Bancada del Pacto Histórico demandará la reforma tributaria de la alcaldía Galán aprobada en el Concejo por “vicios en el trámite”

La bancada del Pacto Histórico en el Concejo de Bogotá anunció que demandará la reforma tributaria aprobada en el cabildo, una vez el alcalde Carlos Fernando Galán sancione el acuerdo.

Los concejales José Cuesta Novoa, Heidy Sánchez y Angelo Schiavenato alegan “vicios en el trámite” y cuestionan varios artículos de la iniciativa.

La iniciativa, llamada Acuerdo por una Ciudad Inteligente, fue presentada por la Administración distrital a través de la Secretaría Distrital de Hacienda. El texto prevé cambios en el impuesto de industria y comercio (ICA), alivios para contribuyentes con obligaciones pendientes, incentivos para inversiones y recursos para modernizar el alumbrado público.

José Cuesta Novoa anunció que acudirá al Tribunal Administrativo de Cundinamarca junto con otros concejales que se opusieron a la propuesta. El cabildante sostuvo que la aprobación en plenaria no pone fin a la controversia política ni a los cuestionamientos jurídicos sobre el acuerdo.

“En el momento en que el señor Carlos Fernando Galán sancione el acuerdo, inmediatamente lo demandaremos ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca”, afirmó Cuesta en un comunicado público.

El concejal cuestionó la distribución de los beneficios planteados en la reforma. “Con esa reforma tributaria solamente ganaron las multinacionales, los bancos y las constructoras, entre ellas Amarilo y Cusezar. Pierden las micro, pequeñas y medianas empresas, pierde la economía popular y, por supuesto, pierden los moradores históricos”, expresó.

Cuesta también criticó la decisión de la mayoría del Concejo que respaldó el proyecto. “Hoy es un día muy triste para los bogotanos. Un Concejo arrodillado a Galán, gracias a una política de acuerdos burocráticos y de enmermelamiento, hoy mayoritariamente votó la reforma tributaria de Galán”, manifestó.

Angelo Schiavenato anticipó una solicitud de nulidad

El concejal Angelo Schiavenato dijo a Semana que solicitará la nulidad del acuerdo después de la sanción del alcalde. Según explicó, la eventual acción se sustentará en tres causales: expedición irregular del acto administrativo, violación de las normas en las que debía fundarse y falsa motivación.

“¿Por qué hay expedición irregular del acto administrativo? Te digo varias cosas, pero por encima. Cortaron la transmisión de YouTube. Acumularon dos proyectos de acuerdo cuando uno de ellos era de un concejal y no tenía competencia para proponer ni exenciones ni aumento de impuestos”, afirmó Schiavenato a Semana.

El cabildante aseguró que se acumularon dos proyectos de acuerdo, incluido uno promovido por un concejal que, según su interpretación, no tenía competencia para proponer modificaciones tributarias. También cuestionó el reparto de las ponencias y el paso de las dos iniciativas por la Comisión de Hacienda.

“Pese a que habían acumulado los dos proyectos, ese mismo día repartieron las ponencias sin manifestarse sobre el otro proyecto de acuerdo del otro concejal”, declaró. Los argumentos expuestos corresponden a la posición de Schiavenato. Hasta ahora no hay una decisión judicial sobre la validez del trámite.

Heidy Sánchez cuestionó votaciones y artículos de la reforma

La concejal Heidy Sánchez informó a Caracol Radio que prepara una demanda integral contra el acuerdo. Señaló que durante los debates de comisión y plenaria ocurrieron presuntas irregularidades relacionadas con la votación de proposiciones y artículos.

“Una vez la administración rechazaba una proposición, ni siquiera se sometía a votación”, afirmó Sánchez a Caracol Radio. La concejal indicó que varios artículos se aprobaron en bloque pese a que tenían proposiciones supresivas, sustitutivas y aditivas.

Sánchez afirmó que presentó una solicitud para devolver el proyecto y corregir esos asuntos, aunque la plenaria no la acogió. Además, cuestionó el artículo 41, relacionado con el pago de plusvalía.

“Crea una suerte de nuevo tributo. No tiene en cuenta el avalúo comercial para el pago de plusvalías, sino que toma el avalúo catastral y hace voluntario el pago de plusvalía”, dijo en la entrevista radial.

La concejal también objetó el artículo cinco, sobre arrendamiento especializado y exenciones tributarias para edificios de hasta 50 unidades habitacionales destinados por completo al arriendo. A su juicio, la exposición de motivos no justificó de forma suficiente esa medida.

La Secretaría Distrital de Hacienda proyecta que el acuerdo permitiría recaudar cerca de $ 1,08 billones adicionales al año. También calcula que los incentivos incluidos podrían atraer $ 78,3 billones en inversión privada y generar 215.000 empleos durante los próximos 10 años.

El texto aprobado reduce la tarifa del ICA para 275 actividades económicas y la aumenta para 169. Además, el esquema pasaría de 13 a nueve tarifas. Sánchez respaldó gravar al sector bancario, pero expresó reparos frente a “otras actividades”, un grupo que, según dijo a Caracol Radio, reúne cerca de 118 actividades y más de 57 mil micro, pequeñas y medianas empresas.

El acuerdo pasará ahora a sanción y publicación por parte de Galán. Varias medidas entrarían en vigencia el 1.º de enero de 2027. Una eventual demanda no suspende automáticamente sus efectos: cualquier medida de ese tipo dependerá de una decisión de la jurisdicción administrativa.