La fuerza pública registró 318 ataques con drones en Colombia entre el 1 de enero y el 1 de octubre de 2026, un promedio de un hecho cada 20 horas. Así lo reveló un análisis publicado por la Fundación Ideas para la Paz (FIP).
El informe advierte que los grupos armados ilegales (como el ELN, las disidencias de las Farc y el Clan del Golfo, entre otros) han convertido tecnologías comerciales de bajo costo en una herramienta para vigilar, atacar y ejercer control territorial.
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Desde 2023 y hasta el 1 de octubre de 2026, se contabilizaron 716 acciones con estos artefactos. Agosto fue el mes con mayor número de hechos, con 56 ataques, y los departamentos de Cauca, Chocó, Valle del Cauca y Norte de Santander concentraron el 71% de los casos documentados.
Desde la FIP se atribuye el 95% de los ataques a dos organizaciones: el Estado Mayor Central (EMC), lideradas por Néstor Gregorio Vera Fernández, alias Iván Mordisco, con el 72%; y el Ejército de Liberación Nacional (ELN), cuya comandante del Frente de Guerra Nororiental Luz Amanda Pallares, alias Silvana Guerrero, fue declarada objetivo de alto valor por De la Espriella, con el 23%.
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El análisis detalló que las estructuras armadas emplean drones para lanzar explosivos, obtener información sobre movimientos de la fuerza pública y vigilar comunidades y zonas de interés económico.
Los ataques contra el radar de Candelaria y una estación de Policía muestran el alcance de la amenaza
La fundación citó dos episodios recientes para ilustrar la expansión de esta modalidad. El 16 de septiembre de 2026, tres drones kamikaze atribuidos al Bloque Occidental Jacobo Arenas, estructura asociada al EMC, impactaron semanas atrás el radar aeronáutico 3D de Candelaria, Valle del Cauca. El equipo hace parte de un proyecto valorado en más de $370.000 millones, orientado a mejorar la cobertura y la seguridad aérea del país. Por otro lado, el 5 de octubre, otro dron fue utilizado para atacar una estación de Policía en Aguachica, Cesar.
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Para la FIP, estos hechos reflejan una ofensiva que busca disputar al Estado el control del espacio aéreo. Los ataques ya no se limitan a posiciones militares ubicadas en zonas rurales, y ahora también alcanzan infraestructura estratégica y centros urbanos o semiurbanos.
El primer ataque con explosivos mediante un dron en Colombia fue registrado en julio de 2023 en Puerto Guzmán, Putumayo, y fue atribuido a los Comandos de la Frontera, y cuyo cabecilla Geovany Andrés Rojas, alias Araña, fue extraditado a los EE. UU. el viernes 25 de septiembre por parte del Gobierno de Abelardo de la Espriella.
La modalidad se consolidó después, con 119 ataques en 2024 y 277 en 2025. En enero de 2026, el frente Carlos Patiño del EMC utilizó por primera vez drones kamikaze contra la Fuerza Pública en Patía, Cauca, de acuerdo con el informe.
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El EMC y el ELN ampliaron sus capacidades para atacar a distancia: ventajas para los grupos armados
El EMC aparece como la organización con mayor número de hechos desde 2023, con 512 ataques atribuidos. Entre las estructuras señaladas están los frentes Jaime Martínez, Carlos Patiño, Dagoberto Ramos y Franco Benavides.
El ELN, por su parte, pasó de 36 ataques durante 2025 a 132 en lo corrido de 2026. Por este motivo, desde la fundación se advierte que la incorporación de drones a los planes armados de estas organizaciones les ofrece ventajas operativas frente a la Fuerza Pública y a grupos rivales.
Los dispositivos permiten verificar la seguridad de campamentos, identificar rutas, observar movimientos de autoridades y población civil, ubicar áreas de minería ilegal o cultivos de uso ilícito y apoyar labores de extorsión.
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Además, la formación de un operador de drones requiere menos tiempo que el entrenamiento de un combatiente. Los grupos pueden realizar ataques sin exponer directamente a sus integrantes, con equipos que tienen costos relativamente bajos frente al daño potencial que pueden causar.
La FIP citó un mensaje atribuido a “Iván Mordisco”, en el que se plantea que un dron cuyo valor comercial puede llegar a valer $36 millones podría fabricarse por cerca de $6 millones y cargarse con explosivos.
Los drones con fibra óptica dificultan la respuesta estatal
El Ministerio de Defensa ha informado que durante 2025 detectó cerca de 9.000 intentos de ataque y logró inhibir alrededor del 96%. Sin embargo, el informe de la FIP aseveró que el porcentaje restante es suficiente para causar daños a personas e infraestructura.
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La mayor preocupación está relacionada con la aparición de drones guiados por fibra óptica. Estos sistemas transmiten la señal a través de un cable, por lo que no dependen de radiofrecuencias y no pueden ser neutralizados mediante inhibidores convencionales.
El acceso a estos equipos se ha ampliado por la oferta global de tecnología comercial y por los aprendizajes derivados de la guerra entre Rusia y Ucrania.
Según el informe, grupos armados ilegales habrían enviado personas a capacitarse en Venezuela y, más recientemente, habrían creado escuelas propias de operadores en Colombia.
También existirían casos de formación en academias legales, contratación de instructores con experiencia en Ucrania o envío de integrantes a ese país para aprender técnicas de operación y adaptación de drones.
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Los ataques con drones dejaron 487 personas afectadas desde 2024
Desde 2024, los ataques con drones han afectado a 487 personas, según las cifras recopiladas por la FIP. Entre la población civil se registraron 55 heridos y seis muertos. Por su parte, entre los miembros de la fuerza pública, el balance es de 401 heridos y 25 fallecidos.
El impacto no se limita a las víctimas directas. El informe menciona desplazamientos, confinamientos, restricciones a la movilidad y obstáculos para actividades cotidianas en comunidades que viven bajo vigilancia de grupos armados.
Mientras que el Comité Internacional de la Cruz Roja y la Defensoría del Pueblo han alertado sobre los efectos para niños, mujeres y comunidades étnicas. También han destacado riesgos para misiones humanitarias y para el acceso a educación en zonas afectadas por el conflicto.
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Qué debería hacer el gobierno De la Espriella: la FIP pide priorizar a instructores y proveedores
El Estado activó en 2025 (durante la administración de Gustavo Petro) el primer Batallón Antidrones del país y restringió la entrada de partes para fabricar estos equipos a los puertos de Cartagena y Bogotá.
En 2026, el gobierno Petro también presentó el proyecto Escudo Nacional Antidrones, valorado en $6,7 billones, cuya primera fase tendría una inversión aproximada de $1,1 billones.
La FIP considera necesarias esas medidas, pero sostiene que desde el gobierno de De la Espriella debe complementarse con acciones dirigidas a los nodos que sostienen la capacidad operativa de los grupos armados. Entre ellos menciona a instructores, proveedores de equipos, redes de abastecimiento y personas encargadas de adaptar la tecnología.
La fundación también planteó dos prioridades inmediatas: llevar capacidades antidrones a las unidades más pequeñas y alejadas de los centros urbanos, que suelen ser las más afectadas, y establecer protocolos de autoprotección para comunidades expuestas a este tipo de ataques.
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