La extorsión en Colombia aumentó 182,9% en ocho años: proponen política nacional para combatir este delito

La extorsión en Colombia pasó de 4.902 casos registrados en 2016 a 13.869 en 2024, lo que representa un incremento del 182,9% en ocho años. En las ciudades capitales, el crecimiento durante el mismo periodo fue del 201,5%, de acuerdo con el estudio técnico Análisis y caracterización de la extorsión en Colombia, elaborado conjuntamente por la Asociación Colombiana de Ciudades Capitales (Asocapitales) y el Departamento Nacional de Planeación (DNP).

El informe, presentado el 20 de octubre de 2026 en Bogotá, reúne información del Sistema de Información Estadístico, Delincuencial, Contravencional y Operativo de la Policía Nacional (Siedco) y examina la evolución del delito, sus modalidades, las características de las víctimas y las competencias de las autoridades encargadas de enfrentarlo. En total, el documento analizó 111.186 casos registrados entre 2010 y 2025.

Aunque durante 2025 se produjo una reducción del 3,2% en los registros nacionales, que pasaron de 13.869 a 13.428 casos, el diagnóstico advierte que los datos disponibles de 2026 muestran un nuevo aumento. Entre enero y abril de ese año se contabilizaron 3.936 casos en el país, un 8% más que durante el mismo periodo de 2025. En las 32 capitales, los registros llegaron a 2.182, con un incremento interanual del 10,1%.

A partir de estos resultados, Asocapitales y el DNP plantean la necesidad de formular una política pública nacional que articule las capacidades de investigación, operación, prevención y atención a las víctimas, con responsabilidades y recursos definidos para el Gobierno nacional y las administraciones territoriales.

Las ciudades capitales concentraron más de la mitad de los casos

Durante 2025, las 32 ciudades capitales registraron 7.291 casos de extorsión, equivalentes al 54,3% del total nacional. En 2024, esa cifra había sido de 7.868 casos, por lo que la reducción entre ambos años fue del 7,3%.

Sin embargo, el comportamiento del delito presentó diferencias entre las ciudades. Cartagena pasó de 197 casos en 2024 a 382 en 2025, un aumento del 93,9%. También se reportaron incrementos en Tunja, del 76,7%; Pasto, del 37,8%, y Sincelejo, del 36,6%.

En contraste, Bogotá registró una reducción del 16,1%; Barranquilla, del 17,8%, y Cali, del 7,4%. Estas variaciones muestran que la evolución de la extorsión no fue uniforme en las capitales y constituyen uno de los elementos considerados en el diagnóstico para orientar las intervenciones de las autoridades.

El estudio también presenta información sobre las características de las víctimas. De los 7.291 casos registrados en las capitales durante 2025, 6.771 tenían información sobre el género de la persona afectada. De ese grupo, 4.243 correspondieron a hombres, equivalentes al 62,6%, mientras que 2.528 fueron mujeres, que representaron el 37,4%.

En cuanto a la distribución geográfica, el 97,9% de los casos registrados en las capitales ocurrió en zonas urbanas, según los datos analizados. El informe también identifica las vías públicas como el principal escenario de ocurrencia, con una participación estimada del 79,1%.

El documento aclara que los porcentajes relacionados con la clase de sitio corresponden a estimaciones elaboradas por Asocapitales a partir de la revisión de reportes de prensa y expedientes de 2024 y 2025, debido a que esa información no constituye una variable estructurada del Siedco.

Llamadas telefónicas y redes sociales, entre las modalidades más usadas para extorsionar

El análisis establece que las llamadas telefónicas fueron el principal medio utilizado para cometer extorsiones en las ciudades capitales durante 2025. Esta modalidad sumó 3.559 casos, equivalentes al 48,8% de los registros que contaban con información sobre el medio empleado. En 2016 se habían reportado 1.665 casos por esta vía, lo que representa un crecimiento del 113,8% en el periodo analizado.

De acuerdo con la estimación de la Dirección de Antisecuestro y Antiextorsión de la Policía Nacional (Diase), cerca del 70% de las llamadas extorsivas podría originarse desde establecimientos de reclusión. El estudio señala que esta modalidad incluye operaciones que utilizan intermediarios, centrales telefónicas informales y cambios frecuentes de líneas para dificultar el rastreo de los responsables.

Las redes sociales y las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) también tienen una participación relevante. En 2016 representaban el 7,6% de los casos registrados en las capitales, mientras que en 2025 alcanzaron el 18,6%, con 1.354 registros. Esta categoría incluye prácticas como la extorsión sexual y otras formas de coacción realizadas mediante plataformas digitales.

El documento identifica un cambio importante durante 2020, cuando los casos asociados a redes sociales pasaron de 191 en 2019 a 1.353, un incremento del 608%. Desde entonces, esta modalidad mantuvo una participación cercana al 18% y el 19% durante los dos últimos años examinados. Por su parte, la extorsión directa, relacionada con exigencias presenciales de dinero y cobros periódicos conocidos como vacunas, pasó de 1.704 casos en 2024 a 1.050 en 2025. Su participación dentro de los registros con modalidad identificada disminuyó del 21,7% al 14,4%.

Otro de los problemas identificados es el subregistro. El documento estima que menos del 20% de los hechos reales de extorsión llega a denunciarse, situación que dificulta establecer la magnitud del fenómeno. Por esa razón, propone fortalecer los canales de denuncia, mejorar la confianza en las instituciones y garantizar mecanismos de protección y acompañamiento para las personas afectadas.

El estudio plantea un Conpes y 27 acciones de política pública

Entre las principales recomendaciones figura la formulación de un documento Conpes sobre extorsión, con énfasis en la modalidad carcelaria. La propuesta contempla un diagnóstico integral, metas medibles a corto, mediano y largo plazo, un plan plurianual de inversión y mecanismos de seguimiento.

El informe plantea que esta política debe articular las responsabilidades del Departamento Nacional de Planeación, el Ministerio de Justicia y del Derecho, el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), el Ministerio de Defensa Nacional, la Policía Nacional, la Fiscalía General de la Nación y el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC).

El objetivo es coordinar las capacidades institucionales y respaldar las intervenciones que superan las competencias de los gobiernos locales, especialmente en materia penitenciaria, investigación criminal, herramientas tecnológicas e intercambio de información.

Además, el documento propone 27 acciones de política pública organizadas en tres ejes: prevención y reducción del delito, articulación con la Fiscalía y la Policía, y atención integral a las víctimas. El estudio precisa que las propuestas no constituyen mandatos uniformes ni crean nuevas obligaciones para las administraciones territoriales, por lo que las 27 acciones están concebidas como alternativas que cada ciudad puede adoptar, adaptar o priorizar según sus necesidades, capacidades institucionales y recursos disponibles.

El informe también recomienda establecer criterios homogéneos para clasificar los delitos y las conductas relacionadas, como las amenazas, la usura, algunas modalidades de estafa y el denominado paseo millonario. Según el diagnóstico, las diferencias de clasificación pueden afectar la calidad de las estadísticas y dificultar la coordinación de las investigaciones.

Finalmente, el documento identifica una diferencia entre las responsabilidades políticas de los alcaldes en materia de seguridad y las competencias legales para investigar y judicializar la extorsión. De los 21 puntos de competencia normativa examinados, 14 corresponden al nivel nacional, equivalentes al 66,7%, mientras que dos son propios de las administraciones municipales.

Aunque los alcaldes son la primera autoridad de policía en sus jurisdicciones, la investigación penal depende de la Fiscalía General de la Nación y las operaciones especializadas corresponden a la Policía Nacional. Por ello, Asocapitales y el DNP proponen fortalecer la corresponsabilidad entre el Gobierno nacional y las ciudades capitales para coordinar la prevención, la investigación y la atención a las víctimas.