Fiscalía acusó formalmente a Ricardo Leyva por violencia intrafamiliar: el empresario no aceptó cargos y denunció extorsión

La Fiscalía General de la Nación acusó formalmente al empresario de eventos masivos Ricardo Leyva Páez por el presunto delito de violencia intrafamiliar agravada en concurso homogéneo y sucesivo a título de coautor y modalidad dolosa contra su expareja Karen Santos.

La acusación se presentó durante la diligencia realizada el lunes 19 de octubre en el búnker de la Fiscalía, en Bogotá. La actuación estuvo a cargo de la Fiscalía Quinta Delegada ante la Corte Suprema de Justicia y se adelanta bajo el procedimiento penal especial abreviado.

María Camila Toro, representante de Santos, aseguró a la prensa nacional que se expusieron los hechos investigados y los elementos con los que el ente acusador pretende llevar el caso a juicio.

La abogada afirmó que la investigación reúne presuntos hechos de violencia física, verbal, psicológica, económica y patrimonial durante una relación que se extendió por más de cinco años. “Esta audiencia es la lectura de los hechos del caso como tal, y se le dieron a conocer los elementos y la evidencia con la que cuenta directamente la Fiscalía para llevar este caso a juicio”, dijo Toro en declaraciones a los medios de comunicación.

La jurista rechazó además la versión atribuida previamente a Leyva, según la cual algunos de los videos serían producto de inteligencia artificial. “Los golpes de Karen no son inteligencia artificial”, manifestó la jurista, aunque enfatizó en que la autenticidad y el peso de esos elementos deberán ser discutidos ante el juez que asuma el proceso.

Ricardo Leyva, por su parte, no aceptó los cargos. Además, el empresario presentó una denuncia por extorsión contra Santos, pues sostuvo que ella, en sus palabras, lo amenazó con divulgar un video íntimo para afectar su reputación.

Detalles de la acusación de la Fiscalía contra Leyva

De acuerdo con el escrito de acusación de la Fiscalía, revelado por Caracol Radio, señala que Leyva y Santos retomaron contacto en octubre de 2019, luego de haberse conocido 28 años antes, y posteriormente convivieron en Puerto Colombia, Atlántico (norte de Colombia).

Según el documento de 35 páginas del ente acusatorio, citado por el medio de comunicación, la convivencia habría estado atravesada por ciclos de violencia física, psicológica, verbal, económica y patrimonial. Allí se identificó 11 episodios en los que presuntamente se produjeron agresiones contra Santos.

La acusación describe “halones de cabello, golpes de puño en la cabeza y el rostro, escupitajos y una persecución con arma blanca”, conductas que, según el escrito, “buscaban causar dolor, lesión o intimidación”. En el apartado sobre violencia psicológica, la Fiscalía menciona “un supuesto patrón de humillaciones, amenazas, descalificaciones, manipulación y control emocional”.

El documento también atribuye a Leyva un presunto control sobre ingresos, recursos y decisiones financieras de Santos, así como acciones que “habrían limitado el manejo de sus bienes y su actividad económica, incluso después de que terminó la relación”.

En una entrevista con Cambio, Karen Santos relató que sufrió agresiones durante años y afirmó que Leyva “pegaba con los puños cerrados hasta reventarme”. También dijo que tuvo que asistir en varias ocasiones a centros médicos y que, en uno de los episodios, él la persiguió con un cuchillo mientras la amenazaba de muerte.

La víctima explicó a ese medio que demoró su denuncia por temor y por las relaciones económicas y personales de quien era su pareja. “O hablo o me matan”, afirmó. La mujer aportó videos, fotografías de lesiones, historias clínicas, audios y conversaciones a la Fiscalía.

Lo que falta del proceso

La primera diligencia para trasladar el escrito estaba prevista para el 9 de octubre, pero se aplazó dos veces a petición de la defensa de Leyva. La Fiscalía informó que el descubrimiento probatorio se realizará el martes 27 de octubre, fecha en la que las partes conocerán y debatirán los elementos que pretenden usar en el proceso.

Después, el caso pasará a un juez penal de conocimiento para la audiencia concentrada. En esa etapa, la Fiscalía y la defensa podrán formular solicitudes probatorias antes de que avance el juicio.

Al tratarse de un proceso bajo la Ley 1826 de 2017, no hubo audiencia de imputación. El traslado del escrito de acusación permitió a Leyva optar entre aceptar los cargos, con una eventual rebaja de pena, o rechazarlos y continuar hacia el juicio. El empresario eligió la segunda alternativa.