Colombia gastaría en más intereses de deuda que en pensiones en 2027 debido al PGN: “El costo recaería sobre los ciudadanos por medio de los impuestos”

El Congreso de la República aprobó el proyecto de Presupuesto General de la Nación (PGN) de 2027 por $634,9 billones en la madrugada del martes 20 de octubre, después de cerca de 19 horas de debate y luego de un aumento cercano a $60 billones durante el trámite legislativo. La cifra autorizada deja abiertas preguntas sobre la financiación del gasto, el peso creciente de la deuda pública y los mecanismos para vigilar recursos administrados a través de fondos y fiducias.

Con exactitud, el presupuesto se desglosa en tres partidas:

• Funcionamiento: $393.104 billones.
• Servicio de deuda: $147.072 billones.
• Inversión: $94.776 billones.

Al respecto, el profesor del programa de Ciencias Políticas de la Universidad de La Sabana Juan Nicolás Garzón explicó por medio de un comunicado que el incremento obedece a una corrección de las cuentas públicas.

Recordó que el Gobierno de Abelardo de la Espriella, por medio del ministro de Hacienda, Miguel Gómez Martínez, retiró el proyecto de la administración anterior porque consideraba que los ingresos estaban sobreestimados. Entonces, el nuevo cálculo buscó incorporar obligaciones no plenamente contempladas, en especial los intereses de la deuda.

El costo recaería sobre los ciudadanos

Para Garzón, la carga financiera del Estado explica buena parte del incremento presupuestal. “La situación es grave”, sostuvo al referirse a una deuda que, según su análisis, se ubica en niveles cercanos a entre el 60% y el 65% del Producto Interno Bruto (PIB), históricamente altos para Colombia. Atribuyó el crecimiento al impacto de la pandemia del covid-19 y a un aumento posterior durante la administración de Gustavo Petro.

Señaló que “el costo recaería sobre los ciudadanos por medio de los impuestos y sobre aquellos que tienen vínculos con el Estado —empleados públicos, contratistas y beneficiarios del gasto— ante la promesa oficial de reducirlo”.

Qué queda pendiente

Por su parte, el exdirector de Fiscalización de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) Christian Quiñonez, CEO de Clevertax Assessment, advirtió que la discusión legislativa autorizó el nivel de gasto, pero dejó pendiente la definición de sus fuentes.

“El Congreso aprobó cuánto se va a gastar, pero todavía nadie ha aprobado cómo se va a pagar este gasto”, afirmó. Según su análisis, el déficit fiscal de 2027 podría acercarse al 9,5% del Producto Interno Bruto (PIB), un nivel superior al registrado durante la pandemia.

Además, proyectó que la deuda pública podría alcanzar el 67% del PIB, a cuatro puntos del límite legal, y alertó sobre el peso creciente de sus intereses. “En 2027, Colombia va a gastar más intereses de la deuda que en pensiones”, precisó.

El exfuncionario cuestionó el traslado de recursos previstos para el servicio de la deuda hacia inversión y salud, una operación que, según dijo, facilitó la obtención de mayorías legislativas. Reconoció la necesidad de financiar el sector sanitario, pero remarcó que “la deuda no desaparece, se refinancia y se va a pagar más cara”.

Ahora, el Gobierno plantea una ley de ajuste fiscal por cerca de $45 billones, aunque el proyecto no había sido radicado al 20 de octubre. Quiñónez contrastó los cerca de $22 billones anunciados con los hasta $10 billones que el Comité Autónomo de la Regla Fiscal (Carf) considera viables, y afirmó que “bloquear un gasto no es recortarlo”.

Dentro de sus propuestas figuran:

• Recortes concretos.
• Una revisión de beneficios tributarios sin elevar tarifas.
• Ampliación de la base de contribuyentes.
• Una amnistía limitada para recuperar cartera.
• Evitar que las devoluciones de impuestos operen como mecanismo de caja.

Sin ajuste fiscal, advirtió el experto, la deuda podría llegar al 91% del PIB en 2030 y cerca de la mitad del recaudo de la Dian se destinaría al pago de intereses.

Resultado favorable para el Gobierno

Garzón interpretó la aprobación como un resultado favorable para el Gobierno, impulsado por el capital político habitual de los primeros meses de mandato. “El Gobierno logra una victoria”, dijo, aunque aclaró que no se trata de un triunfo total ni de la primera victoria del Ejecutivo ante el Legislativo, pues ya había obtenido resultados en asuntos como los nombramientos en el Consejo Nacional Electoral.

Advirtió que el margen de maniobra puede reducirse por actuaciones del presidente, entre ellas el llamado de atención a la gobernadora de San Andrés, Girley Natacha Ordóñez, y a la representante a la Cámara Elizabeth Jay-Pang, tras el cual congresistas liberales se retiraron de manera temporal del debate. Anticipó que el siguiente desafío legislativo será una norma para reducir el gasto público, iniciativa que consideró atípica frente a la búsqueda habitual de mayores ingresos, y planteó que la pérdida gradual de capital político podría dificultar la negociación de futuras medidas.

Recordó que los ciudadanos cuentan con veedurías, la Contraloría General, las contralorías departamentales, los medios de comunicación, las redes sociales y los líderes de opinión para vigilar la ejecución del presupuesto, aunque advirtió que el reto consiste en distinguir la información verificada de la falsa.

Transparencia para vigilar fondos y recursos públicos

El presupuesto incorporó una obligación de información destacada por el Observatorio Fiscal de la Javeriana: el Ministerio de Hacienda deberá publicar informes trimestrales sobre saldos y ejecución de fondos especiales, patrimonios autónomos y fiducias que administren recursos públicos. Dicho órgano académico señaló por medio de X que “una vez los recursos salen del PGN y entran a estos fondos, su seguimiento se vuelve difícil para la ciudadanía”, una limitación que puede reducir el escrutinio sobre partidas públicas.

Los reportes permitirán identificar cuánto dinero permanece disponible, a qué se destina y con qué ritmo se ejecuta, y darán herramientas a organismos de control, congresistas y organizaciones civiles para exigir explicaciones por retrasos o recursos sin ejecutar. En palabras del centro de análisis, “la obligación de reportar periódicamente cierra esa brecha de información”. Y es que el avance en transparencia adquiere mayor peso por la presión financiera que enfrenta el presupuesto.

De acuerdo con el Observatorio Fiscal, cerca del 24% del gasto se orientaría al servicio de la deuda, frente a alrededor del 14% destinado a inversión; más del 40% de los recursos provendría de nuevo endeudamiento y el recaudo tributario permanecería por debajo del 14% del PIB.

Interrogantes sobre los recursos para atender el terremoto

Persisten interrogantes sobre los recursos destinados a atender el terremoto, cuya cuantía y destino no aparecen detallados, así como sobre la distribución del recorte de alrededor de $5 billones previsto en la anunciada ley de rescate económico. El Observatorio Fiscal de la Javeriana planteó que el ajuste deberá desarrollarse con “transparencia, información clara y diálogo público”.