otros afiliados del sistema general de salud y que llega a cerca de $ 7 millones por persona.
Zuleta afirmó que más del 30% de los municipios cuenta con un solo prestador para los docentes, situación que, según advirtió, limita la posibilidad de elegir médico o institución de atención.
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La senadora sostuvo que el cambio en el modelo llevó a la Fiduprevisora a suscribir unos 2.500 convenios con instituciones prestadoras y proveedores. También advirtió que el 89% de la contratación se hace por eventos asistenciales y de medicamentos.
Según la información difundida, las cuentas por pagar del Fomag llegaron a $2,3 billones y aumentaron 154% entre 2024 y junio de 2026. Los gastos administrativos, añadió, pasaron de más de $ 187 mil millones en 2024 a $ 435 mil millones en 2025.
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