Ministerio de Justicia pidió a la Fiscalía profundizar la investigación por el magnicidio de Miguel Uribe Turbay

El Ministerio de Justicia y del Derecho pidió a la Fiscalía General de la Nación profundizar la investigación por el magnicidio de Miguel Uribe Turbay y verificar las nuevas revelaciones públicas que señalan a posibles responsables intelectuales, financiadores y coordinadores del asesinato.

La solicitud fue remitida el lunes 19 de octubre de 2026 a la fiscal General, Luz Adriana Camargo Garzón, mediante una carta firmada por el ministro Iván Alfonso Cancino González.

El documento sostiene que el caso no puede considerarse completamente esclarecido con las capturas, judicializaciones y condenas relacionadas con quienes habrían participado en la ejecución material del crimen. El Ministerio pidió determinar quién dio la orden, quién transmitió las instrucciones, cómo se obtuvieron los recursos y si existió colaboración de funcionarios o particulares con acceso a información institucional.

Miguel Uribe Turbay fue atacado el 7 de junio de 2025 en Bogotá y murió el 11 de agosto de ese año. La Fiscalía ha informado avances sobre los responsables materiales y ha contemplado la eventual participación de integrantes de la Segunda Marquetalia, según se menciona en la comunicación enviada al ente acusador.

El Ministerio pide esclarecer la cadena completa detrás del crimen

El ministro Cancino reconoció el trabajo que ha realizado la Fiscalía en el proceso, aunque planteó que la investigación debe avanzar sobre la estructura que habría estado detrás del atentado.

“El objetivo no es que las versiones periodísticas se conviertan en sentencias”, señala la carta. El pedido apunta a que las autoridades comprueben cada dato, descarten las informaciones que carezcan de sustento y profundicen las líneas que tengan respaldo en elementos probatorios.

Entre las solicitudes está la reconstrucción de los contactos, pagos, comunicaciones y decisiones que habrían permitido la planeación y ejecución del asesinato. También se pidió establecer la procedencia de los recursos utilizados para el atentado y analizar las versiones sobre posibles transferencias o apoyos desde Venezuela, a través de los mecanismos de cooperación judicial que correspondan.

El Ministerio solicitó que se incorporen las declaraciones de las personas procesadas o condenadas que puedan aportar información sobre superiores, determinadores o financiadores. Además, pidió reforzar la protección de testigos, fuentes e investigadores, así como preservar los elementos probatorios que puedan perderse con el paso del tiempo.

Los mensajes divulgados por María Claudia Tarazona serán uno de los puntos bajo revisión

La petición se produjo después de que María Claudia Tarazona, viuda de Uribe Turbay, divulgara el 15 de octubre mensajes que, según explicó, recibió y entregó posteriormente a las autoridades.

En esas comunicaciones se menciona a Luis Alberto Albán Urbano, conocido como “Marcos Calarcá”, y se alude a la supuesta organización de un atentado. También se plantea que una orden para cometer el crimen habría surgido desde el Senado de la República.

El Ministerio pidió revisar la autenticidad, integridad, cronología, metadatos, remitentes y destinatarios de los mensajes, chats, fotografías, correos electrónicos y advertencias que recibió Tarazona. La solicitud también plantea identificar las fuentes originales por los medios legales disponibles y contrastar sus versiones con otros elementos.

Albán Urbano y el partido Comunes rechazaron los señalamientos. Por esa razón, el documento insiste en que las acusaciones deben ser verificadas de manera independiente y sin anticipar conclusiones judiciales.

La Fiscalía ya adelantaría actuaciones de policía judicial para establecer la autenticidad de algunas comunicaciones aportadas por Tarazona, incluido un correo electrónico que fue enviado al ente acusador el 3 de septiembre, de acuerdo con la información reseñada en la solicitud.

La carta plantea evaluar el eventual fuero de ‘Marcos Calarcá’

El ministro pidió establecer si Albán Urbano tuvo alguna relación con la preparación del asesinato o si los mensajes que lo mencionan no tienen sustento. En caso de que existan elementos pertinentes, solicitó evaluar la remisión del material a la Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia.

Albán Urbano fue representante a la Cámara entre 2022 y el 20 de julio de 2026. El atentado contra Miguel Uribe ocurrió en 2025, durante su período como congresista. No obstante, la carta recuerda que el parágrafo del artículo 235 de la Constitución establece que, después de dejar el cargo, el fuero se mantiene para conductas punibles que tengan relación con las funciones desempeñadas.

El documento aclara que no corresponde al Ministerio decidir sobre esa competencia. La solicitud busca que sea la Sala Especial de Instrucción la que determine si el alto tribunal debe asumir alguna actuación, sin interrumpir las diligencias urgentes que estén a cargo de la Fiscalía.

También piden verificar versiones sobre Enrique Marulanda, alias John 40 y minería ilegal

La comunicación menciona otra información divulgada por Tarazona en una entrevista concedida a María Isabel Rueda y publicada por El Tiempo, el 18 de octubre. Allí, la viuda del senador se refirió a Enrique Marulanda, al que señaló como hijo de Manuel Marulanda Vélez, alias Tirofijo, y lo vinculó con una presunta orden material y coordinación del asesinato.

El Ministerio solicitó confirmar la identidad, ubicación, actividad y posible participación de esa persona. También pidió examinar las versiones sobre eventuales nexos con alias John 40, la Segunda Marquetalia y una posible explotación minera ilegal en Vaupés o Guainía.

La carta propone revisar si hubo participación, colaboración, facilitación u omisión penalmente relevante de servidores públicos o particulares. A la vez, plantea contrastar las alertas previas, las amenazas denunciadas, las solicitudes de protección y las respuestas institucionales antes del atentado.