La senadora del Centro Democrático María Clara Posada continúa con sus indagaciones a las finanzas de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), luego de que el Gobierno nacional planteó el recorte presupuestal en cerca de $170.000 millones para 2027.
Debido a que la medida generó descontento en las cabezas del Tribunal de Paz, la congresista adelantó una investigación sobre los gastos en distintos frentes de la institución bandera del Proceso de Paz firmado en 2016.
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Luego de publicar su revisión de los gastos en viajes internacionales el 25 de septiembre de 2026, también se dio a la tarea de examinar los contratos de arrendamiento de la jurisdicción. Tras analizar las cuentas, denunció que la JEP no solo contaría con el conocido edificio de la carrera Séptima con calle 63, sino que habría suscrito una segunda sede tras un crecimiento de su planta de personal.
Con capturas de pantalla de documentos oficiales, la congresista expuso en su cuenta de X la información que confirmaría el contrato de la JEP con el edificio Torre Squadra entre 2017 y 2026, incluidos los primeros acuerdos que suscribió el Fondo Colombia en Paz. A esa cifra, Posada sumó el arriendo de otra sede entre 2024 y 2026.
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“El derroche de la JEP en contratos de arrendamiento no para”, escribió la senadora. “Además de haber contratado el edificio Torre Squadra por $160.005 millones entre 2017-2026, incluyendo los primeros contratos suscritos por el Fondo Colombia en Paz, en 2024 la JEP contrató una segunda sede por $10.730 millones entre 2024-2026”, expresó.
La congresista Posada señaló que la Agencia Nacional Inmobiliaria Virgilio Barco explicó en 2017 que la selección de Torre Squadra, en la capital colombiana, respondía a la necesidad de que la justicia transicional operara desde una única sede.
De acuerdo con su declaración, esa condición llevó a descartar inmuebles de menor valor que exigían distribuir las oficinas en varios edificios: “Pero, en últimas, eso terminó pasando”. De hecho, Posada indicó que la proyección inicial contemplaba una nómina de 1.057 personas. Para 2024, según expuso, la planta de personal llegó a 1.455 cargos, una variación de 398 personas frente a la estimación inicial.
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La funcionaria afirmó que la jurisdicción justificó el arriendo del segundo inmueble con la necesidad de ubicar varios funcionarios: “La JEP argumentó que su planta de personal había crecido a 1.455 personas en 2024, por lo cual debían ubicar los 402 cargos sobrantes de la Unidad de Investigación en otra sede”.
Para la senadora, el crecimiento de la nómina y la apertura de la nueva sede hacen parte de una decisión que, a su juicio, implicó un mayor uso de recursos públicos. “Esta es una dinámica perversa con los recursos públicos: dispararon la nómina para justificar la contratación de una nueva sede”, denunció.
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La congresista del Centro Democrático sostuvo que, si la JEP iba a terminar con sus dependencias en más de una edificación, pudo haberse elegido desde 2017 una alternativa de menor costo.
“Para haber terminado fraccionados, se hubiera podido elegir desde el inicio una sede principal más barata y distribuida en varios edificios, como ocurre con gran parte de las entidades del Estado”, afirmó.
La legisladora también relacionó este asunto con la discusión sobre los recursos de la jurisdicción para la próxima vigencia. “Y aun así tienen el descaro de poner el grito en el cielo por un recorte de $ 170.000 millones para 2027”, escribió.
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En cuanto a los gastos, la senadora dio a conocer el siguiente desglose de gastos en arriendo de sedes —por contratos— desde 2020:
Total de gastos de arriendo en las sedes de la JEP: $170.735 millones
- Contrato 572 de 2020 (Fondo Colombia en Paz): $11.740.
- Contrato JEP 12 de 2018: $8.318.
- Contrato JEP 200 de 2018: $17.770.
- Contrato JEP 495 de 2020: $36.525.
- Contrato JEP 807 de 2022: $85.652.
- Contrato JEP 853 de 2024 (Segunda Sede): $10.730.
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