
El presidente Abelardo de la Espriella pidió al ministro de Hacienda, Miguel Gómez Martínez, iniciar contactos con el Fondo Monetario Internacional (FMI) ante la situación fiscal del país, que describió como un “saldo en rojo” y una crisis recibida de la administración del expresidente Gustavo Petro.
El anuncio, realizado durante su alocución del 27 de septiembre, generó un nuevo frente de discusión política sobre las finanzas públicas, el manejo de la deuda y las eventuales condiciones de un acuerdo con el organismo multilateral.
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Por un lado, dirigentes del Centro Democrático respaldaron la posibilidad de acudir al Fondo, mientras sectores cercanos al anterior Gobierno alertaron sobre los efectos de un eventual programa de ajuste.
De la Espriella planteó que las conversaciones con el FMI deben buscar una salida a la situación que calificó como una “crisis heredada”.
Tras lo anterior, la exsenadora del Centro Democrático María Fernanda Cabal defendió la decisión anunciada por el presidente y responsabilizó al gobierno de Gustavo Petro por la situación fiscal que enfrenta el país.
Cabal afirmó que la administración anterior incrementó la deuda en condiciones que consideró desfavorables y criticó el manejo de la relación con el FMI. También sostuvo que el país perdió herramientas financieras que podían servir de respaldo frente a un escenario de dificultades fiscales.
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“Hablar con el FMI no es debilidad. Es recoger los escombros de un gobierno que se robó el futuro. Lo grave es que la negociación posiblemente será en condiciones menos favorables”, escribió la exdirigente política.
Para Cabal, la decisión responde a la necesidad de enfrentar las consecuencias de las medidas adoptadas durante el Gobierno anterior.

El senador del Centro Democrático Christian Garcés también respaldó la propuesta y señaló que, durante la discusión del presupuesto en primer debate, identificaron la necesidad de acudir a organizaciones multilaterales.
Según Garcés, el eventual acompañamiento del FMI permitiría modificar la composición de la deuda colombiana. El legislador sostuvo que el país requiere medidas para atender sus obligaciones financieras y reducir la presión sobre las cuentas del Estado.
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“El país necesita una reforma del Estado”, manifestó el senador. A su juicio, esa reforma debería apuntar a disminuir los gastos de funcionamiento de las entidades públicas.
Garcés presentó el respaldo del Fondo como una alternativa para enfrentar lo que definió como una situación financiera “asfixiante”. También indicó que cualquier estrategia debe combinar el manejo de la deuda con cambios en la estructura del gasto estatal.

Daniel Rojas Medellín y Mafe Carrascal cuestionaron pronunciamiento de Abelardo de la Espriella
De otro lado, el exministro de Educación Daniel Rojas Medellín cuestionó el anuncio y sostuvo que una negociación con el FMI podría derivar en un plan de ajuste con consecuencias sociales y económicas.
Rojas afirmó que había advertido sobre esa posibilidad desde la presentación de la ley de presupuesto. “Van a regalar la patria”, expresó al rechazar la decisión del Gobierno de buscar un acercamiento con el organismo multilateral.
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Para sustentar su postura, mencionó casos como Grecia, Argentina, Zambia, Jamaica, Indonesia y Bolivia. El exfuncionario señaló que algunos programas de ajuste aplicados en distintos países estuvieron asociados a recesiones, desempleo y crisis sociales.
En particular, aludió al caso griego, durante la crisis de deuda iniciada en 2010 y a la crisis argentina de 2001 y 2002. Rojas sostuvo que esos antecedentes deben ser tenidos en cuenta antes de avanzar en una negociación que incluya compromisos de política económica.
“Prometieron entregarle el país a extranjeros y lo están cumpliendo. Es triste el destino de Colombia”, aseguró Rojas.

Por último, la representante a la Cámara por el Pacto Histórico, María Fernanda Carrascal, cuestionó la posibilidad de que el Gobierno busque apoyo del Fondo Monetario Internacional (FMI) y advirtió que un eventual acuerdo podría incluir ajustes estructurales y privatizaciones.
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Carrascal afirmó que esos programas pueden afectar la capacidad estatal, el gasto social y los ingresos de los sectores populares.
“Van a feriar el país”, expresó la representante en sus redes sociales. También sostuvo que no existen pruebas de que las condiciones exigidas por el Fondo reduzcan la relación entre deuda y producto interno bruto o impulsen la inversión privada.

Carrascal calificó de “más radical” que el propio FMI al sector político que respalda el eventual acercamiento. “El nivel de arrodillamiento será difícil de creer”, escribió.
La legisladora anticipó que mantendrá su oposición a cualquier negociación que, según su postura, implique cambios en la política económica o la privatización de activos públicos.
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