Contratista de la megacárcel Renacer explicó por qué no la han entregado tras cuatro años de retraso: cambios en los planos, atentados y falta de resursos

La cárcel Renacer sigue siendo protagonista tras las orden del presidente Abelardo de la Espriella de aplicar el acelerador a la obra y ponerla a funcionar lo antes posibles. Sin embargo, el centro penitenciario acumula 49 meses de retraso, además de una millonaria adición presupuestal.

El complejo de máxima seguridad se levanta en el municipio de Sabanas de San Ángel, Magdalena, y su entrada en funcionamiento quedó aplazada hasta el primer semestre de 2027, según el vocero de las firmas contratistas.

El proyecto tendrá 1.974 cupos y forma parte de la estrategia anunciada por el Gobierno contra las estructuras criminales. La Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (Uspec) informó que las obras alcanzan el 88% de ejecución, aunque la apertura estaba prevista para 2022.

La cárcel Renacer fue contratada para ampliar la capacidad penitenciaria en Magdalena, pero la obra se demoró por ajustes a diseños, trámites de agua y permisos ambientales, una consulta previa, problemas de recursos, amenazas contra trabajadores y daños en la vía de acceso. El consorcio responsable sostiene que esas circunstancias impidieron cumplir el cronograma inicial y que no le son atribuibles.

Según información conocida por El Tiempo, la Uspec adjudicó el contrato el 20 de diciembre de 2019 al Consorcio Fundación 2020. El acuerdo tenía un valor inicial de 183.630 millones de pesos y contemplaba la entrega del establecimiento en septiembre de 2022.

El consorcio reúne a Construcción Con-Unión Ltda., con el 50% de participación; Meyan S.A., con el 20%; AMR Construcciones S.A.S., con el 15%, y Constructora Amco, con el 15%.

Documentos de octubre de 2025 que la Uspec remitió a la Corte Constitucional indican que el costo de la obra aumentó 57,6% mediante tres adiciones contractuales sucesivas. El oficio señaló que esos incrementos carecían de especificación técnica y financiera documentada.

El expediente también planteó la necesidad de asignar 43.000 millones adicionales para completar la dotación e integrar el penal a la operación penitenciaria. Esos recursos aún no tenían apropiación efectiva y figuraban en el anteproyecto presupuestal de 2026.

Alfredo José Esteban Muñoz Rodríguez, representante legal del Consorcio Fundación 2020, dijo a El Tiempo que las adiciones respondieron a exigencias posteriores al contrato.

“Nos estaban pidiendo la construcción de dos espacios destinados a talleres de resocialización”, explicó sobre dos áreas que, según afirmó, no hacían parte del diseño inicial.

El representante agregó ante el diario que la nueva solicitud presupuestal busca financiar la dotación de los espacios penitenciarios. “Esa adición no ha sido aprobada, está en trámite”, afirmó.

La obra no registra multas pese a los incumplimientos del cronograma

A pesar de acumular casi 50 meses de retraso, no hay multas contra el contratista, mientras los documentos oficiales y los informes de control describen problemas de planeación y financiación.

Muñoz Rodríguez sostuvo que, desde el inicio de la ejecución en 2020, el consorcio tuvo que modificar los estudios y diseños entregados por la Uspec. También indicó que debieron asegurar el acceso al agua, gestionar permisos ambientales y adelantar una consulta previa con comunidades indígenas de la zona.

“Garantizar todos esos trámites tomó tiempo”, manifestó el representante legal. El vocero aseguró que esas falencias estaban relacionadas con las condiciones iniciales del proyecto y no con actuaciones de las empresas encargadas de construir el centro de reclusión.

El contratista señaló que la pandemia también afectó el desarrollo de las actividades. Luego, aseguró que durante el gobierno de Gustavo Petro comenzaron dificultades en el flujo de caja porque no llegaban los desembolsos mensuales previstos para ejecutar el contrato.

“El Presidente de ese momento dijo que no había ni un peso para cárceles y empezamos a tener problemas de caja, no nos entraban los desembolsos que se tenían que hacer mensualmente para ejecutar el contrato”, señaló el representante a El Tiempo.

La obra tuvo varias suspensiones, incluida una en septiembre de 2023. Un informe de la Defensoría del Pueblo remitido a la Corte Constitucional registró que una de ellas estuvo vinculada a un atentado terrorista atribuido al Clan del Golfo contra trabajadores de la construcción y de la interventoría.

El representante del Consorcio Fundación 2020 afirmó que solicitaron detener el contrato por la falta de recursos. A esa situación sumó las intimidaciones contra el personal y el deterioro de la vía entre el terreno de la cárcel y la Ruta del Sol por causa de las lluvias.

“La Uspec accedió a la solicitud”, dijo Muñoz Rodríguez. Según su relato, el alto en las obras se produjo cuando el avance era del 28% y se extendió durante unos 14 meses.

La Contraloría Delegada para el sector Justicia identificó en una auditoría de cumplimiento de 2025 debilidades sustanciales en la planeación integral. El informe citó cronogramas incumplidos y una subestimación de costos.

Los documentos revisados por la Corte Constitucional también señalaron que las entidades responsables no anticiparon los riesgos de seguridad, la disponibilidad de recursos ni las licencias ambientales. Esos factores se materializaron durante la ejecución y afectaron el desarrollo de la construcción.

La Corte cuestionó que la Uspec constituyera el rezago de 2024 bajo la modalidad de “valor líquido cero”. También advirtió que no se acreditaron correctivos para resolver la falta de coordinación presupuestal con el Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

Para el alto tribunal, la falta de recursos destinados a completar la dotación y la operación del penal se convirtió en un obstáculo constitucionalmente inadmisible. Muñoz Rodríguez consideró que el pronunciamiento ayudó a impulsar los desembolsos requeridos.