Contraloría investiga irregularidades en el PAE por $39.139 millones: la alimentación de miles de estudiantes estaría en riesgo

La continuidad del Programa de Alimentación Escolar (PAE) durante 2026 enfrenta alertas en 13 Entidades Territoriales Certificadas (ETC), de acuerdo con la Contraloría General de la República, que advirtió que en varios de estos territorios no se iniciaron procesos contractuales ni se cuenta con recursos suficientes para asegurar la prestación del servicio.

La advertencia se suma a los resultados de las auditorías realizadas por el organismo de control sobre los recursos del PAE ejecutados durante 2025. En total fueron practicadas 32 auditorías de cumplimiento, a partir de las cuales se identificaron 84 hallazgos administrativos.

El balance incluye 71 hallazgos con presunta incidencia disciplinaria, uno con presunta incidencia penal y cinco que fueron remitidos para indagación preliminar. Además, 41 hallazgos presentan presunta incidencia fiscal y comprometen $39.139 millones.

La mayor parte de estas situaciones está relacionada con la ejecución de los contratos. Según los resultados de las auditorías, el 60% de los hallazgos fiscales corresponde a problemas de planeación, manejo de la información, supervisión y control contractual. Otro 30% está asociado con sobrecostos en los pagos realizados a manipuladoras de alimentos y en las raciones entregadas a los estudiantes, y el 10% restante corresponde a mayores valores pagados, según estableció la Contraloría.

Para el organismo de control, estas irregularidades adquieren especial relevancia porque involucran recursos destinados a la alimentación de niños, niñas y adolescentes en las instituciones educativas. La entidad señaló que los problemas encontrados muestran situaciones reiteradas de sobrecostos, deficiencias en la ejecución contractual e incumplimientos.

Contraloría alerta por continuidad del PAE en 13 territorios

La preocupación no se limita a los recursos ya auditados. La Contraloría llamó la atención sobre el estado de los contratos en 13 ETC, donde algunos ya terminaron y otros estaban próximos a finalizar cuando fueron realizadas las auditorías. En esos casos, el organismo no encontró evidencia de procesos contractuales en curso ni de disponibilidad de recursos que permitiera asegurar la prestación del PAE durante 2026.

De acuerdo con la entidad, si no se adelantan oportunamente los procedimientos necesarios y no se garantizan los recursos, miles de estudiantes podrían enfrentar interrupciones en la alimentación escolar. La advertencia se produce, además, en un escenario en el que el país todavía no alcanza la cobertura universal del programa.

La propia Contraloría cuestionó la persistencia de los hallazgos relacionados con el manejo de los recursos, por lo que en su comunicado señaló: “La Contraloría General de la República lamenta las reiteradas situaciones fiscales detectadas en materia de sobrecostos, deficiencias e incumplimientos en el Programa de Alimentación Escolar, ya que comprometen recursos públicos que deberían destinarse a la atención de niños, niñas y adolescentes, especialmente si se tiene en cuenta que aún no se ha alcanzado la cobertura universal del PAE a nivel nacional”.

El organismo recordó que la cobertura del programa tampoco llega a la totalidad de los estudiantes del país. De acuerdo con la información oficial del PAE, para 2026 alcanza el 87%, por lo que cerca de un millón de estudiantes todavía no reciben alimentación escolar en sus instituciones educativas.

La Contraloría mantiene la vigilancia sobre los recursos destinados al programa y sobre las condiciones que deben cumplirse para evitar nuevas afectaciones. Los hallazgos fiscales derivados de las auditorías seguirán los trámites correspondientes, mientras la entidad insiste en la necesidad de garantizar que los recursos destinados al PAE cumplan con su propósito.

La alerta sobre la contratación tiene además un componente temporal. Los contratos que finalizaron o estaban próximos a terminar fueron revisados cuando todavía debía definirse cómo continuaría el servicio. Por ello, la Contraloría centró su llamado en que las entidades responsables adelanten los procesos de contratación y aseguren los recursos antes de que se produzcan interrupciones. La revisión institucional realizada por el organismo busca determinar cómo fueron administrados los recursos públicos y establecer las responsabilidades que correspondan frente a las situaciones identificadas.