Carol Borda, representante a la Cámara del partido Movimiento de Salvación Nacional, informó que radicó dos proposiciones al proyecto de ley de sometimiento para eliminar beneficios penales a estructuras armadas o criminales en las que haya un menor de edad, una persona secuestrada o redes de explotación sexual infantil.
La congresista difundió en redes sociales los textos de las iniciativas, vinculadas al proyecto de ley 433 de 2026 Cámara y 296 de 2026 Senado, también conocido como Ley de Sometimiento. La iniciativa busca modificar y prorrogar disposiciones de la Ley 418 de 1997 sobre orden público e intervención territorial.
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La pérdida de beneficios alcanzaría a toda la estructura o bloque
Según el soporte documental que compartió la congresista en sus redes sociales, la primera iniciativa modifica el numeral cuarto del artículo 66A, referido a las condiciones que deben cumplir quienes accedan al tratamiento penal diferenciado dentro de un proceso de sometimiento.
El texto plantea que, una vez iniciadas la indagación, la investigación y la judicialización, las personas sometidas a la ley deben mantener una participación genuina en el proceso, colaborar con la justicia, abstenerse de cometer nuevos delitos y contribuir al cumplimiento de los derechos de las víctimas.
La modificación incorporaría una sanción para la totalidad de la organización o bloque si, tras la entrega exigida por la ley, las autoridades hallan menores de edad, personas secuestradas o redes de explotación sexual ocultas bajo su control.
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Borda aclaró: “(...) Al terrorista y criminal que se le encuentre un solo menor en sus filas luego de haber solicitado someterse a la ley. No puede haber concesiones cuando se trata de los niños”.
La proposición establece que el hallazgo posterior de un solo menor de edad o persona secuestrada generará “la pérdida inmediata e irrecuperable de todos los beneficios penales” para toda la estructura o el bloque al que pertenezcan los responsables.
La misma consecuencia aplicaría en caso de que se detecte “el ocultamiento de redes de explotación sexual, explotación sexual infantil”, según el documento firmado por la legisladora.
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El proyecto exige colaboración con la justicia y entrega de bienes ilícitos
El artículo que la congresista Borda propone modificar mantiene otras obligaciones para quienes ingresen al proceso de sometimiento. Entre ellas, entregar información sobre la estructura criminal, sus áreas de influencia, su modo de operación y sus fuentes de financiación.
También, que “suministre la información necesaria para el desmantelamiento de las economías criminales de las que haya derivado recursos, así como el esclarecimiento de los nexos políticos y líneas de corrupción que atenten contra la administración pública y la recta y eficaz impartición de justicia de la organización”.
Adicionalmente, pidió que entreguen la relación de bienes y activos “obtenidos con ocasión de sus actividades ilícitas, como garantía de los derechos a la reparación de las víctimas y de las comunidades”.
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La segunda iniciativa presentada por la representante modifica el artículo 27 del proyecto, relacionado con las derogatorias normativas.
El texto propone derogar artículos de la Ley 2272 de 2022, disposiciones de la Ley 418 de 1997 y parágrafos de la Ley 1908 de 2018, además de otras normas que resulten contrarias a la nueva regulación, según Borda.
En marcha el debate: negaron el archivo del proyecto de ley en el Senado
Las comisiones primeras de Cámara de Representantes y Senado iniciaron el debate conjunto de la Ley de Sometimiento del Gobierno y rechazaron las solicitudes de archivo presentadas por sectores de oposición.
La decisión permitió que continúe la discusión del proyecto, que plantea un mecanismo para que integrantes de organizaciones criminales se entreguen ante la justicia ordinaria a cambio de rebajas de penas bajo condiciones específicas.
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El ministro del Interior, Rodrigo Lara Restrepo, explicó que el proyecto debe aplicarse de manera paralela al Estatuto Antiterrorista y a acciones militares y policiales contra las organizaciones dedicadas al narcotráfico y otras actividades criminales.
“La lógica es muy clara: un Estatuto Antiterrorista y una ofensiva militar y policial contra todas las organizaciones narcoterroristas y, al mismo tiempo, a las que, abrumadas por la fuerza del Estado, quieran someterse a la ley, desarmarse, entregar las redes de financiación ilícitas y colaborar con la justicia, pues lo puedan hacer”, afirmó el alto funcionario.
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