Minería ilegal en Chocó habría financiado campañas políticas con oro en 2026: Gobierno alerta por próximas elecciones regionales

El Gobierno nacional advirtió que las rentas de la explotación ilegal de oro en el Baudó y en Nóvita, Chocó, donde fueron identificadas más de 100 retroexcavadoras sin autorización, habrían financiado campañas políticas de 2026 y podrían repetirse en las regionales de 2027.

La denuncia pública se conoció el domingo 11 de octubre a través de una comunicación del vocero del Gobierno nacional, Miller Soto. Según expuso, el ministro del Interior, Rodrigo Lara, abordó un helicóptero MI-17 y sobrevoló las zonas de explotación minera ilegal en el departamento del Chocó para verificar de primera mano la magnitud de la intervención sobre el territorio.

Desde el aire, según indicó Soto, se observaron terrenos abiertos a pala, ríos desviados y amplias áreas de tierra removida. El foco principal estuvo en el área del Baudó y en el corregimiento de San Lorenzo, en el municipio de Nóvita, donde se contabilizaron las retroexcavadoras que estaban operando sin permisos ambientales ni títulos mineros.

El vocero describió campamentos atribuidos a estructuras armadas, el uso de documentos falsos para ingresar a los predios, la utilización de productos químicos para el beneficio del oro y modificaciones severas sobre los cauces de los ríos. Para el Ejecutivo, esas imágenes confirman que no se trata de minería de subsistencia, sino de una operación de gran escala con capacidad logística y armada.

Una hipótesis en manos de la Fiscalía: oro ilegal en la política

El punto más sensible del anuncio es la hipótesis que, según Miller Soto, el ministro Lara ya llevó a la Fiscalía General de la Nación. De acuerdo con esa línea de investigación por verificar, parte de las rentas obtenidas de estas operaciones de extracción ilícita habría sido destinada a financiar campañas políticas de 2026.

La misma hipótesis plantea que ese esquema de financiación irregular podría repetirse en las elecciones regionales de 2027. El vocero no entregó nombres de candidatos, partidos o campañas presuntamente beneficiadas, ni identificó a personas específicas vinculadas. Aclaró que se trata de señalamientos que deberán ser objeto de verificación por parte de las autoridades competentes.

Sobre ese aspecto, Soto fue enfático en que quienes puedan tener responsabilidad deberán responder ante la justicia, sin distinción. La declaración busca poner en la agenda pública el vínculo entre economías ilícitas y contienda electoral, un fenómeno que históricamente ha afectado a regiones con alta presencia de minería criminal.

Del delito ambiental a delito contra la seguridad y la democracia

La propuesta central del Gobierno es cambiar el enfoque jurídico con el que se trata la gran minería ilegal. El ministro Rodrigo Lara anunció que presentará ante el Consejo de Política Criminal una iniciativa para abordar la minería criminal no solo como una infracción ambiental, sino como una actividad vinculada directamente con la financiación de grupos armados y otras economías ilícitas.

El objetivo, según explicó Soto, es incorporar esta actividad dentro de una estrategia integral contra las finanzas criminales, que también incluye la producción de cocaína y la extorsión. La tesis oficial es que las operaciones de gran escala no solo explotan recursos naturales, sino que alimentan el sostenimiento financiero de organizaciones armadas ilegales.

En palabras de la Presidencia, difundidas en su cuenta de X: “La gran minería criminal no es una simple infracción ambiental: es una caja de guerra y terror que destruye ríos, desvía recursos y financia la violencia”. El mensaje añadió que el estatuto anunciado busca enfrentar este flagelo como un aparato que alimenta el crimen y amenaza la democracia, con firmeza contra las mafias del oro y respaldo a quienes producen dentro de la legalidad.

El texto del estatuto será discutido y ajustado en el Consejo de Política Criminal antes de avanzar hacia el Congreso, donde se espera que se estudie y se defina su aprobación. Por ahora no hay fecha oficial para la radicación ni calendario legislativo.

Operaciones recientes contra las finanzas del oro ilegal

Como parte de la estrategia para golpear las fuentes de financiación, el vocero citó dos operaciones recientes ejecutadas por la fuerza pública contra centros de producción aurífera ilegal.

En Chaparral, Tolima, el Ejército desmanteló dos centros de producción atribuidos a la Comisión Jerónimo Galeano. De acuerdo con las cifras citadas por el Gobierno, esas instalaciones tenían una capacidad de producción aproximada de 6.000 gramos de oro mensuales, con un valor cercano a los $2.880 millones, según los reportes oficiales.

En Yuto, Chocó, fueron inutilizadas cuatro excavadoras que, según lo indicado, pertenecían a una subestructura del Clan del Golfo. No se entregaron detalles sobre fechas exactas de los procedimientos ni sobre capturas, pero las autoridades relacionaron estas acciones con la misma doctrina de afectar las economías que sostienen a los grupos armados.

Chocó: entre la emergencia por el terremoto y la presión criminal

El anuncio ocurre en un contexto de crisis humanitaria en el Chocó, departamento que continúa afectado por las consecuencias del terremoto del 10 de agosto, además de problemáticas de violencia, desplazamiento y explotación ilegal de recursos. La Defensoría del Pueblo ya se refirió a la gravedad de la situación en la región.

Soto sostuvo que las labores de reconstrucción deben desarrollarse sin que continúen las intervenciones ilegales sobre los ríos y los terrenos. En su pronunciamiento diferenció entre la minería formal y la criminal, señalando que el Gobierno mantendrá las acciones contra la extracción ilícita y promoverá la formalización de quienes quieran desarrollar esta actividad conforme a la ley.

En su comunicación, el vocero insistió en esa diferenciación: “El minero formal no es el enemigo. El enemigo es el que invade, el que pone el clan de portero y el que lava campaña con oro de predio ajeno”.

Mientras tanto, la Fiscalía General de la Nación tendrá la responsabilidad de investigar la denuncia sobre Nóvita y el Baudó, y la fuerza pública deberá continuar con el rastreo de la maquinaria empleada en las explotaciones.