JEP recuperaría millonario monto por caída del Presupuesto General de la Nación: senador Enrique Gómez explicó qué fue lo que pasó

La suerte que correría el Presupuesto General de la Nación, que se caería por aparentes vicios de trámite, entregaría un alivio a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), que salvaría un importante monto en caso de que el articulado aprobado por las plenarias del Senado y la Cámara de Representantes no entre en vigencia, como se prevé pasará.

El tribunal transicional, que había sufrido un ‘tijeretazo’ de $181.402 millones de cara a la vigencia del 2027, lograría evitar, al menos, que $11.402 millones de esa reducción aprobada se ejecute. Lo anterior, debido a que las modificaciones hechas por las corporaciones no entrarían en vigencia, y el presupuesto se expediría por decreto.

El ajuste que se revertiría corresponde a una proposición aprobada durante el debate en plenarias, que buscaba trasladar recursos de inversión de la JEP al Ministerio de Defensa para el pago de indemnizaciones a familiares de integrantes de la fuerza pública, víctimas de las extintas Farc. Y que fue hecha por la bancada del Centro Democrático.

El recorte de $ 170.000 millones se mantendría en el decreto

La medida, sin embargo, no eliminaría el recorte principal que ya había aprobado el Congreso en primer debate. En esa etapa, las comisiones económicas conjuntas avalaron una reducción de $ 170.000 millones para la jurisdicción especial, en una iniciativa promovida por el senador de Salvación Nacional, Enrique Gómez Martínez.

El posible decreto presupuestal retomaría el texto aprobado en primer debate, ante la diferencia que surgió entre las versiones avaladas por las plenarias de Senado y Cámara en el artículo 65, enfocado en operaciones de cobertura para mitigar riesgos fiscales, sin que hubiera una conciliación antes del vencimiento del plazo constitucional.

De confirmarse que el trámite legislativo aprobó una ley que tuvo inconsistencias en su trámite, el Ejecutivo tendría que adoptar por decreto el proyecto aprobado en las comisiones económicas, que además de dejar en firme el recorte al tribunal, no incluye importantes adiciones a sectores como salud, educación y energía, entre otros.

Cabe destacar que esos $170.000 millones afectan a dos rubros: $140.000 millones de inversión y $ 30.000 millones de funcionamiento. De acuerdo con la propuesta presentada durante el primer debate, una parte de esos recursos tendría como destino la rama judicial, en pro de que se adelante una descongestión del sistema.

“Ojo, amigos, no se dejen engañar de la izquierda. El presupuesto no se cae, ni lo tumbaron, se adopta por decreto el texto aprobado en sesión conjunta por las comisiones económicas del Congreso”, expresó el senador Gómez, que agregó que el eventual decreto acogería las proposiciones inicialmente hechas y aprobadas.

“Era 181.000 millones si quedaba el proyecto aprobado anoche en Cámara y Senado. Como no fue así, se mantiene lo aprobado inicialmente en primer debate, que son 170.000 millones”, agregó Gómez, que logró su objetivo de que se redujera el presupuesto de la jurisdicción especial, que será en la vigencia del 2207 de $721.803 millones.

Falta de conciliación abrió el escenario del presupuesto por decreto

La controversia se originó porque Senado y Cámara habrían aprobado versiones distintas del artículo 65 del proyecto, sin activar una comisión de conciliación para unificar el texto antes de la medianoche del 20 de octubre, que es el plazo legal fijado para este trámite y que, de esta forma, lo aprobado gozara de plena validez.

En medio de esta polémica, la Secretaría General del Senado reconoció que en esa corporación la disposición se aprobó sin proposiciones, mientras que en la Cámara se habría incluido una modificación. Aunque el debate busca determinar el alcance del vicio, desde el oficialismo lo dan por perdido, por lo que esperan el mecanismo del Gobierno.

Con este escenario, el Ejecutivo expediría el presupuesto con base en el texto aprobado en primer debate, que incluye el recorte de $ 170.000 millones y excluye el ajuste adicional de $ 11.402 millones. Y que en total tiene un monto de $634,9 billones, $60 billones más de la propuesta que dejó radicada el Gobierno de Gustavo Petro.