Denuncian a la fiscal Luz Adriana Camargo por presunta omisión en caso Ungrd: cuestionan falta de actuación tras chats que involucran a magistrado de la Corte

El activista judicial Yeferson Daniel Páez Mancera presentó ante la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes una denuncia penal contra la fiscal General de la Nación, Luz Adriana Camargo, por los presuntos delitos de prevaricato por omisión, abuso de autoridad por omisión de denuncia y favorecimiento.

La acción, radicada el 29 de septiembre de 2026 y a la que tuvo acceso Infobae Colombia, solicita que se abra una investigación preliminar para establecer las circunstancias en las que la Fiscalía conoció y manejó una serie de conversaciones relacionadas con el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd).

De acuerdo con el documento, la denuncia tiene como uno de sus principales fundamentos las publicaciones de la revista Cambio de septiembre de 2026, en las que se reconstruyeron conversaciones extraídas de los teléfonos de Olmedo López y Sneyder Pinilla, quienes fueron director y subdirector de la Ungrd, respectivamente. Según el escrito, esas extracciones fueron realizadas por la Fiscalía dentro de las investigaciones que se adelantaban por los hechos de corrupción relacionados con la entidad.

La denuncia señala que la fiscal delegada para el caso de la Ungrd, María Cristina Patiño, explicó a Cambio que la extracción de información se realizó de manera controlada y a partir de una matriz de colaboración que incluía 27 nombres.

El documento sostiene que, dentro del material obtenido, se encontraban conversaciones correspondientes al 9 de enero de 2024 entre varias personas, entre ellas López, Pinilla, un conductor de la Ungrd, la pareja de Pinilla, el magistrado de la Corte Constitucional Vladimir Fernández y la abogada Irma Solangel Torres, actualmente conjuez de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial.

Los chats que sustentan la denuncia

Según la reconstrucción citada en la denuncia, a las 2:27 p. m. del 9 de enero de 2024, Sneyder Pinilla le escribió a su pareja que tenía que “entregar” y posteriormente envió el signo “$”. Horas después, a las 5:35 p. m., Olmedo López le pidió a Vladimir Fernández que le recordara el número del apartamento. Entre las 5:47 y las 5:48 p. m., Fernández respondió con la ubicación: primer piso, “la señora Sol”, torre 2, apartamento 112. López habría reenviado posteriormente esos datos a Pinilla desde dos líneas telefónicas distintas.

El documento afirma que el inmueble señalado pertenecía a la abogada Irma Solangel Torres y que, de acuerdo con la reconstrucción periodística, una entrega de dinero se habría producido entre las 5:50 p. m. y las 5:59 p. m.

La denuncia también cita una publicación de Infobae Colombia del 13 de septiembre de 2026, titulada “El magistrado Vladimir Fernández habría ‘cuadrado’ supuesta entrega de dineros con Olmedo López en el caso Ungrd: Fiscalía omitió pruebas en su contra”, en la que se indicó que el último mensaje de esa cadena de conversaciones salió de una línea distinta a la del magistrado.

La denuncia recoge además que, según Cambio, Fernández inicialmente desconoció las comunicaciones y posteriormente manifestó que había recomendado a Olmedo López los servicios profesionales de Irma Solangel Torres. El escrito también señala que la investigación periodística estableció la existencia de un historial de conversaciones entre López y Fernández que se extendía desde enero de 2023 hasta febrero de 2024. De acuerdo con lo publicado, en esos intercambios aparecían nombres, datos, reuniones y documentos que podrían estar relacionados con hechos del escándalo de la Ungrd.

Uno de los puntos centrales de la denuncia es que, según la información citada, ese material ya se encontraba dentro del expediente y estaba a disposición de la Fiscalía General de la Nación. El documento sostiene que, pese a ello, el ente investigador no abrió una indagación ni compulsó copias contra Fernández.

El documento también cita una entrevista concedida por Luz Adriana Camargo a El Espectador el 24 de septiembre de 2025. Según la denuncia, la fiscal general calificó entonces las comunicaciones reveladas como “descontextualizadas” y manifestó que no encontraba elementos suficientes para compulsar copias a la Comisión de Acusaciones por el caso relacionado con Vladimir Fernández.

Los argumentos jurídicos planteados

La denuncia cuestiona además la explicación atribuida a la Fiscalía sobre las condiciones de la extracción controlada de las comunicaciones. Según el documento, la Fiscalía habría sostenido que esas condiciones limitaban el uso de contenidos que no estuvieran incluidos dentro del acuerdo de colaboración. El denunciante controvierte esa posición y afirma que, durante la negociación, el ente investigador tenía control sobre las condiciones del procedimiento.

El escrito sostiene que, en el marco de una negociación o de un principio de oportunidad, no deberían omitirse elementos que pudieran aportar información sobre la eventual participación de un tercero en el delito investigado. En este caso, agrega la denuncia, ese tercero tendría la condición de aforado por ser magistrado, razón por la cual la información debía ser remitida a la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes.

La denuncia también menciona un escrito de acusación presentado por el entonces concejal de Bogotá y actual representante a la Cámara Daniel Briceño, fechado el 17 de julio de 2025. De acuerdo con el documento presentado por Páez, en ese escrito se hizo referencia a una recusación de Sandra Ortiz contra la fiscal general, relacionada con comunicaciones de Ortiz con el entonces presidente del Senado y con Vladimir Fernández. La denuncia afirma que, con base en ese material, Camargo negó a Ortiz el principio de oportunidad.

Otro de los elementos incluidos por Páez se refiere a la participación del magistrado Fernández en el proceso de elección de Camargo como fiscal general. El denunciante sostiene que el togado fue determinante en esa elección y menciona ese antecedente dentro del contexto de los hechos que pide investigar. La propia denuncia aclara que se trata de un aspecto que, según su planteamiento, debe ser considerado para establecer si existieron circunstancias adicionales relacionadas con la actuación de la Fiscalía.

En su calificación jurídica provisional, Páez atribuye a Camargo una posible responsabilidad por tres conductas. La primera es el prevaricato por omisión, bajo el argumento de que la Fiscalía tenía el deber de adelantar las actuaciones correspondientes o compulsar copias cuando existiera una inferencia razonable de participación en una conducta punible. La segunda es el abuso de autoridad por omisión de denuncia, al considerar que la información relacionada con un magistrado aforado debía ser remitida a la autoridad competente. La tercera es el favorecimiento, que el denunciante relaciona con la eventual omisión de actuaciones frente a Fernández.

Como parte de las pruebas documentales, además de los registros periodísticos, Páez pidió que la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes oficie a la Fiscalía para obtener el expediente completo de las investigaciones por los hechos de corrupción de la Ungrd, con el propósito de establecer las actuaciones adelantadas frente a la información relacionada con el magistrado.

En materia testimonial, el denunciante solicitó citar a María Cristina Patiño, fiscal encargada del caso de la Ungrd. El objetivo señalado en la denuncia es que Patiño explique las circunstancias relacionadas con las comunicaciones reveladas por Cambio, la información que llegó a conocimiento del ente investigador y las actuaciones desarrolladas frente a esos elementos.

Páez también pidió que se oficie a la Fiscalía General de la Nación, a la Policía Nacional y a la Dirección de Inteligencia para que aporten las comunicaciones, informes operacionales y registros de inteligencia relacionados con los hechos descritos en la denuncia.

En sus peticiones finales, el denunciante solicitó a la Comisión de Acusaciones iniciar una investigación preliminar, decretar y practicar las pruebas solicitadas y, si encuentra mérito probatorio suficiente, formular el pliego de cargos correspondiente ante el Senado de la República, de acuerdo con el procedimiento previsto en la Constitución.