Defensoría pide plan de protección para funcionarios del Inpec tras ataque a dragoneantes en Barranquilla

Las decisiones que buscan recuperar el control de las cárceles colombianas se desarrollan en medio de amenazas contra las autoridades y agresiones al personal penitenciario. La Defensoría del Pueblo advirtió sobre esta situación y pidió reforzar las medidas de seguridad para los funcionarios y sus familias, tras un nuevo ataque ocurrido en Barranquilla.

El episodio más reciente involucró a Shirly Dallana Acosta Marroquín y Daniel Steven Tapiero Alférez, dragoneantes del establecimiento penitenciario El Bosque. Ambos resultaron heridos cuando salían de su turno, según informó el organismo en un comunicado divulgado el domingo 11 de octubre.

La entidad también expresó su preocupación por las amenazas que el Ministerio de Justicia hizo públicas contra el presidente de la República, el ministro de Justicia, el director general del Inpec y los trabajadores del sistema penitenciario. Para la institución, estos hechos están relacionados con un escenario de intimidaciones que exige respuestas coordinadas de las autoridades.

Una cadena de ataques que viene desde 2024

La Defensoría recordó que las agresiones contra los servidores penitenciarios no son recientes. Entre los antecedentes mencionó el asesinato del director de la Cárcel Modelo, ocurrido en mayo de 2024, y los atentados perpetrados durante 2025 contra funcionarios del Inpec en Bogotá, Cali, Tuluá, Armenia, Cartagena y Neiva.

De acuerdo con el organismo, esos episodios dejaron víctimas mortales y afectaron a trabajadores de distintas áreas, incluidos dragoneantes y personal administrativo. La continuidad de los ataques, señaló, evidencia la necesidad de revisar y ampliar los mecanismos de protección para quienes trabajan en los centros de reclusión.

La entidad considera que las amenazas deben analizarse junto con las medidas adoptadas por el Gobierno para fortalecer la vigilancia y el control de las cárceles. Entre ellas están los traslados de personas privadas de la libertad hacia otros establecimientos, decisiones que, según advirtió, pueden generar riesgos que deben anticiparse. “Las amenazas y la violencia producidas buscan condicionar las decisiones legítimas y necesarias de las autoridades”, señaló la Defensoría al defender las actuaciones estatales orientadas a recuperar el control de los centros penitenciarios.

El organismo agregó que esas medidas “son especialmente necesarias para el control de los establecimientos de reclusión y para impedir que desde su interior se sigan cometiendo actos ilegales”.

Fiscalía y autoridades deben coordinar la protección

Ante este panorama, la Defensoría retomó las recomendaciones formuladas desde octubre de 2025 y propuso establecer un plan de protección con participación del Ministerio de Justicia, el Inpec, la Policía Nacional, la Unidad Nacional de Protección (UNP) y las autoridades territoriales.

La iniciativa contempla evaluaciones individuales de riesgo, mecanismos de seguridad dentro y fuera de las cárceles, rutas de atención inmediata y acompañamiento psicológico y jurídico para los funcionarios amenazados y sus familias. La entidad insistió en que la protección no debe limitarse al personal penitenciario, pues también debe considerar a sus allegados.

Otro de los llamados está dirigido a la Fiscalía General de la Nación, a la que solicitó avanzar con celeridad en las investigaciones por el ataque ocurrido en Barranquilla y las intimidaciones contra las autoridades nacionales. En particular, pidió “verificar la autenticidad del panfleto que ha circulado y judicializar a los responsables”.

La Defensoría también pidió al Ministerio de Justicia y al Inpec fortalecer el plan de seguridad penitenciaria y evaluar los riesgos asociados con los traslados de internos. Para ello, planteó considerar las condiciones de los establecimientos que reciben a la población privada de la libertad, garantizar sus derechos y anticipar las posibles consecuencias de los movimientos entre cárceles.

El organismo insistió en que recuperar el control de los centros de reclusión requiere medidas de seguridad respaldadas jurídicamente, pero también acciones preventivas que reduzcan la exposición de los funcionarios a nuevos ataques. La respuesta, sostuvo, debe integrar a las instituciones responsables de la seguridad, la investigación judicial y la protección de quienes trabajan en el sistema penitenciario.