Abelardo de la Espriella ordenó finalizar contrato de Altus Baquero, exmagistrado del CNE, en el Ministerio del Interior: por qué motivo

El 7 de octubre de 2026, fue revelado que el Ministerio del Interior había contratado al exmagistrado del Consejo Nacional Electoral (CNE) Altus Alejandro Baquero con el fin de prestar asesoría jurídica al despacho del ministro en temas relacionados con la formulación de decisiones y las estrategias de implementación en relación con asuntos temáticos y conexos de la Dirección de Seguridad, Convivencia Ciudadana y Gobierno.

Ante ello, el presidente de la República, Abelardo de la Espriella, ordenó cancelar el contrato de la cartera liderada por Rodrigo Lara, según reveló una alta fuente gubernamental a El Tiempo. La instrucción llegó después de que el mandatario conociera la información sobre esa vinculación.

La orden presidencial, transmitida al ministro del Interior, Rodrigo Lara, orientada a poner fin al vínculo contractual.

Cabe recordar que el acuerdo, por $60.000.000 y con vigencia de 91 días, había sido firmado para que Baquero prestara servicios hasta el 31 de diciembre de 2026. El exmagistrado había hecho parte del tribunal electoral y, durante su periodo allí, acompañó varias decisiones respaldadas por el bloque afín al entonces presidente Gustavo Petro.

Baquero debía entregar conceptos e insumos para decisiones del Ministerio del Interior

De acuerdo con el documento, el asesor debía elaborar conceptos en derecho administrativo, revisar la viabilidad legal de decisiones y preparar insumos para la gestión ministerial. El contrato también contemplaba análisis de jurisprudencia y de los posibles efectos jurídicos de las medidas evaluadas por el despacho.

La descripción incluía tareas relacionadas con la formulación de decisiones y estrategias de implementación en temas de seguridad, convivencia ciudadana y gobierno, bajo criterios de derecho colombiano y debido proceso.

“Acompañamiento técnico-jurídico especializado”, proporcionando respaldo y solidez institucional mediante la fundamentación en dogmática jurídica y compendios jurisprudenciales, a través de la cual se presente una evaluación integral y sistemática de alto nivel al Despacho del Ministro, en materia de la formulación de decisiones y las estrategias de implementación en relación con asuntos temáticos y conexos que sean competencia de la Dirección de Seguridad, Convivencia Ciudadana y Gobierno,mediante el examen sustantivo de viabilidad legal y de los efectos jurídicos de la implementación de una posible decisión bajo una configuración de acción sin daño”.

Esto, “se hace extensible a materias del Sector Interior a través de la proyección de conceptos en derecho administrativo y la estructuración de insumos jurídicos vinculados a la gestión ministerial, garantizando una integración dogmática de decisiones estratégicas orientada en criterios configurados bajo el rigor normativo de la aplicación del Sistema de Fuentes del Derecho Colombiano y el Debido Proceso y en los asuntos sectoriales de la Seguridad, la Convivencia Ciudadana y el Gobierno que sean competencia del Despacho, solidez institucional”.

Altus Baquero y sus decisiones sobre la investigacion a Petro

El exmagistrado Altus Baquero votó a favor de investigar la campaña del presidente Gustavo Petro por presuntas irregularidades en su financiación, pero rechazó que los cargos se extendieran al mandatario. En un documento de cinco páginas, sostuvo que la supuesta superación de topes fue de más de $29.000.000.000, y no de más de $30.000.000.000 como planteó el Consejo Nacional Electoral (CNE).

En el caso de la campaña presidencial, coincidió con Petro en que los testigos electorales no deben contabilizarse como gastos de campaña y que el alquiler del Movistar Arena tampoco debía incluirse. También consideró que no existen pruebas suficientes para incorporar al proceso el préstamo de la Unión Sindical Obrera (USO).

Baquero también apoyó la ponencia que permitía al senador Iván Cepeda participar en la consulta interpartidista del 8 de marzo de 2026. La iniciativa buscaba habilitar su participación en la consulta del “Frente por la Vida”, promovida por sectores de izquierda para las elecciones presidenciales.

La discusión se relacionaba con una posible inhabilidad de Cepeda por haber participado antes en una consulta del Pacto Histórico. La norma impide que un candidato participe en más de una consulta interpartidista, aunque todavía se debate si el mecanismo anterior fue partidista o interpartidista.

Antes de la votación, tres de los nueve magistrados respaldaban la participación de Cepeda: Fabiola Márquez, Álvaro Echeverry y Alba Lucía Velásquez. Con el voto de Baquero, la ponencia sumó cuatro apoyos, frente a cinco votos en contra.