La Procuraduría General de la Nación formuló cargos contra el exsecretario de Planeación e Infraestructura de Santo Domingo, Antioquia, Sebastián Álvarez Cardona, por presuntas irregularidades en la supervisión de un contrato interadministrativo de la vigencia 2024 destinado al mantenimiento y mejoramiento de la Feria del Ganado del municipio.
La actuación disciplinaria, a cargo de la Procuraduría Provincial de Valle de Aburrá, se centra en las obligaciones que tenía el entonces funcionario durante la ejecución del acuerdo suscrito por la administración municipal. El ente de control calificó de manera provisional la conducta como una falta grave a título de culpa grave.
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El contrato objeto de revisión fue celebrado entre el municipio de Santo Domingo y la Empresa de Desarrollo Urbano del Occidente, Eduoccidente, por $162 millones. Su propósito era adelantar trabajos de mantenimiento y mejoramiento en la Feria del Ganado, un escenario incluido en el acuerdo interadministrativo examinado por el Ministerio Público.
De acuerdo con la investigación, Álvarez Cardona habría dejado de verificar y documentar el cumplimiento de las condiciones requeridas durante la ejecución del negocio jurídico. La supervisión contractual comprende el seguimiento a las obligaciones pactadas y el registro de las actuaciones que permitan establecer si los compromisos se cumplieron conforme a lo acordado.
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La investigación busca establecer el alcance de la supervisión ejercida
La formulación de cargos abre una etapa del proceso en la que se analizarán los hechos atribuidos al exsecretario y los elementos relacionados con su labor de supervisión. La calificación de la conducta es provisional, por lo que podrá ser objeto de evaluación dentro de la actuación disciplinaria.
El caso se concentra en determinar si hubo incumplimiento de los deberes asociados al control del contrato de 2024, particularmente frente a la revisión de las condiciones exigidas y a la constancia documental de ese seguimiento. La Procuraduría continuará con las actuaciones previstas para esclarecer la responsabilidad disciplinaria del exfuncionario.
Fiscalía imputó a excontratista por presuntas irregularidades en una vía del Cauca
En otro proceso relacionado con la contratación de infraestructura, la Fiscalía General de la Nación imputó el 3 de octubre de 2026 a Rafael Antonio Henao, excontratista del Ministerio de Transporte, por presuntas actuaciones irregulares ligadas a un proyecto de mejoramiento vial entre Corinto y Toribío, en el departamento del Cauca.
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La investigación se refiere a hechos de 2018, cuando Henao prestaba servicios para la Dirección de Infraestructura de esa cartera. Entre sus tareas figuraban el apoyo a la gestión y el seguimiento de proyectos financiados con recursos del Sistema General de Regalías, además de la revisión de requisitos e informes de viabilidad presentados para las iniciativas.
El ente acusador sostiene que el entonces contratista emitió tres conceptos técnicos favorables sobre la propuesta para intervenir un tramo de vía rural. Los documentos, fechados el 27 de noviembre y el 18 y 28 de diciembre de 2018, respaldaron el trámite que permitió autorizar la ejecución del proyecto bajo la modalidad de obras por impuestos.
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La Fiscalía investiga si esos conceptos estuvieron vinculados con la entrega de un automóvil avaluado en $90 millones. De acuerdo con la hipótesis presentada por el organismo judicial, el vehículo habría sido recibido como contraprestación por las actuaciones técnicas favorables para la iniciativa. La entrega se habría producido entre el 19 y el 22 de diciembre de 2018, mientras que el traspaso formal del automotor ocurrió nueve meses después, según la información divulgada sobre el caso.
Durante la audiencia, un fiscal de la Dirección Especializada contra la Corrupción imputó a Henao los delitos de enriquecimiento ilícito de particulares y cohecho impropio. La investigación incluye documentos del trámite del proyecto, así como información sobre reuniones y comunicaciones que el excontratista habría sostenido con la persona interesada en ejecutar las obras.
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La Fiscalía continúa con la indagación para establecer la relación entre los conceptos emitidos, los contactos atribuidos al procesado y la presunta entrega del vehículo. La imputación corresponde a una etapa inicial del proceso penal y no implica una declaración de responsabilidad.
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