
La Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia aceptó a Enterritorio como parte perjudicada en el proceso contra el exsenador Armando Benedetti por presunto tráfico de influencias. La entidad busca reclamar los daños que, según sostiene, sufrió durante un proceso de contratación del extinto Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo (Fonade).
La decisión se conoció durante la reactivación de las actuaciones preparatorias para el juicio contra Benedetti, investigado por su presunta intervención en un contrato adjudicado en 2017 a la Sociedad Cameral de Certificación Digital, Certicámara S. A.
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El alto tribunal consideró que Enterritorio, entidad que reemplazó a Fonade, tendría una afectación directa por los hechos examinados en el expediente. Por esa razón, admitió la solicitud para que participe como parte civil dentro del proceso penal y pueda plantear una eventual reclamación de perjuicios.
La Corte admitió la demanda de Enterritorio como parte civil
La solicitud de Enterritorio buscaba que la entidad fuera reconocida formalmente como víctima de las conductas atribuidas al entonces congresista. La defensa jurídica de la institución argumentó que el proceso de contratación habría sido utilizado para beneficiar intereses particulares, en detrimento de los principios que deben regir la función pública.

Según el auto de la Sala Especial de Primera Instancia, conocido por Caracol Radio, la entidad pública fue el escenario institucional sobre el cual habría recaído la influencia que la Fiscalía atribuye a Benedetti. El tribunal señaló que los hechos investigados se relacionan con un supuesto direccionamiento de la contratación a favor de una empresa privada.
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La Corte concluyó que la petición cumplía las condiciones para admitir a Enterritorio en calidad de perjudicado. La decisión no implica una definición sobre la responsabilidad penal del procesado, pero sí reconoce que la entidad podría haber sufrido consecuencias por las actuaciones que son materia de juzgamiento.
En el documento, el alto tribunal resumió la posición de la entidad al señalar que “la entidad habría sido utilizada como instrumento para la comisión de las conductas atribuidas al procesado, con afectación de los principios constitucionales de la función pública”.
Ese reconocimiento permitirá a Enterritorio intervenir en el trámite judicial para defender sus intereses y sustentar el daño que considera derivado de la actuación contractual bajo investigación. La entidad deberá precisar el alcance de sus pretensiones dentro de las etapas procesales correspondientes.
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El contrato investigado superó los $1.065 millones

El caso se concentra en el contrato 2017865 de 2017, cuyo valor ascendió a $1.065.617.000. El objeto incluía servicios de bodegaje, actualización de inventarios, digitalización e indexación de documentos, además del suministro de cajas y carpetas.
De acuerdo con la acusación, entre 2016 y 2017 Benedetti habría ejercido influencia sobre Jorge Iván Henao Ordóñez, entonces asesor de Fonade, con el propósito de favorecer a Certicámara S. A. dentro del proceso de selección.
La hipótesis expuesta en el expediente sostiene que se adelantaron gestiones para facilitar la participación de la compañía y lograr la adjudicación del negocio jurídico. La Fiscalía investiga si esas acciones alteraron el curso regular de la contratación pública y respondieron a una intervención indebida desde el Congreso.
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El proceso se refiere a una serie de contratos que, según las autoridades, habrían sido direccionados entre agosto de 2016 y agosto de 2017 en el antiguo Fonade. El contrato otorgado a Certicámara figura entre los hechos que llevaron a la investigación contra el exsenador.
La admisión de Enterritorio añade una parte institucional al expediente. Hasta ahora, el debate judicial se concentra en establecer si existió una influencia indebida para favorecer a la empresa y cuál fue el papel de los funcionarios y particulares mencionados en la investigación.

El juicio se reactivó con una declaración sobre el manejo político de Fonade
Las preparatorias de juicio contra Armando Benedetti comenzaron el 15 de septiembre de 2026 ante la Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia. El exsenador enfrenta el proceso por el delito de tráfico de influencias.
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Dentro de las decisiones previas, la Corte Suprema precluyó la investigación por interés indebido en la celebración de contratos. De este modo, el juicio continúa únicamente por el cargo de tráfico de influencias, relacionado con la presunta intervención en favor de Certicámara.
El 19 de noviembre de 2026 declaró Héctor Julio Álvarez, contratista del antiguo Fonade y uno de los testigos centrales del caso. Según informó el medio citado, Álvarez amplió su relato sobre el supuesto manejo político de la entidad durante el período examinado.
Álvarez suscribió un principio de oportunidad con la Fiscalía en 2019. Su testimonio fue considerado relevante para reconstruir la forma en que se habrían gestionado contratos dentro de Fonade y las comunicaciones entre quienes participaron en los procesos revisados por las autoridades.
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