
Los 11 integrantes de la banda Los Pinchallantas —que el 9 de septiembre de 2026 cayeron en las manos de las autoridades— fueron judicializados, según confirmó la Fiscalía General de la Nación.
El ente investigador informó que los capturados serán enviados a prisión por su presunta participación, de manera coordinada, en la instalación de artefactos para dañar vehículos y luego cometer secuestros y/o robos en la vía Mondoñedo, en el corredor que conecta a Bogotá, Soacha y La Mesa.
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La institución también confirmó la imputación de los procesados por los delitos de concierto para delinquir agravado, secuestro extorsivo agravado, hurto calificado y agravado, y conductas relacionadas con armas de fuego. Los 11 investigados no aceptaron los cargos.
Las autoridades atribuyen a esta estructura delincuencial al menos 9 hechos con 21 víctimas y pérdidas cercanas a $750 millones, según los datos que suministró el gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, el 9 de septiembre, tras los operativos que resultaron en las detenciones.

Los investigados instalaban objetos para dañar los neumáticos cerca del peaje
De acuerdo con la información emitida desde la Gobernación de Cundinamarca, los presuntos integrantes de la banda dejaban elementos en sectores de poca iluminación y baja circulación vehicular, en especial cerca del peaje de Mondoñedo, con el fin de afectar las llantas de los automotores.
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Cuando los conductores o pasajeros descendían o detenían la marcha por el daño en los neumáticos, los delincuentes los habrían abordado con armas de fuego. Después los llevaban a zonas apartadas, donde presuntamente los amenazaban de muerte y les quitaban sus pertenencias, indicó el gobernador Rey.
“El momento que aprovechaban para secuestrarlos y robarlos”, dijo. El mandatario departamental aseguró que las víctimas eran obligadas a revelar sus claves bancarias para realizar movimientos financieros.

La estructura usaba datáfonos y transferencias para despojar a las víctimas
Según el gobernador, los procesados empleaban datáfonos para hacer cobros a las víctimas y también las obligaban a efectuar transferencias a cuentas desde las que luego retiraban el dinero.
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“Las obligaban a digitar sus claves bancarias para realizar transacciones y transferencias a cuentas desde las cuales posteriormente retiraban el dinero”, señaló Jorge Emilio Rey.
Durante la operación, las autoridades realizaron 12 allanamientos y capturaron por orden judicial a 11 presuntos integrantes de la estructura. En los procedimientos fueron incautados cuatro datáfonos, una camioneta, un arma traumática, 16 celulares, tubos con punta que habrían sido usados para pinchar los vehículos y zunchos que, al parecer, servían para amarrar a las víctimas.
La investigación fue adelantada por la Fiscalía, el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), la Policía de Cundinamarca y el Grupo de Acción Unificada por la Libertad Personal (Gaula). Las autoridades analizan si algunos de los investigados tienen relación con casos recientes en la Autopista Norte de Bogotá, donde se habría usado una modalidad similar para obligar a los ocupantes de vehículos a detenerse.
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Ataques a conductores también ocurrieron en Usme, sur de Bogotá
Algunos de estos casos también ocurrieron en la vía de acceso a la capital, en la localidad de Usme. El 22 de junio de 2026, tres ciudadanos venezolanos fueron capturados en el sur de Bogotá, señalados de participar en un caso de secuestro y hurto de un vehículo tras ofrecer ayuda a dos personas que tenían una llanta pinchada en el municipio de Chipaque, Cundinamarca.

De acuerdo con la Policía, las víctimas solicitaron asistencia para cambiar el neumático. En ese momento, tres hombres que se movilizaban en motocicletas las habrían retenido contra su voluntad, golpeado y obligado a permanecer dentro de su propia camioneta mientras escapaban.
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Los presuntos responsables también habrían robado las pertenencias de las víctimas y utilizado sus teléfonos celulares para llamar a sus familiares y exigir dinero a cambio de una supuesta liberación.
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