Carolina Corcho anunció acciones judiciales contra el Presupuesto de 2027 por aparentes vicios de inconstitucionalidad

La senadora Carolina Corcho, del Pacto Histórico, afirmó que su bancada presentará el martes 20 de octubre una acción popular contra el Presupuesto General de la Nación de 2027, al considerar que el trámite legislativo y los recortes aprobados para la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) vulneran la Constitución y los compromisos derivados del Acuerdo de Paz.

La legisladora, exministra de Salud, también anunció que buscarán medidas cautelares ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, junto con organizaciones de víctimas y madres buscadoras. El anuncio se produjo después de que el Congreso aprobara el presupuesto por $ 634,9 billones, que contempla una reducción de $ 181.402 millones.

En consecuencia, la congresista del partido de oposición indicó que radicarán un recurso en el que hacen énfasis en los reparos que, según explicó, su sector expresó durante los debates en Senado y Cámara. Y sostuvo que el Congreso no podía modificar mediante una ley anual de presupuesto instituciones que, a su juicio, tienen protección constitucional.

Carolina Corcho reiteró que el Congreso no podía afectar instituciones creadas por el Acuerdo de Paz

En su argumentación, la senadora, que lideró la lista cerrada del Pacto, argumentó que la reducción de recursos para la JEP y la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas (Ubpd) afecta el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, creado tras el Acuerdo de Paz firmado con la extinta guerrilla de las Farc, en noviembre de 2016.

“Acabaron por un acto legislativo que compromete el bloque de constitucionalidad por la vía de la conexidad del derecho internacional humanitario, acabando con la Jurisdicción Especial de Paz y la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas”, denunció Corcho en su exposición, que se adelantó en el recinto del Congreso, junto a otros miembros de su bancada.

De esta manera, Corcho aseguró que ambas entidades surgieron por mandato constitucional y planteó que una modificación de ese alcance requeriría un procedimiento distinto. “Si tendrían que ser reformadas, se requeriría una sustitución de la Constitución Política y el Congreso de Colombia no está facultado para hacer una sustitución de la Constitución Política”, declaró.

En ese sentido, la congresista y exministra reiteró que su bancada considera que la decisión puede constituir una barrera para las víctimas que acuden a los mecanismos de justicia transicional. “Lo que se votó inconstitucionalmente en el Congreso de la República constituye una obstrucción al acceso de la justicia”, reiteró Corcho frente al trámite legislativo.

La senadora cuestionó un ajuste de $ 181.402 millones a la JEP

El principal cuestionamiento de Corcho se dirige al recorte de recursos para la JEP. El ajuste incluye una reducción inicial de $ 170.000 millones y otra de cerca de $ 11.402 millones, cuyos recursos fueron trasladados a los sectores de Justicia y Defensa, respectivamente, lo que a juicio de la parlamentaria constituye una violación al orígen jurídico del tribunal.

“No hubo ninguna demostración técnica de por qué a la JEP tendría que reducírsele $ 170.000 millones y $ 11.000 millones”, señaló la senadora, que en su denuncia señaló que el recorte afecta cerca del 80% de los recursos de inversión de la entidad. “Una institución a la cual se le reduce el 80% de su presupuesto de inversión, fácticamente la están acabando”, dijo.

La senadora señaló que esos fondos se destinan, entre otros asuntos, a investigaciones, audiencias públicas y pagos de abogados para victimas y comparecientes. “Aquí hay venganza contra las víctimas, contra el acuerdo de paz y, además, de manera por fuera de la ley y la Constitución”, declaró la congresista, que también habló de motivaciones políticas.

El proyecto de presupuesto fue aprobado por el órgano legislativo durante la madrugada del 20 de octubre. La Cámara acogió el mismo texto que había avalado el Senado, con lo cual no fue necesaria una conciliación entre ambas corporaciones y, de esta manera, la iniciativa queda pendiente de sanción presidencial, con lo que se evitó que se fuera por decreto.