La Procuraduría abrió una investigación disciplinaria a Lina Garrido, directora de la Agencia Nacional de Tierras: estas son las razones

La Procuraduría General de la Nación (PGN) abrió una investigación disciplinaria contra Lina Garrido, directora de la Agencia Nacional de Tierras (ANT), para establecer si cumplió con los requisitos de experiencia exigidos para asumir el cargo que asumió el 11 agosto de 2026 por medio del Decreto 1149.

La actuación se originó a partir de una queja que cuestiona los documentos presentados por Garrido para acreditar su trayectoria profesional y la decisión fue proferida el lunes 19 de octubre de 2026 por la Procuraduría Delegada Disciplinaria de Instrucción 1, Primera Delegada para la Vigilancia Administrativa, bajo el radicado IUS E-2026-587740 / IUC D-2026-4408082. Según el organismo de control que lidera Gregorio Eljach, el objetivo es “determinar si el requisito de la experiencia relacionada” fue cumplido y si los soportes aportados “reflejan la realidad fáctica de la experiencia que se dijo acreditar”.

Como parte de las pruebas ordenadas, la Procuraduría solicitó a la ANT que, en un plazo de cinco días, remita el certificado laboral de Lina María Garrido. El documento deberá incluir la fecha de su designación y posesión, el salario asignado para 2026 y las funciones desempeñadas en la entidad.

Dudas en los certificados de Lina Garrido

La queja sostiene que algunos certificados entregados para respaldar la experiencia requerida no corresponderían con las actividades desarrolladas por Garrido. Entre los documentos cuestionados figuran certificaciones expedidas por la Asociación de Ganaderos de la Sabana y por el abogado José Manuel Garcés Castañeda.

El expediente señala que el cargo denominado “Dirección Estratégica, Gestión Institucional y Desarrollo Agrario” presuntamente no existe dentro de la Asociación de Ganaderos de la Sabana. También plantea que las funciones consignadas en la certificación habrían sido tomadas de los manuales de la ANT para hacerlas compatibles con el perfil requerido para dirigir la entidad.

La investigación busca verificar esas afirmaciones y establecer si hubo irregularidades en la acreditación de los requisitos para el nombramiento.

La defensa de Lina Garrido

Precisamente, el 16 de octubre de 2026, la directora de la Agencia Nacional de Tierras (ANT), Lina Garrido, defendió la legalidad de su nombramiento, firmado por el presidente Abelardo de la Espriella, luego de que el Consejo de Estado admitiera una demanda de nulidad electoral contra su designación. Por medio de sus redes sociales, la funcionaria afirmó que responderá a los cuestionamientos sobre su experiencia profesional con soportes y resultados de su gestión.

“Mi formación y mi trayectoria están documentadas. No he falsificado mi hoja de vida ni he engañado al Presidente ni a los colombianos”, expresó.

Y es que la Sección Quinta del Consejo de Estado analiza una acción que busca anular el Decreto 1149 del 10 de agosto de 2026, mediante el cual el Gobierno nacional nombró a Garrido al frente de la ANT. La demanda plantea dudas sobre si la experiencia acreditada por la exrepresentante a la Cámara cumple las condiciones exigidas para dirigir una entidad de carácter técnico.

Rechazo a medida cautelar

Aunque admitió la demanda, el alto tribunal rechazó la medida cautelar solicitada por la representante a la Cámara Laura Daniela Beltrán, conocida como Lalis, que pretendía suspender provisionalmente el nombramiento. Con esa decisión, Garrido seguirá en el cargo mientras avanza el estudio de fondo del proceso.

La directora sostuvo que reúne las condiciones académicas previstas en el manual de funciones de la entidad, que exige un título de pregrado y una especialización en cualquier área del conocimiento.

“Mi formación académica y mi trayectoria están documentados y a disposición de las autoridades competentes”, afirmó. Garrido también señaló que existen tres procesos de nulidad electoral relacionados con su llegada a la ANT. “El 10 de septiembre, esta alta corte negó la suspensión provisional del acto de nombramiento”, indicó.

La negativa a suspender el decreto no define el resultado del expediente. El Consejo de Estado deberá establecer, tras el análisis jurídico de la demanda, si la designación de Garrido se ajustó a los requisitos legales.