Jerome Sanabria pidió a la Corte Constitucional evaluar el costo de la reforma pensional antes de abril de 2027: “No hay plata”

La advertencia sobre un posible déficit de $16,2 billones para aplicar la reforma pensional en 2027 abrió un nuevo debate sobre la viabilidad financiera de la Ley 2381 de 2024.

Jerome Sanabria, joven de 20 años e integrante del equipo de empalme del presidente Abelardo de la Espriella, cuestionó que la norma entre en vigor el 1 de abril del próximo año sin que estén garantizados los recursos requeridos.

Sanabria se pronunció después de que el ministro de Hacienda, Miguel Gómez, sustentara ante la Corte Constitucional el incidente de impacto fiscal. La solicitud busca que el alto tribunal examine las consecuencias presupuestales de implementar el nuevo sistema pensional en la fecha prevista.

De acuerdo con la información expuesta por el Ministerio de Hacienda, la entrada en funcionamiento de la reforma entre abril y diciembre de 2027 demandaría recursos que no están incluidos en las proyecciones actuales. El Gobierno ha planteado la posibilidad de aplazar el inicio de la norma hasta 2028.

“Nada más para 2027, de abril a diciembre, faltarían más de $16,2 billones si la reforma entra a regir”, afirmó Sanabria en un mensaje publicado en redes sociales.

La joven sostuvo que una parte central de esa presión fiscal estaría concentrada en el pilar solidario. Según expuso, ese componente requeriría $10,85 billones para financiar las obligaciones previstas durante los primeros meses de aplicación del modelo.

El pilar solidario concentraría la mayor presión presupuestal

La reforma pensional establece cuatro pilares: solidario, semicontributivo, contributivo y voluntario. El primero contempla una renta básica para adultos mayores que no lograron acceder a una pensión, mientras el segundo busca atender a quienes cotizaron durante parte de su vida laboral, pero no cumplieron las semanas exigidas.

Sanabria aseguró que el cálculo del Gobierno parte de una cobertura superior a las estimaciones divulgadas anteriormente. “La base de beneficiarios de la renta básica solidaria no serán tres millones de personas como aseguraba Petro, sino 4,6 millones de personas”, manifestó.

La cifra supone una diferencia frente a las proyecciones que habían sido analizadas por el Comité Autónomo de la Regla Fiscal (Carf), organismo que emite conceptos técnicos sobre las finanzas públicas. La joven señaló que el costo de ese subsidio superaría los $10 billones en 2027.

El planteamiento del Ministerio de Hacienda también incluye el impacto sobre Colpensiones, entidad que asumiría nuevas responsabilidades dentro de la estructura prevista por la reforma. Según Sanabria, la financiación necesaria para el pilar semicontributivo representaría otra carga para el Presupuesto General de la Nación.

“Faltarían $5,4 billones para el pago de mesadas y de chichiguas vitalicias del pilar semicontributivo”, escribió. La expresión “chichiguas vitalicias” fue utilizada por la joven para referirse a los beneficios económicos que contempla ese componente del sistema.

Colpensiones requeriría $ 46,4 billones, según la advertencia

Sanabria afirmó que las obligaciones adicionales modificarían la transferencia que recibiría Colpensiones en 2027. “Es decir que Colpensiones no requerirá una transferencia de $41 billones del Presupuesto General de la Nación, sino de $46,4 billones”, señaló.

La discusión llega mientras la Corte Constitucional mantiene bajo revisión aspectos de la reforma que fueron devueltos a la Cámara de Representantes. Aunque el alto tribunal declaró exequibles varios apartados de la ley, ordenó que otros puntos regresaran al Congreso para cumplir nuevamente etapas del trámite legislativo.

El Gobierno también pidió que se considere el incidente de impacto fiscal, un mecanismo previsto para evaluar si una decisión judicial puede alterar de forma significativa las finanzas públicas. La Corte otorgó al ministro Gómez un plazo para presentar la sustentación técnica de la solicitud.

Sanabria cuestionó la sostenibilidad del proyecto y pidió al tribunal tener en cuenta las proyecciones oficiales antes de decidir sobre la aplicación de la norma. “Por donde se vea, es imposible fiscalmente sostener la reforma de Petro porque no hay plata”, expresó.

La integrante del equipo de empalme afirmó que una entrada en vigor sin financiación suficiente afectaría las cuentas estatales y los recursos administrados por el sistema de pensiones. También vinculó el debate con las consecuencias que, a su juicio, enfrentarán las generaciones más jóvenes. “Será mi generación la que tendrá que enfrentar” esa situación, escribió.