Cambio Radical anunció respaldo pleno al plan del Gobierno nacional sobre la consulta previa: en qué consiste

El Partido Cambio Radical expresó públicamente su respaldo al Plan de Destrabe, Transformación y Sistematización de la Consulta Previa, presentado por Rodrigo Lara Restrepo, ministerio del Interior.

La iniciativa busca reformar este mecanismo, definido oficialmente como “es el derecho fundamental que tienen los grupos étnicos, de poder decidir sobre medidas (legislativas y administrativas) o proyectos, obras o actividades que se vayan a realizar dentro de sus territorios”.

La consulta previa busca “proteger su integridad cultural, social y económica y garantizar el derecho a la participación”, según el Ministerio del Interior.

Cambio Radical sostuvo que respaldará la propuesta, que busca reducir los retrasos en los trámites y ofrecer mayor seguridad jurídica a los proyectos productivos.

“Es un paso fundamental e inaplazable para superar el rezago institucional, garantizar la seguridad jurídica y reactivar los sectores productivos que hoy se encuentran paralizados por la excesiva burocracia y la falta de control en los procesos de consulta”, se leyó en el boletín publicado por voceros de la corporación política el 6 de octubre de 2026.

En la comunicación, el codirector de Cambio Radical, Enrique Vargas Lleras, afirmó que la propuesta coincide con iniciativas legislativas que la bancada promovió con anterioridad.

Por tal motivo, Vargas Lleras indicó que aún en el país “urge fijar tiempos límite, otorgar reglas de juego claras a las comunidades y a los inversionistas, y evitar que este mecanismo constitucional sea utilizado como una barrera indefinida para el desarrollo de la infraestructura, la energía y la minería del país”.

El partido destacó la digitalización y depuración de expedientes durante los primeros 30 días, así como la creación de una Ventanilla Única Digital en un plazo de 45 días. También valoró la asignación de responsables y cronogramas por sectores, junto con un esquema de control independiente y reglas de cierre previstas a 90 días.

La colectividad consideró que las medidas propuestas podrían agilizar los procesos de consulta previa sin afectar las garantías de las comunidades étnicas.

“La parálisis de los proyectos de infraestructura, energía y conectividad cuesta billones de pesos al país y frena la generación de empleo formal en las regiones más vulnerables”, manifestó Vargas Lleras.

Los detalles del plan impulsado por el ministro del Interior

El jefe de la cartera, Rodrigo Lara Restrepo, anunció la propuesta contempla que, en 30 días, el Ministerio del Interior cuente con un inventario de los trámites pendientes, clasificados por sector, etapa y antigüedad.

La cartera busca además digitalizar el 100% de los expedientes represados y crear un archivo digital único para cada proceso.

A través de sus redes sociales, el alto funcionario explicó que parte de la información permanece en computadores de contratistas y funcionarios, sin un sistema centralizado que permita identificar el estado de las solicitudes. “La consulta previa se respeta. El represamiento, no”, afirmó.

El plan prevé poner en marcha, en un plazo de 45 días, una Ventanilla Única Digital para radicar solicitudes de consulta previa y licencias ambientales. Por ende, cada nuevo trámite tendría un expediente electrónico desde su presentación.

El Ministerio del Interior también trabaja con el Ministerio de Ambiente en un decreto para permitir que las consultas previas y los trámites de licencia ambiental avancen de forma paralela o concurrente.

La Dirección de Consulta Previa será reorganizada por sectores, entre ellos hidrocarburos, minería, energía, telecomunicaciones, asuntos ambientales y medidas administrativas. Cada área tendrá un líder sectorial y los proyectos contarán con un funcionario responsable, un cronograma y una fecha prevista para la siguiente actuación.

A los 60 días, el Gobierno espera habilitar tableros de control para verificar responsables, términos, alertas y fechas límite de cada expediente. En 90 días se prevé conformar un comité independiente, con participación de un asesor externo, para monitorear los procesos que permanezcan bloqueados.

“El núcleo del derecho no se toca. Lo que se acaba es el expediente sin dueño, el trámite opaco y el proceso que no cierra”, sostuvo el ministro.

Lara agregó que el Ejecutivo promoverá una directiva presidencial y un proyecto de ley para dar “seguridad jurídica, precisión y transparencia” al procedimiento.

También anticipó una modificación al cierre de los procesos: “Eliminamos el test de proporcionalidad. No reemplaza el diálogo ni el derecho. Solo evita que, agotada la actuación, el cierre quede suspendido en un trámite adicional sin término”.