Dos ciudadanos neerlandeses acusados de coordinar el envío de cargamentos de cocaína desde el Pacífico colombiano hacia Europa fueron capturados en Medellín y Cali por la Fiscalía General de la Nación y unidades de la Policía Nacional, en cumplimiento de dos notificaciones rojas de Interpol emitidas a pedido de la justicia de los Países Bajos.
Ronny Haleber y Ulrich Van Dinter quedaron a disposición de la Fiscalía el martes 20 de octubre de 2026. Haleber fue localizado en un inmueble del barrio Laureles de Medellín; Van Dinter, en el sector de Bellavista de Cali.
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Ambos son señalados de actuar como enlaces entre organizaciones criminales europeas y narcotraficantes colombianos.
Las notificaciones rojas de Interpol son alertas de máxima prioridad emitidas por la policía criminal internacional para solicitar la detención provisional de personas buscadas por la justicia de un país miembro, con miras a su extradición.
La operación fue ejecutada por la Dirección Especializada contra el Narcotráfico de la Fiscalía en coordinación con la Policía Nacional, tras requerimientos de las autoridades neerlandesas que atribuyen a ambos ciudadanos conductas de importación y tráfico de clorhidrato de cocaína hacia Europa.
El requerimiento internacional ubica a Haleber en el eslabón logístico de la cadena: trasladaba los alijos desde Cali hasta el puerto de Buenaventura (Valle del Cauca), donde el estupefaciente era camuflado en contenedores con destino a Países Bajos y Bélgica, con tránsito por Curazao.
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Van Dinter cumplía una función diferente dentro de la red. Presuntamente operaba como el responsable de contaminar mercancías legales en los principales aeropuertos y puertos de Colombia para introducir la droga en los flujos de comercio exterior con destino a Europa.
La Fiscalía, a través de su Dirección de Asuntos Internacionales, adelantará las comunicaciones necesarias para formalizar los pedidos de extradición y gestionar los trámites diplomáticos y administrativos correspondientes ante los Países Bajos.
Cayó en Medellín capo costarrisence con circular roja de Interpol: era buscado por narcotráfico lavado de activos y homicidio
Andrey Gustavo Segura Quesada, alias Gemelo o “Tavo”, quedó retenido en Medellín tras una operación coordinada por la Dirección de Investigación Criminal e Interpol (Dijín) de la Policía Nacional de Colombia, Migración Colombia y autoridades de Costa Rica.
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El ciudadano costarricense tenía una Notificación Roja de Interpol y era requerido por la justicia de su país por tráfico de drogas, legitimación de capitales y homicidio calificado.
La ubicación del hombre fue posible a partir del intercambio de información entre las instituciones participantes. Las autoridades recurrieron a fuentes humanas y a consultas en las bases de datos de Interpol para establecer su paradero.
La retención busca ponerlo a disposición de la justicia costarricense. Las investigaciones lo ubican como un presunto integrante de alto nivel de una organización relacionada con varias etapas del narcotráfico, desde el transporte y almacenamiento hasta la distribución y comercialización de estupefacientes.
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El operativo localizó a Segura Quesada dentro de un hotel del sector de El Poblado, en Medellín. El Tiempo identificó el inmueble como Luxury Apartments Prana By Cadissa.
El complejo funciona como un edificio de hospedaje con apartamentos destinados a estadías temporales. De acuerdo con el diario, las unidades tienen cerca de 80 metros cuadrados.
La publicación también informó que una noche en el lugar rondaba los 450.000. El dato permite dimensionar las condiciones de alojamiento que tenía el requerido antes de la intervención de las autoridades.
Las autoridades establecieron que el costarricense había viajado desde su país hacia Colombia el 3 de junio de 2026. Desde esa fecha, no existían registros migratorios que señalaran su retorno a Costa Rica.
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El coronel Elver Vicente Alfonso Sanabria, director de Investigación Criminal e Interpol de la Policía Nacional, explicó que las pesquisas le atribuyen la planificación, orden y coordinación de homicidios contra personas que entraban en conflicto con la organización.
De acuerdo con la explicación del oficial, el requerido presuntamente facilitaba armas de fuego, vehículos y recursos económicos para la ejecución de esos crímenes.
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