La Corte Constitucional revisará la tutela que ordenó a María Fernanda Cabal ofrecer disculpas y reconocer la participación de agentes estatales en el exterminio de la Unión Patriótica (UP), según reveló La Silla Vacía.
La decisión abre la posibilidad de que el alto tribunal mantenga o revoque las órdenes dictadas en primera y segunda instancia, además de establecer criterios sobre los límites de la libertad de expresión de los funcionarios públicos.
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La Sala de Selección, integrada por los magistrados Jorge Enrique Ibáñez y Carlos Camargo, escogió el expediente tras una solicitud presentada por la entonces senadora y hoy excongresista. Según informó el medio citado, Ibáñez sostuvo que el caso plantea asuntos novedosos relacionados con “la responsabilidad en el ejercicio de la libertad de expresión de funcionarios públicos”.
La revisión no implica que las sentencias favorables a las víctimas hayan perdido vigencia. La Corte Constitucional deberá estudiar el expediente y definir si confirma las decisiones del Juzgado 45 Civil Municipal y del Juzgado 58 Civil del Circuito de Bogotá, o si las deja sin efecto.
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La Corte definirá el alcance de la libertad de expresión de los funcionarios públicos
El expediente llega a la Corte Constitucional después de que la exsenadora solicitara la revisión de los fallos. El alto tribunal es la última instancia para examinar decisiones de tutela y puede unificar jurisprudencia cuando advierte que un asunto tiene relevancia constitucional.
El debate central estará en la relación entre el derecho a la libertad de expresión de una figura política y las obligaciones de respeto a la memoria, la dignidad y los derechos de las víctimas de crímenes contra la UP.
La sentencia de segunda instancia concluyó que las declaraciones cuestionadas no correspondían con los hechos demostrados en el proceso. El fallo consideró que el exterminio de la organización no puede desligarse de la participación y responsabilidad de estructuras estatales, además de grupos paramilitares.
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La tutela surgió por declaraciones de Cabal en una entrevista de octubre de 2025
La acción judicial fue promovida por la defensora del Pueblo, Iris Marín, después de una entrevista que Cabal concedió al subdirector de La Silla Vacía, Daniel Pacheco, en octubre de 2025.
La Defensoría del Pueblo consideró que varias expresiones de la entonces senadora reproducían un discurso estigmatizante contra la Unión Patriótica, una organización política que fue víctima de asesinatos, desapariciones y otras violaciones de derechos humanos desde mediados de la década de 1980.
Durante ese diálogo, Cabal cuestionó la afirmación de que el Estado tuvo responsabilidad en el exterminio de la UP y le dijo a Pacheco que tenía “cemento en el cerebro”. La tutela sostuvo que ese tipo de manifestaciones desconoce hechos establecidos por instancias judiciales nacionales e internacionales y puede afectar los derechos de las víctimas.
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Los fallos de dos juzgados de Bogotá obligan a la exsenadora a corregir sus afirmaciones mientras los magistrados deciden si confirman o anulan las decisiones judiciales en última instancia de tutela - crédito @MariaFdaCabal/X
Los jueces que conocieron el caso ordenaron a Cabal emitir un pronunciamiento público de disculpas. En un video, la dirigente afirmó que acataba la decisión, aunque indicó que mantendría su defensa de la libertad de expresión en el debate político.
“A las víctimas e integrantes de la Unión Patriótica representadas por la Corporación Reiniciar les ofrezco la disculpa que esta orden me impone”, manifestó Cabal. También dijo que seguiría defendiendo sus convicciones “por las vías constitucionales”.
La responsabilidad estatal por el exterminio de la UP fue establecida por la Corte Interamericana
En julio de 2022, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Cidh) declaró responsable al Estado colombiano por violaciones a los derechos de integrantes y militantes de la Unión Patriótica desde 1984 y durante más de dos décadas.
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El tribunal internacional ordenó medidas de reparación y acciones para preservar la memoria de las víctimas. El caso también ha sido documentado por la Fiscalía, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), la Comisión de la Verdad y el Centro Nacional de Memoria Histórica.
Aunque integrantes de las entonces Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc) y del Ejército de Liberación Nacional (ELN) cometieron delitos contra miembros de la UP, las investigaciones y decisiones judiciales han señalado a grupos paramilitares y a agentes estatales entre los principales responsables de la persecución contra esa colectividad.
La selección del caso coincidió con cuestionamientos por la participación de Ibáñez y Camargo en la decisión, debido a que ambos fueron elegidos por el Senado durante el periodo en que Cabal ocupó una curul. La exsenadora celebró públicamente la elección de Camargo como magistrado, según registros citados por La Silla Vacía.
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