
El Gobierno del presidente Abelardo de la Espriella busca reorganizar la cooperación internacional que recibe Colombia para concentrarla en territorios que hayan sido afectados tanto por el conflicto armado como por el terremoto del pasado 10 de agosto.
La propuesta fue explicada por el canciller Omar Bula, quien aseguró que la nueva administración mantendrá los compromisos jurídicos e internacionales adquiridos por el Estado colombiano, incluido el acuerdo de paz de 2016, pero quiere orientar parte de la cooperación hacia prioridades distintas.
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De acuerdo con la información publicada por Blu Radio, el próximo 12 de noviembre el Gobierno participará por primera vez en la presentación trimestral ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas sobre la implementación del acuerdo de paz.
Bula ha señalado que Colombia buscará “remoldear” la implementación en función de las prioridades fijadas por el presidente De la Espriella, aunque aclaró que eso no implica desconocer obligaciones vigentes.
“El cambio de Gobierno no implica desconocer los compromisos que el Estado colombiano ha ido adquiriendo, ni las normas que se encuentran vigentes, que es el caso del acuerdo del 2016”, afirmó.
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Gobierno quiere priorizar territorios con doble afectación
Uno de los instrumentos mencionados por el canciller es el Fondo Multidonante de Naciones Unidas, que articula al Gobierno, el sistema de la ONU y países cooperantes para financiar iniciativas relacionadas con construcción de paz.
Desde ese mecanismo se han destinado recursos a temas como justicia transicional, atención a víctimas, reforma rural, reincorporación y desarrollo territorial.
Bula reconoció la importancia de este fondo y aseguró que el Gobierno pretende seguir trabajando con los países donantes.
Sin embargo, planteó que una parte de los proyectos futuros se concentre en territorios que reúnan varias condiciones simultáneamente.
Según explicó, la idea es priorizar proyectos en zonas con afectación histórica por el conflicto, necesidades compatibles con los objetivos del fondo y daños significativos ocasionados por el terremoto.
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“Priorizar aquellos territorios y proyectos en estos territorios que coincidan con tres condiciones: que tengan una afectación histórica por el conflicto, con necesidades compatibles con los objetivos del fondo y un daño significativo ocasionado por el terremoto”, señaló.
El objetivo, según Cancillería, sería utilizar estos recursos para fortalecer la presencia institucional, generar oportunidades económicas y apoyar la recuperación territorial de comunidades afectadas por ambas situaciones.
Proyectos serán sometidos a revisión
Bula aseguró que el Gobierno analizará de forma rigurosa las propuestas que se presenten dentro de la cooperación internacional.
La revisión se realizará, según dijo, junto con Naciones Unidas, organizaciones de la sociedad civil y las propias comunidades.
“Cada proyecto será examinado rigurosamente en cuanto a sus objetivos, su impacto territorial, sus resultados deben ser verificables”, indicó.
El canciller agregó que la administración preservará aquellos programas que estén funcionando, revisará los que considere necesario ajustar y buscará orientar la cooperación hacia áreas como seguridad, institucionalidad, recuperación territorial y generación de oportunidades.
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Bula también señaló que actualmente existen cinco grandes áreas en las que se concentra la asistencia multilateral y las donaciones, recursos que posteriormente pueden ser complementados por el sector privado.
Entre esas líneas mencionó el desarrollo territorial, la atención a víctimas, la reincorporación y los mecanismos de seguimiento a las iniciativas relacionadas con paz y estabilización.
El planteamiento del Gobierno busca que estas herramientas también puedan beneficiar a comunidades afectadas por el terremoto, siempre que los proyectos encajen dentro de los objetivos de los instrumentos de cooperación.
La propuesta no implica, según el canciller, desmontar los mecanismos existentes ni abandonar los compromisos de implementación del acuerdo de paz.
Lo que pretende la administración es introducir un criterio adicional de priorización territorial para que parte de los recursos internacionales contribuya también a la recuperación de zonas golpeadas por el sismo.
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La estrategia deberá concretarse en los proyectos que Colombia presente ante los cooperantes y en las discusiones con Naciones Unidas y los países que participan en estos fondos.
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