Fuerza pública propinó duro golpe a la minería ilegal en los ríos Nechí y Cauca: destruyeron 25 dragas y maquinaria por $73.000 millones

En una operación conjunta entre la Armada de Colombia y el Ejército Nacional, coordinada con la Policía Nacional, las autoridades ubicaron y destruyeron infraestructura empleada para actividades de minería ilegal en el Bajo Cauca antioqueño.

La acción hace parte de la ofensiva sostenida contra las economías ilícitas que financian a los grupos armados organizados y que generan graves afectaciones ambientales en esta subregión del departamento de Antioquia.

Los procedimientos se concentraron en dos puntos estratégicos sobre afluentes clave de la región. El primero se desarrolló sobre el río Nechí, en el sector de Amaserí, en El Bagre; el segundo tuvo lugar en un tramo del río Cauca, que corresponde a la jurisdicción de Cáceres.

En ambos lugares funcionaban estructuras artesanales e industriales destinadas a la extracción ilícita de minerales, las cuales fueron intervenidas y desmanteladas por las tropas para frenar el daño a los ecosistemas y cortar el flujo de recursos de las organizaciones ilegales.

El componente central de la ofensiva fue la destrucción controlada de 25 Unidades Productoras Mineras (UPM), entre las que había dragas de distintas especificaciones. Estos equipos suelen ser utilizados para remover material de los cauces y procesar sedimentos en busca de minerales.

En los dos puntos intervenidos, la fuerza pública también inutilizó dos retroexcavadoras y 13 motores industriales. La maquinaria encontrada permitía mantener la extracción en sectores fluviales y ampliar la capacidad de procesamiento del material removido.

La Armada indicó en un comunicado oficial que el despliegue conjunto buscó afectar la infraestructura que sostiene esta actividad ilícita en zonas de influencia de los ríos Nechí y Cauca y, en ese sentido, reducir la capacidad operativa de quienes explotan recursos naturales sin los permisos exigidos por la ley, pero no entregó detalles sobre la organización criminal a la que pertenecían los equipos destruidos.

El cálculo institucional sobre las pérdidas para las redes dedicadas a la explotación ilícita supera los $73.000 millones. La estimación incluye el valor de las dragas, las retroexcavadoras, los motores y los insumos que estaban disponibles para el funcionamiento de las unidades mineras.

Además de la maquinaria pesada, las autoridades neutralizaron 3.000 galones de ACPM y 500 galones de gasolina. El combustible estaba destinado a alimentar los motores y los demás sistemas requeridos para sostener la actividad en los dos sectores intervenidos. La cifra divulgada por la Armada refleja el costo de la infraestructura empleada para la extracción ilegal.

La ubicación de las unidades mineras permitió a las autoridades intervenir equipos instalados en zonas vinculadas a los cuerpos de agua. El uso de dragas en estos lugares permite extraer y clasificar material del lecho de los ríos, una práctica que puede generar afectaciones a nivel ambiental.

La explotación ilícita amenaza los ríos, el suelo y la fauna

De acuerdo con la institución naval, la minería ilegal provoca daños ambientales por la alteración de los cuerpos de agua y del suelo. La remoción de tierra y sedimentos modifica las condiciones naturales de los ríos y puede afectar la cobertura vegetal de las áreas cercanas.

Es preciso mencionar que el riesgo también está asociado al manejo de combustibles y lubricantes. El almacenamiento o vertimiento inadecuado de estas sustancias puede contaminar fuentes hídricas y suelos, con consecuencias para la flora, la fauna y las poblaciones que dependen de esos recursos.

Asimismo, la autoridad militar sostuvo que la destrucción de las unidades mineras busca frenar la continuidad de esas prácticas en el Bajo Cauca antioqueño. De igual modo, destacaron que la protección de los recursos naturales forma parte de los objetivos de las operaciones contra las economías ilegales.

“La Armada Nacional continuará desarrollando operaciones conjuntas y coordinadas contra las actividades ilícitas que afectan la seguridad, el medio ambiente y los recursos naturales, con el propósito de contribuir a la protección de las comunidades y del territorio nacional”, concluyó la institución castrense en su comunicado oficial.