Caso Álvaro Uribe: Comisión de Acusaciones de la Cámara pidió a la Corte Constitucional resolver el conflicto de competencias con la Fiscalía

La Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes remitió a la Corte Constitucional los 2.322 folios sobre el conflicto de competencias con la Fiscalía General de la Nación para definir qué ente debe investigar al expresidente Álvaro Uribe por las masacres de El Aro y La Granja, y el homicidio del abogado Jesús María Valle.

El expediente CJU-7957, revelado por La FM, fue asignado al magistrado Jorge Enrique Ibáñez Najar, que prepara la ponencia que deberá analizar la Sala Plena. La decisión determinará si las actuaciones continúan en la justicia ordinaria, bajo el ente acusador, o pasan al fuero de la célula legislativa del Congreso, con los argumentos de ambos entes.

La documentación fue enviada el 23 de septiembre de 2026 por Katherine Pulecio Gómez, secretaria de la Comisión de Investigación y Acusación. El medio en mención informó que la remisión respondió a un auto de pruebas dictado dos días antes por la Corte Constitucional, que pidió que se le relacionaran los documentos del caso.

Estos fueron los documentos remitidos a la Corte Constitucional

El alto tribunal requirió una copia completa del oficio con el cual la Comisión reclamó la competencia, además de la proposición, las decisiones adoptadas, las actas, las constancias de aprobación, los antecedentes y los soportes vinculados al conflicto con la Fiscalía en este proceso, que obligó al exjefe de Estado a presentarse ante la justicia.

El paquete incluyó el acta de la sesión del 19 de agosto, en la que consta la decisión de la Comisión, en un acta que fue aprobada el 26 de agosto. También se remitió la proposición presentada por representantes ante la Comisión, junto con un correo electrónico y sus anexos fechados el 7 de julio de 2026, en relación con este proceso.

El expediente contiene, además, el oficio íntegro con el que se reclamó formalmente la competencia sobre la investigación contra Uribe. La secretaría de la comisión aclaró que entregó los documentos identificados en sus archivos, sin que reposen en su despacho soportes que los autores de la proposición hubieran hecho antes de radicarla.

La investigación por las masacres de El Aro y La Granja y el asesinato de Jesús María Valle

El conflicto se centra en las investigaciones por hechos ocurridos entre 1996 y 1998, cuando Álvaro Uribe Vélez ejercía como gobernador de Antioquia (1995-1997) y el periodo posterior al cargo. La Comisión de Acusación sostuvo que los expedientes deben tramitarse bajo el fuero especial de juzgamiento y, por esa razón, reclamó la competencia.

La Fiscalía rechazó esa solicitud. Su posición es que debe conservar la investigación porque los hechos bajo indagación ocurrieron durante la gobernación de Uribe y no durante su período como presidente; pese a que el Bloque Metro de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), con el que se relaciona a Uribe, fue exterminada en 2003.

En efecto, al ser acusado del delito de concierto para delinquir agravado por la presunta creación del Bloque Metro de la AUC, este punible constituye una conducta permanente, puesto que su ejecución se prolonga en el tiempo mientras la organización ilegal permanezca activa. Así, la comisión camera se declaró competente en el caso.

Frente a este panorama legal, la Sala Plena de la Corte Constitucional deberá dirimir ese conflicto positivo de competencias en los próximos días, a partir de los soportes remitidos por la Cámara de Representantes y de la ponencia preparada por Ibáñez Najar, en una determinación que definirá el curso que tome la situación jurídica de Uribe.

En este expediente, al expresidente también se le endilgaría la presunta comisión de homicidio agravado en persona protegida, en calidad de posible determinador, ya sea por omisión o por facilitación, en lo que respecta a las mencionadas masacres, al igual que el homicidio de Valle, defensor de derechos humanos, ocurrido en febrero de 1998.