Superintendencia de Salud anunció medidas para mejorar la atención en el hospital de San Andrés

La Superintendencia Nacional de Salud (SuperSalud) ordenó 30 medidas de cumplimiento inmediato al Hospital Departamental de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, para corregir problemas que afectan la calidad, oportunidad y seguridad de la atención. En total son 23 medidas que fueron dirigidas al hospital y siete a la Gobernación del Archipiélago.

La entidad activó un plan de seguimiento permanente para verificar el cumplimiento de las órdenes y continuar el análisis de la prestación de los servicios. Las visitas de inspección detectaron incumplimientos en la atención médica, la seguridad del paciente, los pagos a especialistas, la disponibilidad de medicamentos e insumos, la infraestructura y la gestión administrativa y financiera.

El hospital deberá vincular un director científico de tiempo completo, normalizar los pagos por servicios médicos especializados y fortalecer urgencias, hospitalización, la UCI, salud mental, la unidad renal, cirugía, el laboratorio clínico y el banco de sangre. También tendrá que reducir los retrasos en estudios diagnósticos, gestionar las listas de espera quirúrgicas, garantizar medicamentos e insumos, mejorar la dotación de sus sedes y corregir los retrasos en los pagos al personal.

La Secretaría Departamental de Salud deberá verificar que los servicios reportados correspondan a los disponibles, controlar el mantenimiento de la infraestructura y la dotación, garantizar las condiciones para la atención y contar con personal idóneo para los procesos administrativos sancionatorios.

Dicha entidad territorial tendrá que revisar los recursos asignados al hospital en 2023, evaluar los proyectos financiados y actualizar los planes de acción que se financiarán con recursos de 2024, 2025 y 2026.

Preocupante informe sobre la salud en las capitales

De otro lado, las 31 capitales incluidas en el diagnóstico de Unips y Asocapitales reportaron niveles de riesgo alto o crítico para sus sistemas de salud, sin que ninguna quedara en las franjas baja o moderada. El panorama, construido con información de todas las secretarías de salud capitalinas —sin incluir al archipiélago de San Andrés por su condición insular—, identifica presiones sobre la continuidad de los servicios, los medicamentos y la financiación de hospitales y clínicas.

El Índice Territorial de Riesgo del Sistema de Salud alcanzó un promedio de 71 puntos sobre 100: 15 ciudades quedaron en banda crítica y las otras 16, en banda alta. Las organizaciones aclararon que la medición no evalúa la gestión de las administraciones locales, sino el nivel de riesgo informado para la prestación ininterrumpida de la atención.

El acceso a los servicios constituye el problema más extendido: 30 ciudades registraron riesgo alto o crítico en esta dimensión y 27 señalaron que las barreras aumentaron de manera significativa durante el último año. Entre los obstáculos aparecen las demoras en autorizaciones, las dificultades para trasladar pacientes entre prestadores y los problemas para entregar tratamientos.

Medicamentos, contratos y deudas, entre los principales riesgos

Las entidades promotoras de salud concentran parte de las alertas financieras y operativas. De las 197 EPS con presencia en las capitales analizadas, 87 están sometidas a medidas especiales. La continuidad de la atención fue calificada como un riesgo alto o crítico por 26 capitales. Las fallas más graves se ubican en los mecanismos de referencia y contrarreferencia, que organizan el traslado de pacientes entre prestadores de acuerdo con su estado de salud, además de la entrega de medicamentos y los pagos a la red asistencial.

La interrupción de contratos entre EPS e instituciones prestadoras de servicios de salud, o IPS, fue identificada como la amenaza principal. La red pública y privada también afronta un deterioro: 14 ciudades la calificaron como deteriorada y 13 advirtieron que está en riesgo de colapso.

Los problemas financieros alcanzaron niveles críticos o altos en 28 capitales. Las secretarías asociaron esta situación con la cartera, es decir, las deudas acumuladas; los incumplimientos de pago de las EPS, la insuficiencia financiera de las IPS y la terminación de contratos.

Los pacientes que requieren atención de alta complejidad aparecen entre los grupos más expuestos. Un total de 23 ciudades reportó dificultades críticas para el abastecimiento ambulatorio de medicamentos, mientras que 27 ubicaron la interrupción de tratamientos de alto costo entre los riesgos prioritarios.

Las peticiones, quejas, reclamos y denuncias aumentaron más de 30% en 23 capitales. El desabastecimiento de medicamentos y la suspensión de tratamientos costosos fueron los hechos que más afectaron a los usuarios, de acuerdo con las respuestas territoriales.