Everth Hawkins, exgobernador de San Andrés, fue dejado en libertad por un juez: la Fiscalía apeló la decisión

Un juez de San Andrés ordenó el miércoles 21 de octubre de 2026 la libertad del exgobernador Everth Hawkins Sjorgreen, investigado por los delitos de extorsión agravada y secuestro extorsivo contra dos contratistas de la Gobernación del archipiélago. La Fiscalía General de la Nación apeló la decisión de inmediato.

El Juzgado 1 Penal Municipal Mixto con Función de Control de Garantías determinó que Hawkins quedará vinculado formalmente a la investigación, pero sin medida privativa de la libertad. El exmandatario no podrá salir de Barranquilla —ciudad donde fue capturado el pasado 19 de octubre— y deberá comparecer a todas las audiencias programadas en el marco del proceso.

Además, el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) quedó a cargo de su vigilancia hasta las etapas finales del juicio.

La determinación judicial se produjo después de que la Procuraduría General de la Nación manifestara su rechazo a la petición de la Fiscalía de imponer una medida de aseguramiento intramural contra Hawkins. La delegada del Ministerio Público, Natalia Catalina Orozco, argumentó durante la diligencia que los elementos materiales probatorios presentados hasta el momento no resultan suficientes para establecer una inferencia razonable de responsabilidad del exgobernador en los hechos investigados.

Orozco enfatizó además que la investigación no ha logrado determinar de manera plena la existencia de un vínculo directo entre Hawkins y los presuntos autores materiales de las intimidaciones contra los contratistas. Por ese motivo, instó al despacho judicial a profundizar en las verificaciones correspondientes antes de adoptar decisiones que restrinjan la libertad del investigado.

El caso: extorsión a contratistas y el secuestro de una sobrina

La Fiscalía sostiene que Hawkins se concertó con integrantes de la organización criminal conocida como Las Salsas Mexicanas para exigir a dos contratistas de la Gobernación de San Andrés el pago de 3.000 millones de pesos. A cambio, el exgobernador les permitiría continuar con sus actividades comerciales en la isla y no atentarían contra su integridad ni la de sus familiares.

El delegado contra la Criminalidad Organizada de la Fiscalía, Raúl Humberto González Flechas, confirmó la captura el lunes 19 de octubre tras una orden judicial solicitada por un fiscal del Grupo de Acción Unificada por la Libertad Personal (Gaula). “Los elementos materiales probatorios indican que tendría vínculos con un grupo delincuencial denominado Las Salsas Mexicanas, dedicado a extorsionar a algunos comerciantes de la isla”, señaló el funcionario en un comunicado de la institución.

Entre las pruebas presentadas en las audiencias preliminares, la fiscal María Claudia Díaz Paternina expuso el testimonio de la sobrina de uno de los contratistas, quien permaneció retenida durante cerca de dos horas dentro de una camioneta, en medio de dos hombres armados.

Según su relato, esa ubicación le permitió observar la pantalla del teléfono que utilizaba el conductor del vehículo mientras sostenía una videollamada. “Yo estaba en el medio, retenida por una persona armada de cada lado, lo cual me dejó con la suficiente visibilidad para ver con quién hablaba la persona que conducía”, declaró ante la policía judicial.

La testigo afirmó haber escuchado en varias ocasiones un apellido similar a “Hawkins” pronunciado por el conductor, y aseguró que logró asociar esa voz con el hombre que apareció en la videollamada.

“Él fue quien le dio todas las instrucciones para que le cobraran ese dinero a mi tío. Yo escuché que eran tres mil millones de pesos”, manifestó, según consta en la entrevista leída durante la audiencia. La joven indicó además que podría reconocer tanto al exgobernador como al conductor de la camioneta mediante fotografías u otro mecanismo de identificación, aunque aclaró que no conserva elementos materiales adicionales sobre el episodio, salvo los registros de las llamadas realizadas a su tío ese mismo día.

Con base en ese material probatorio, la Fiscalía imputó a Hawkins los delitos de extorsión agravada y secuestro extorsivo; no obstante, el exgobernador no aceptó los cargos en la audiencia respectiva.

Antecedentes judiciales del exmandatario

Hawkins gobernó San Andrés, Providencia y Santa Catalina entre 2020 y 2023, tras su elección por el Movimiento Amplio por el Progreso del Archipiélago. No es la primera vez que enfrenta procesos judiciales: en septiembre de 2020, aún en el cargo, el Tribunal Superior de Bogotá le impuso detención domiciliaria por un contrato de publicidad de cerca de 500 millones de pesos suscrito durante la pandemia de covid-19. Recuperó la libertad en abril de 2021, después de que su defensa presentara un informe de la Contraloría que descartó la existencia de peculado.

Actualmente, el isleño enfrenta además un proceso penal por los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación en favor de tercero, cuyo escrito de acusación fue radicado por la Fiscalía el pasado 15 de octubre.

La apelación presentada por la Fiscalía deberá ser resuelta por un juez de segunda instancia, que determinará si confirma la libertad de Hawkins o revoca la decisión para imponer una medida de aseguramiento intramural. Mientras tanto, el exgobernador permanecerá bajo las restricciones impuestas por el Juzgado 1 Penal Municipal Mixto de San Andrés.