Gobierno de Abelardo de la Espriella ordenó el cierre de la Zona de Ubicación Temporal de excombatienes de las Farc en el Putumayo: Defensoría del Pueblo pidió a juzgado frenar la decisión

El consejero comisionado de paz encargado, Carlos Andrés Ríos, firmó la Resolución 215 que dispuso la salida de los excombatientes de las disidencias de las Farc ubicados en la Zona de Ubicación Temporal (ZUT) de Valle del Guamuez, en Putumayo, entre el 1 y el 2 de octubre. Lo anterior, en medio de las acciones adelantadas por la defensora del Pueblo, Iris Marín, para frenar este trámite.

La medida anunciada por el Ejecutivo, a través del documento que quedó en firme en la noche del martes 29 de septiembre, prevé que los que estén acreditados como desmovilizados de la Coordinadora Nacional del Ejército Bolivariano (Cneb) puedan iniciar o continuar su ruta de reintegración ante la Agencia para la Reincorporación y la Normalización, pero con una serie de condiciones.

Aunque según se conoció, Marín pidió ampliar una medida cautelar que había frenado la terminación de la zona, a través de una acción interpuesta ante el Juzgado Segundo Promiscuo del Circuito de Puerto Asís. Este recurso, en medio del plan para que al menos 62 personas salgan del lugar, advertía una “presunta violación de derechos”.

¿Qué determinó el Gobierno con las Zonas de Ubicación Temporal en Putumayo?

La resolución establece que la salida física comenzará a las 00:00 del jueves 1 de octubre y concluirá a las 00:00 del día siguiente; es decir, el viernes 2 de octubre. Según indicó el Gobierno en su resolución, solo podrán participar las personas que no tengan órdenes de captura ni requerimientos vigentes en los sistemas oficiales de consulta pública.

Así pues, la Consejería Comisionada de Paz deberá entregar al Ministerio de Defensa Nacional un registro individualizado de las personas habilitadas, con la fecha, la fuente y el resultado de las verificaciones hechas en las bases de datos de antecedentes de la Policía Nacional y, del mismo modo, de la Procuraduría General de la Nación.

La comisión humanitaria tendrá la tarea de acompañar la salida “en condiciones de dignidad, seguridad y respeto por los derechos de las personas”. Las entidades participarán como parte de sus competencias y se solicitará el acompañamiento de autoridades autónomas, organismos humanitarios y otras instituciones.

Esta comisión, según aclaró la resolución 215, “no sustituye ni reactiva la Mesa de Diálogos de Paz ni el Mecanismo de Monitoreo y Verificación” previsto en los protocolos derivados de ese proceso. Según se explicó en esta determinación de la consejería, su funcionamiento será exclusivamente humanitario, operativo y temporal.

Con ello, las personas reconocidas como desmovilizadas y acreditadas podrán solicitar, tras abandonar la zona, el inicio o la continuidad de su proceso ante la Agencia para la Reincorporación y la Normalización. La norma fue expedida en cumplimiento de la Resolución Ejecutiva 389 del 9 de septiembre; pese a los reparos sobre la misma.

Defensoría buscó frenar la salida de las ZUT con fuerte advertencia al Gobierno

Frente a esta decisión, la Defensoría del Pueblo advirtió que esta puede contradecir una orden judicial vigente. El 24 de septiembre, el juez Carlos Alexander Coral Cuatín decretó una medida provisional que ordenó suspender transitoriamente los efectos de la Resolución 389, incluidos los relativos a la terminación de la mencionada zona.

“Suspender de manera transitoria los efectos Resolución N° 389 del 09 de septiembre de 2026, esto es, lo atinente a la terminación de la Zona de Ubicación Temporal denominada ‘Zona para la Capacitación Integral y Ubicación Temporal de Valle del Guamuez’”, se leyó en el fallo traído a colación por la defensora Iris Marín Ortiz.

En efecto, Marín sostuvo ante el juzgado que la ejecución de la nueva resolución dejaría sin efecto práctico la protección concedida a las personas en reintegración. A su juicio, la salida física de la zona equivaldría materialmente a su terminación, pese a que el fondo de la acción de tutela todavía no fue resuelto de fondo por la justicia.

“La salida física de la zona, sin las condiciones mínimas de garantía de derechos fundamentales que hemos exigido reiteradamente y a través de distintos medios a las autoridades competentes y demandadas, equivale materialmente a la terminación de la ZUT-ZOCIUT”, señaló la defensora, que dijo haber sido marginada por el Gobierno.

De esta manera, Defensoría indicó en su misiva al juzgado que no fue convocada a integrar la comisión humanitaria ni conoce un plan para coordinarla; por lo que consideró imposible organizar ese acompañamiento en menos de 24 horas, dado que la operación estaba prevista para iniciar en las primeras horas del 1 de octubre.

Y solicitó que el juzgado precise que la suspensión de la Resolución 389 también abarca cualquier actuación administrativa u operativa que busque, de manera directa o indirecta, sacar de la zona a las personas en reintegración, y pidió suspender el artículo segundo de la Resolución 215 para los que ya están cobijados por la medida cautelar.

La entidad reclamó además que el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre) y la Consejería Comisionada de Paz, a cargo de Ríos, garanticen de forma ininterrumpida salud, transporte seguro, protección, comunicación, alimentación y servicios públicos básicos para quienes continúen concentrados en Valle del Guamuez.