Nuevo decreto expedido por Abelardo de la Espriella sobre la protesta social generó reacciones en la oposición: “Es un derecho, no un delito”

Las reacciones de sectores de oposición al Decreto 1525 de 2026, presentado por el presidente Abelardo de la Espriella para modificar las reglas sobre el uso de la fuerza pública durante las protestas, se multiplicaron antes de la jornada de movilizaciones convocadas en Colombia para este miércoles 14 de octubre de 2026.

Dirigentes políticos cuestionaron su entrada en vigencia, el alcance de las facultades policiales y el proceso de publicación de la norma.

El expresidente Gustavo Petro fue uno de los primeros en pronunciarse. En un mensaje dirigido al ministro del Interior, Rodrigo Lara, afirmó: “No es válido un decreto sin publicidad previa”. Luego añadió: “Señor Lara, deje de perder tiempo y vuelva a estudiar derecho”.

La representante a la Cámara en el Valle del Cauca del Pacto Histórico, Ana Erazo, calificó la medida como un decreto que “criminaliza la protesta social”.

Según su lectura, el texto entrega a los Puestos de Mando Unificado (PMU) la función de verificar las causales para considerar agotado el diálogo antes de que la fuerza pública intervenga.

La congresista cuestionó que el documento conceda un plazo de tres meses para expedir una resolución que reglamente la coordinación entre las autoridades de los PMU y la Policía Nacional. “¿Entonces mañana saldrá la fuerza pública con un decreto que no conoce?”, preguntó.

Erazo también advirtió que, ante un riesgo inminente, las determinaciones pueden quedar a cargo del comandante de Policía presente en el escenario. Para ella, esa posibilidad deja sin función efectiva a los PMU en circunstancias que requieran una respuesta inmediata.

“Ni la fuerza pública ni las autoridades locales del país conocen este esperpento”, expresó la representante. Además, sostuvo que la expedición de la norma antes de las marchas puede convertirse en una advertencia para disuadir la participación ciudadana.

La senadora del partido Dignidad y Compromiso, Jennifer Pedraza, informó que demandará la norma. “Es regresivo e inconstitucional”, afirmó al exponer cinco razones para controvertir el cambio introducido por el Gobierno.

La parlamentaria señaló que el artículo 37 de la Constitución establece la protección del derecho a reunirse y manifestarse pública y pacíficamente. A su juicio, solo el Congreso puede definir las situaciones que limiten esa garantía mediante una ley estatutaria.

Pedraza recordó que el Decreto 003 de 2021 surgió después de una orden de la Corte Suprema de Justicia, tras los cuestionamientos por actuaciones de la fuerza pública durante las protestas de 2019. También criticó que la modificación se hubiera realizado luego de una consulta de siete días y sin convocar la Mesa Nacional de Garantías.

Para la senadora, el nuevo marco transforma el diálogo en una “preferencia” y habilita la posibilidad de omitir la mediación, incluso si no hay hechos de violencia. Alertó, además, que el texto permitiría ordenar la disolución de protestas pacíficas por bloqueos.

“La protesta es pacífica, pero también disruptiva”, planteó Pedraza. En ese sentido, indicó que el bloqueo de una vía no constituye por sí solo un delito y citó la sentencia C-742 de 2012 de la Corte Constitucional.

La senadora Martha Peralta, del Movimiento Alternativo Indígena y Social (Mais), relacionó la publicación de la disposición con la cercanía de las marchas. “¿Quieren callar la voz popular?”, preguntó en su red social de X.

La congresista afirmó que el presidente firmó un decreto que permite intervenir sin que se haya agotado el diálogo. Para Peralta, esa decisión constituye un “mensaje intimidante” para quienes salen a cuestionar las políticas del Ejecutivo.

“La protesta es un derecho constitucional, no un permiso del presidente”, escribió. También señaló que ningún episodio aislado puede justificar actuaciones contra quienes participan de manera pacífica y pidió “garantías y respeto por la vida”.

La senadora del Pacto Histórico Isabel Zuleta sostuvo que el Decreto 1525 introduce cambios que podrían afectar el ejercicio de la protesta social. Su primera advertencia fue que la medida permite intervenciones policiales sin completar de forma previa todas las etapas de mediación.

Zuleta cuestionó que se incorporen afectaciones comerciales y productivas como criterios para la actuación de la fuerza pública. También alertó sobre la posibilidad de disolver concentraciones por bloqueos que generen perturbaciones graves y sostenidas.

La congresista incluyó entre sus reparos la creación de un sistema de alertas sobre conflictividad, que, según dijo, requiere salvaguardas para evitar vigilancia o estigmatización de organizaciones sociales. Añadió que el escalamiento policial puede avanzar sin un concepto vinculante del Ministerio Público.

“La protesta social es un derecho, no un delito”, sostuvo Zuleta. Además, cuestionó que determinadas intervenciones policiales puedan realizarse de inmediato, con una justificación posterior.

La exsenadora María José Pizarro dirigió sus preguntas al ministro del Interior, Rodrigo Lara. Cuestionó cómo puede entrar en funcionamiento una regulación sobre movilizaciones sin que sus organizadores conozcan previamente las nuevas disposiciones.

Pizarro preguntó si la fuerza pública recibió información suficiente para actuar conforme al decreto y si el texto cumple los principios constitucionales que protegen el derecho a la protesta. También consultó si la sociedad civil tuvo la posibilidad de presentar observaciones.

“¿Se hace así para evitar cualquier medida cautelar?”, preguntó la excongresista sobre la vigencia de la norma el mismo día de las movilizaciones.