Defensoría del Pueblo cuestionó el retiro de piezas del Museo Nacional y pidió explicaciones al Gobierno: “Son relatos que forman parte de nuestra historia”

La decisión del Gobierno del presidente Abelardo de la Espriella de retirar más de 30 piezas del Museo Nacional de Colombia abrió una controversia en el país. Las obras y espacios intervenidos están vinculados con la población LGBTIQ+, las luchas feministas y las campañas políticas de Bernardo Jaramillo Ossa y Carlos Pizarro, asesinados en 1990, respectivamente.

El retiro de las piezas motivó una movilización frente al recinto cultural, ubicado en el centro de Bogotá, el sábado 17 y domingo 18 de octubre. Cerca de 500 personas participaron en la protesta para cuestionar la medida, convocada por varios colectivos sociales.

Ante los cuestionamientos, la defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz, elevó una petición a la ministra de Cultura, Paola Andrea Holguín Moreno, en la que exigió tener conocimiento de los criterios utilizados por el Ejecutivo para que las obras no vuelvan a ser expuestas al público.

“La Defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz, solicitó a la ministra de las Culturas, las Artes y los Saberes, Paola Andrea Holguín Moreno, información sobre las piezas retiradas del Museo Nacional, los fundamentos jurídicos, técnicos y administrativos de estas decisiones, sus condiciones actuales de conservación y la posibilidad de reincorporarlas a las exposiciones”, señaló la entidad en un comunicado.

La petición también abarca el espacio dedicado a Miguel Ángel Díaz, trabajador de Colcultura y militante de la Unión Patriótica (UP), quien fue víctima de desaparición forzada en septiembre de 1984 en Yacopí. Según información publicada por el Ministerio de las Culturas, paramilitares y agentes estatales estuvieron involucrados en su desaparición; además, fue uno de los primeros desaparecidos en medio del exterminio contra integrantes del partido político.

La Defensoría solicitó, en este sentido, que se aclare si se modificó su denominación, cuáles fueron los motivos de esa decisión y si los familiares recibieron información o fueron consultados antes de cualquier cambio, “teniendo en cuenta los acuerdos alcanzados para su creación”.

Finalmente, la entidad señaló que hará seguimiento a la respuesta del Ministerio y definirá las actuaciones que correspondan para salvaguardar la libertad de expresión, los derechos culturales y la memoria histórica.

“La preservación de la memoria histórica y el acceso a la cultura exigen reconocer la diversidad de voces, experiencias y relatos que forman parte de nuestra historia. Ninguna expresión artística o memoria colectiva debe ser excluida por razones políticas o ideológicas”, puntualizó.

Defensoría también cuestionó el despliegue policial en marchas

Este no ha sido el único llamado de la Defensoría del Pueblo ante lo ocurrido en el Museo Nacional. La entidad también había manifestado su preocupación por la intervención de unidades antidisturbios durante la concentración frente al Museo Nacional de Colombia. La protesta, convocada por varios colectivos sociales y que hasta ese momento transcurría de forma pacífica, expresaba el rechazo al retiro de las obras.

Iris Marín, titular de la entidad nacional, consideró “innecesaria y desproporcionada” la presencia de esas unidades, incluido un vehículo lanzagua. De acuerdo con los testimonios recopilados en redes sociales, el vehículo lanzó agua para dispersar a quienes bloqueaban la carrera Séptima, en el centro de Bogotá.

“La proximidad de estos dispositivos puede generar tensiones y provocar una escalada de la conflictividad que debe prevenirse”, declaró la funcionaria en una publicación de X.

La Defensoría recalcó que, aunque el Decreto 1525 de 2026 autoriza la cercanía de la Fuerza Pública en determinados escenarios, la entidad remarcó que cada actuación debe responder a criterios de necesidad y al contexto específico de la manifestación.

La institución recordó que la Corte Constitucional ha reconocido que la ocupación del espacio público y las afectaciones a la movilidad pueden formar parte del ejercicio legítimo del derecho a la protesta. Por ello, indicó que un bloqueo vial, por sí solo, no elimina el carácter pacífico de una movilización ni justifica su disolución.

Finalmente, pidió a las autoridades garantizar el derecho a la protesta pacífica, adoptar medidas alternativas para gestionar la movilidad y evitar intervenciones que puedan generar choques con la población civil.