La Alcaldía de Medellín estableció nuevas estrategias para regular y formalizar la modalidad de domicilios de renta corta usados con fines turísticos, luego de 408 inspecciones realizadas por las autoridades distritales, entre 2024 y 2026, y de los cuales, 105 fueron suspendidas temporalmente por infracciones a la normativa distrital.
De acuerdo con los detalles suministrados por la Secretaría de Turismo y Entretenimiento, el distrito está constantemente realizando operativos el cumplimiento de requisitos legales en los alojamientos de renta corta y prevenir delitos como la explotación sexual comercial de niñas, niños y adolescentes.
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En particular, en Medellín, esta modalidad de vivienda ha alcanzado nuevos niveles de oferta para satisfacer la demanda de estadía turística.
“Según el análisis del Sistema de Inteligencia Turística y Entretenimiento (Site) con datos del Registro Nacional de Turismo (RNT), la vivienda turística tenía 521 prestadores inscritos en 2019 a 8.322 en 2026, frente al alojamiento (hoteles y similares) que pasó de 730 a 863 establecimientos inscritos en el mismo periodo”, comunicó la entidad a través de un comunicado.
Por ende, las medidas restrictivas se impusieron con base en la Ley 1801 de 2016, también conocida como Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana.
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El Distrito combinará controles con asesoría a anfitriones
La secretaria de Turismo y Entretenimiento, Ana María López Acosta, afirmó que el Distrito busca regular el sector sin prohibirlo.
“Medellín le apuesta a un turismo formalizado, responsable y competitivo. No prohibimos la vivienda turística, pero queremos que todos cumplan con la normativa, porque entendemos que este sector es fundamental para la dinámica turística de la ciudad, pero debe operar dentro de la legalidad, con estándares de calidad y con medidas claras para prevenir delitos como la explotación sexual comercial de niñas, niños y adolescentes (Escnna). Por eso, combinamos control, inspección, inteligencia de datos y acompañamiento a los prestadores para que puedan cumplir la formalización”, dijo.
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Por ende, la dependencia indicó que su estrategia consiste en utilizar datos del Site para georreferenciar alojamientos e identificar a prestadores de renta corta mediante el cruce de fuentes oficiales.
En lo corrido de 2026, la Alcaldía informó que ha acompañado a 64 anfitriones en procesos formativos para subsanar requisitos que no hayan cumplido y avanzar en su formalización.
De la misma manera, otros 70 propietarios y administradores recibieron capacitación en protocolos de prevención de la explotación sexual comercial de menores de edad.
El POT busca proteger la vivienda residencial sin prohibir las rentas cortas
Además, la Alcaldía explicó que el Departamento Administrativo de Planeación y la Secretaría de Turismo trabajan en una regulación específica para proteger la vivienda residencial y, al mismo tiempo, permitir la operación de las rentas turísticas bajo las reglas vigentes.
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En 2025, 43 propietarios participaron en capacitaciones sobre sostenibilidad, mientras que 113 operadores recibieron formación sobre regulación, obligaciones fiscales y contables, tecnologías para administrar propiedades, prevención de delitos y prácticas de sostenibilidad.
Esto requiere una modificación del Plan de Ordenamiento Territorial de Medellín (POT) que ya abrió un debate entre la Alcaldía, residentes y plataformas de renta corta por las nuevas reglas para las viviendas turísticas.
El proyecto busca concentrar esa actividad en zonas de alta mixtura y sectores cercanos a estaciones del metro, mientras el gremio advierte que la medida limitaría su operación en gran parte de la ciudad.
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Según informó El Colombiano, representantes de plataformas y prestadores consideran que la propuesta equipararía la vivienda turística con la hotelería y restringiría su funcionamiento en las áreas de baja mixtura, que abarcan el 72% de la ciudad.
Bajo esa interpretación, la actividad quedaría condicionada en el 24,5% de los polígonos clasificados como de mixtura media y tendría mayor flexibilidad en el 3,4% correspondiente a zonas de alta mixtura.
El sector sostiene que las modificaciones afectarían a más de 4.500 familias que reciben ingresos a través de las rentas de corta duración. También cuestiona que la vivienda turística sea tratada como una actividad comercial y no como una práctica civil no comercial, en referencia a la Ley 2068 de 2020, conoció el medio antioqueño.
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