
Colombia permanece en el nivel 2 del Informe sobre Trata de Personas de 2026 elaborado por el Departamento de Estado de Estados Unidos, una categoría que agrupa a los países cuyos gobiernos no cumplen plenamente los estándares mínimos establecidos por la legislación estadounidense para combatir este delito, aunque realizan esfuerzos significativos para alcanzarlos.
La evaluación corresponde al periodo comprendido entre el 1 de abril de 2025 y el 31 de marzo de 2026, durante la administración del entonces presidente Gustavo Petro.
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De acuerdo con la información publicada por Blu Radio, la clasificación indica que Colombia todavía enfrenta desafíos en aspectos como la investigación y judicialización de los responsables, la imposición de condenas adecuadas, la identificación y protección de las víctimas y el fortalecimiento de las medidas de prevención.
Sin embargo, la información general divulgada sobre el informe no precisa cuáles de esos frentes fueron considerados los principales problemas específicos de Colombia durante el periodo analizado.

Qué significa estar en el nivel 2
El Departamento de Estado organiza a los países de acuerdo con el nivel de cumplimiento de los estándares establecidos por la Ley de Protección de Víctimas de la Trata de Estados Unidos.
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El nivel 2 no implica que un Gobierno haya dejado de actuar contra este delito. Por el contrario, la categoría reconoce que existen esfuerzos relevantes, aunque estos todavía no son suficientes para cumplir plenamente con los parámetros definidos por Washington.
La clasificación tampoco depende exclusivamente de la cantidad de casos registrados o de la magnitud del fenómeno dentro de cada país.
El informe tiene en cuenta principalmente la respuesta institucional, los esfuerzos de prevención, la persecución penal de los responsables y las medidas de asistencia y protección a las víctimas.
Estados Unidos también aclara que pertenecer al nivel 1, la categoría más alta del reporte, no significa que un país haya eliminado la trata de personas ni que haya resuelto todos los problemas asociados a este delito.
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Colombia comparte el nivel 2 con países como México, Brasil, Ecuador, Perú, Panamá, Guatemala, Honduras, India, Japón, Italia, Suiza, Tailandia, Ucrania y Nueva Zelanda, entre otros.
La permanencia del país en esta categoría significa que, desde la perspectiva del Departamento de Estado estadounidense, aún existen aspectos de la respuesta estatal que requieren fortalecimiento.
Menos judicializaciones, pero más condenas en la región
El informe también presenta cifras generales para el hemisferio occidental, que incluye los países y territorios de América y el Caribe.
Según esos datos, las judicializaciones relacionadas con delitos de trata de personas disminuyeron entre 2024 y 2025, al pasar de 1.860 a 1.493.
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En contraste, el número de condenas aumentó durante el mismo periodo.
Las sentencias condenatorias pasaron de 662 a 855, mientras que la cantidad de víctimas identificadas disminuyó de 22.417 a 20.910.
Estas cifras corresponden al conjunto del hemisferio occidental y no exclusivamente a Colombia.
El reporte estadounidense también mantiene reparos sobre fenómenos asociados a la trata y el reclutamiento, aunque la información suministrada no detalla cifras particulares de reclutamiento para el caso colombiano.
La evaluación pone el foco en la capacidad institucional para investigar las conductas, llevar a los responsables ante la justicia y garantizar atención adecuada a quienes resultan afectados.
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En el caso colombiano, la permanencia en el nivel 2 supone que Estados Unidos reconoce acciones emprendidas por el Estado, pero considera que todavía no alcanzan los estándares mínimos exigidos por su marco de evaluación.
La clasificación debe leerse además dentro del periodo concreto examinado por Washington, pues el documento de 2026 analiza las actuaciones gubernamentales desarrolladas entre abril de 2025 y marzo de 2026.
Por ahora, Colombia continúa dentro del grupo de países que, según el Departamento de Estado, mantienen esfuerzos significativos contra la trata de personas, pero todavía tienen tareas pendientes para alcanzar el máximo nivel de cumplimiento.
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