Estados Unidos destapó presuntos vínculos de Maduro con las Farc y el ELN: habría negociado armas con ‘Timochenko’, ‘Iván Márquez’ y ‘Jesús Santrich’

Una presunta deuda derivada del narcotráfico habría puesto sobre la mesa una negociación entre Nicolás Maduro y los máximos dirigentes de las Farc para el suministro de explosivos provenientes de Venezuela. La operación, que habría involucrado a Rodrigo Londoño, alias Timochenko; Luciano Marín Arango, conocido como “Iván Márquez”, y Seuxis Pausias Hernández Solarte, alias Jesús Santrich, aparece descrita en una acusación presentada ante la justicia federal estadounidense.

El documento forma parte del proceso judicial que enfrenta Maduro junto con su esposa, Cilia Flores, y expone presuntas conexiones entre integrantes del poder venezolano y organizaciones armadas colombianas. Según la Fiscalía de Estados Unidos, las relaciones no se habrían limitado al tráfico de estupefacientes, también habrían comprendido acuerdos para facilitar el acceso a armas y otros recursos militares.

La acusación, de 30 páginas, incluye un episodio ocurrido presuntamente después de la muerte de Hugo Chávez, en marzo de 2013. Para ese momento, Maduro habría sostenido un encuentro con Flores y los tres antiguos comandantes de las Farc para abordar una obligación económica pendiente con la organización guerrillera.

La hipótesis de los investigadores es que Maduro habría recurrido a material militar venezolano como forma de pago de una deuda vinculada con actividades de narcotráfico. El expediente no establece cuánto dinero se debía ni identifica el lugar exacto de la reunión, pero sí describe el supuesto compromiso alcanzado entre los participantes.

El supuesto acuerdo para pagar una deuda con las Farc

En la reconstrucción presentada por los fiscales, el suministro de explosivos habría sido la fórmula acordada para cubrir, al menos parcialmente, los compromisos económicos que Maduro presuntamente mantenía con la antigua guerrilla colombiana.

El documento sostiene que el mandatario venezolano “acordó vender explosivos de las reservas militares venezolanas” a las Farc. Según la acusación, Maduro sabía que la entrega de esos elementos podía aumentar la capacidad de la organización para ejecutar ataques armados en territorio colombiano.

El señalamiento involucra a tres dirigentes que ocuparon posiciones centrales en la estructura de mando de las Farc. Rodrigo Londoño encabezó la organización durante su etapa final y posteriormente participó en el proceso de paz con el Estado colombiano. “Iván Márquez” y “Jesús Santrich”, por su parte, también fueron figuras destacadas de la antigua guerrilla y aparecen mencionados en otros apartados de las investigaciones estadounidenses sobre narcotráfico y armas.

La fecha atribuida a la reunión coincide con un periodo en el que las Farc adelantaban negociaciones de paz con el Gobierno colombiano. Sin embargo, la acusación no especifica si los explosivos fueron efectivamente entregados, cuántos habrían sido objeto del acuerdo ni cuáles habrían sido sus destinatarios finales.

El expediente sí amplía el señalamiento a otros años. Los fiscales indican que las presuntas operaciones de suministro de minas se habrían prolongado hasta aproximadamente 2015 e incluyen referencias a material fabricado en Cuba y a otras armas que habrían sido facilitadas a organizaciones armadas.

La información consignada no permite establecer qué operaciones militares se habrían realizado con esos elementos ni determinar su impacto concreto en el conflicto colombiano. Esos aspectos no aparecen precisados en los apartados conocidos de la acusación.

Militares venezolanos habrían transportado armas a cambio de cocaína

Los presuntos acuerdos con las Farc no serían el único mecanismo descrito por los investigadores estadounidenses. El documento también señala que integrantes de organismos militares y de inteligencia de Venezuela habrían intervenido en operaciones para movilizar armamento a cambio de cargamentos de cocaína.

Uno de los episodios habría ocurrido hacia 2017. Según la acusación, un funcionario identificado con el código ‘CC-3’ habría ordenado a integrantes de la Dirección General de Contrainteligencia Militar de Venezuela (DGCIM) transportar armas relacionadas con intercambios que involucraban droga procedente de las Farc y del Ejército de Liberación Nacional (ELN).

Para ejecutar esos traslados, los militares presuntamente utilizaron camiones destinados habitualmente al transporte de combustible. El material bélico habría sido llevado hasta un puerto venezolano para su posterior envío fuera del país.

En otro apartado, la Fiscalía menciona a un funcionario identificado como ‘CC-1’, a quien relaciona con cargamentos de cocaína obtenidos de las Farc y con operaciones de traslado de armas dirigidas a esa organización y al ELN. Los investigadores describen una presunta estructura en la que el tráfico de drogas habría estado conectado con la circulación de armamento y con la participación de funcionarios estatales.

No obstante, el documento no precisa la totalidad de las rutas utilizadas, el volumen de los cargamentos ni el destino final de todas las armas mencionadas. Los episodios forman parte de los hechos que la Fiscalía busca sustentar dentro del proceso judicial.

Los antecedentes de la investigación en Estados Unidos

Los señalamientos se suman a la acusación anunciada en marzo de 2020 por el Departamento de Justicia estadounidense contra Maduro y otros altos funcionarios venezolanos, a quienes atribuyó presunta participación en una conspiración de narcoterrorismo relacionada con las Farc.

Otro antecedente es el del general Hugo Armando Carvajal, quien dirigió la inteligencia militar venezolana. En junio de 2025, Carvajal se declaró culpable en Estados Unidos de cargos relacionados con narcoterrorismo, tráfico de cocaína y armas. De acuerdo con el Departamento de Justicia, el exmilitar habría colaborado con las Farc en actividades de narcotráfico y les habría proporcionado apoyo y armamento.

La acusación también recuerda que “Iván Márquez” y “Jesús Santrich” fueron señalados en Estados Unidos hacia 2020 por delitos relacionados con narcoterrorismo, narcotráfico y armas, en el marco de una acusación anterior.