Presidencia pidió a la Fiscalía investigar ataques de Matador hacia la primera dama, Ana Lucía Pineda: "Defendemos el derecho de toda mujer"

Un día después de que el caricaturista Julio César González, mejor conocido como “Matador”, se refiriera a la primera dama de la República, Ana Lucía Pineda, usando términos peyorativos como “ratita” y “pati raquítica” en protesta por las demoras en la ejecución de recursos recaudados por el Fondo Milagro para las víctimas del terremoto del 10 de agosto, desde la Presidencia de Colombia exigieron al también excandidato retractarse de sus palabras.

A través de un comunicado oficial, el Gobierno nacional y su gabinete ministerial rechazaron las expresiones contra Pineda y pidieron a la Fiscalía General de la Nación que determine si corresponde activar mecanismos legales por posibles conductas sancionables.

El pronunciamiento cuestionó en particular el uso del término “ratica” y las referencias a la apariencia física de la esposa del presidente. La Presidencia de la República sostuvo que la animalización y las burlas sobre el aspecto de una mujer constituyen formas de descalificación misógina que pueden afectar su dignidad y su liderazgo público.

Las autoridades señalaron que la crítica política, la sátira y el disenso están protegidos por la libertad de expresión. Sin embargo, afirmaron que ese derecho no impide rechazar expresiones degradantes o discriminatorias dirigidas contra las mujeres.

“Históricamente, las mujeres han tenido que enfrentar enormes barreras para conquistar y consolidar espacios de liderazgo en la vida pública. Cada avance ha exigido superar prejuicios, discriminación y distintas formas de violencia que buscan desacreditarlas, silenciarlas o reducir su participación. Ejercer un liderazgo público no puede significar renunciar a la dignidad ni aceptar la humillación como el precio de ser mujer”, señaló la Presidencia.

La posición oficial recordó que la Ley 1257 de 2008 establece medidas para prevenir y sancionar la violencia contra las mujeres, incluida la violencia psicológica. También citó la Ley 2453 de 2025, que contempla mecanismos frente a agresiones contra mujeres que ejercen sus derechos políticos.

Esa norma abarca conductas basadas en el género que puedan perjudicar el liderazgo, la participación y la imagen pública de las mujeres. El Gobierno pidió a la Fiscalía que examine las expresiones mencionadas con diligencia, independencia y respeto por el debido proceso.

“La misoginia no puede disfrazarse de humor ni utilizarse como instrumento de confrontación política. La libertad de expresión protege la crítica, la sátira y el debate democrático, pero también existe el derecho de rechazar públicamente las expresiones degradantes y discriminatorias. Resulta inaceptable que las mujeres sigan enfrentando burlas sobre sus cuerpos, descalificaciones personales y expresiones deshumanizantes por ocupar espacios de visibilidad y liderazgo”, señala el pronunciamiento.

El comunicado sostuvo que corresponde exclusivamente a las autoridades competentes establecer si los hechos configuran una conducta sancionable. También planteó que las mujeres no deberían soportar humillaciones, ataques contra sus cuerpos ni expresiones deshumanizantes por ocupar espacios de visibilidad pública.

“Hacemos un llamado firme a la Fiscalía General de la Nación para que examine estas expresiones con la seriedad y diligencia que exige la protección de los derechos de las mujeres. Corresponde a las autoridades competentes determinar, con plena independencia y respeto por el debido proceso, si los hechos configuran alguna conducta sancionable y si procede activar los mecanismos legales correspondientes”, señaló el Ejecutivo.

El reclamo contra las condenas selectivas

El Ejecutivo afirmó que la lucha contra la violencia de género requiere coherencia institucional y rechazó que haya condenas selectivas según la ideología, el origen, el apellido o la posición pública de las afectadas.

Además, el Gobierno manifestó su solidaridad con la primera dama y con las mujeres colombianas que hayan enfrentado discriminación, humillaciones o violencia por ejercer liderazgo y participar en la vida pública.

“Defendemos la libertad de prensa, la caricatura y el disenso político. Pero también defendemos el derecho de toda mujer a que su dignidad sea respetada, sin que su apariencia física o su condición de género sean utilizadas como herramientas de descalificación. Expresamos nuestra solidaridad y respaldo a la primera dama de la Nación y a todas las mujeres colombianas que han enfrentado humillaciones, discriminación o violencia por ejercer su liderazgo y participar en la vida pública”, concluyó la Presidencia de la República.